Agresiones de Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán, campaña de despojo

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La minera canadiense Almaden Minerals ha llevado a cabo agresiones diversas en el municipio de Ixtacamaxtitlán, Puebla, lo forma parte de una campaña de criminalización para justificar sus acciones de despojo, denuncian la Red Mexicana de Afectados por la Minería.

Leticia Ánimas

Regeneración, 16 de mayo de 2017, Huauchinango, Puebla.- La agresión de Almaden Minerals contra pobladores de Ixtacamaxtitlán y miembros del Consejo Tiyat Tlalli que se oponen a sus actividades se inscribe en una campaña de difamación, criminalización, estigmatización y amenazas para “concretar sus acciones de despojo” en la Sierra Norte, consideró la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA).

Mediante un comunicado, la REMA explicó que el ataque a las resistencias y a quienes acompañan a estos procesos, además del despojo a los pueblos, son las “otras actividades” que realizan las empresas mineras en la región y en el país.

Las mineras “de capital privado, extranjero y trasnacional en conjunto con los estados en sus tres niveles de gobierno, están decididas a incrementar y diversificar sus acciones relacionadas con el despojo de los bienes naturales, el desplazamiento de la población, la ocupación del territorio y la eliminación de cualquier proceso organizativo que intente resistir y defenderse de forma pacífica, legal y en total ejercicio de sus derechos colectivos”, precisó.

Luego de que el pasado 1 de Mayo empleados de Almaden Minerals incursionaran por la fuerza a terrenos de propiedad privada en Ixtacamaxtitlán, tanto los dueños de los lotes, como sus asesores fueron amenazados y citados a declarar ante el Agente Subalterno del Ministerio Público, situación por la que han denunciado el inicio de acciones de hostigamiento en su contra, además de la violación a sus derechos humanos.

La REMA indicó que la persecución contra los opositores a la minería, se realiza desde diferentes frentes, por ejemplo: “utilizando empleados de la empresa canadiense Almaden como sucedió en Ixtacamatitlán, Puebla; o como lo hicieron a través de la autoridad municipal e instancia federales y la misma empresa Fortuna Silver Mines en San José del Progreso Oaxaca; o con golpeadores, soldados y policías auspiciados por la empresa Excellon Resources quienes desplazaron de su campamento a las y los ejidatarios de La Sierrita, Durango; o como hace apenas unos días le pasó a las y los integrantes del Frente Popular en Defensa del Soconusco en Acacoyagua Chiapas, cuando el presidente municipal solicitó la presencia de la policía estatal y del ejército con lo que mandó un mensaje claro de apoyo a la empresa minera El Puntal S.A de C. V”.

Precisó que de la misma forma ocurrió con “la organización Bios Iguana y el Consejo Indígena por la Defensa del Territorio de Zacualpan en Colima, quienes al defenderse de la empresa Gabfer S.A. de C.V, recibieron la presión de todo el aparato estatal que actuó en su contra. Esto también pasa constantemente en Guerrero, en Zacatecas, en San Luís Potosí, al igual que en otras partes de Latinoamérica como recientemente ocurrió en Perú, cuando la empresa Hudbay haciendo gala del control que ya tiene sobre el estado, mandató a la policía del Perú para retener e investigar la actuación de los compañeros de Miningwatch y el documentalista John Dougherty, perseguidos por proporcionar información sobre los desmanes que esta fatídica empresa ha ocasionado en varios países incluyendo el propio Canadá”.

En todos estos casos, añadió, hay un patrón de conducta en el que se alinean medios de información, empresas, instancias del estado y diversos grupos armados legales e ilegales quienes buscan intimidar y estigmatizar la defensa del territorio contra la minería.

La REMA se solidarizó con los pobladores de la Sierra Norte y con las organizaciones Tiyat Tlalli y FUNDAr a las que consideró han sido víctimas de las campañas difamatorias y amenazas “simplemente por actuar en defensa de los derechos colectivos, respeto de la ley y de forma abierta y transparente, mientras las empresas, los estados y sus grupos de choque actúan en la opacidad, la cobardía y el uso de la fuerza y la intimidación”.

La organización denunció que ante esta situación el gobierno ha sido omiso y lo hizo responsable de cualquier afectación física, psicológica y patrimonial a los defensores del territorio.

 

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