Los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que asesorarán en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, emitirán sus recomendaciones en un plazo de tres meses, dijo este lunes un alto diplomático mexicano.
“En los tres meses primeros ya tendrán que estar emitiendo sus recomendaciones”, señaló Emilio Rabasa, embajador mexicano ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
“Éstas serán tomadas por el Estado para fortalecer sus capacidades institucionales, para enfrentar el delito de desaparición forzada”, añadió.
El equipo de expertos tendrá un mandato de seis meses, que puede ser renovable en acuerdo entre la CIDH -un ente autónomo de la OEA-, el Estado mexicano y las organizaciones civiles que representan a los familiares de los jóvenes desaparecidos, señaló Rabasa.
El acuerdo de asistencia será oficializado este martes en una ceremonia en México a la que asistirá el secretario ejecutivo de la CIDH, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
Luego se formará el grupo con una decena de expertos encargados ayudar en la búsqueda de los estudiantes, determinar a los responsables y ayudar a las víctimas y sus familiares, según Rabasa.
Con el acuerdo con la CIDH se busca “no escatimar esfuerzo alguno” y permitirá demostrar “transparencia en el proceso” de investigación de la probable masacre, que ha desatado violentas protestas y la peor crisis del gobierno de Enrique Peña Nieto desde que asumió el poder a fines de 2012, dijo el diplomático.
La noche del 26 de septiembre, decenas de estudiantes fueron víctimas de ataques de policías en Iguala (Guerrero, sur), que dejaron seis muertos. Se presume que los agentes entregaron a 43 de ellos a sicarios del cártel local Guerreros Unidos, que los habría hecho desaparecer.
Según la fiscalía mexicana, tres supuestos sicarios detenidos confesaron haber asesinado e incinerado los cuerpos de los jóvenes en un basurero de Cocula, vecina a Iguala, y que después metieron los restos en bolsas de basura y los arrojaron a un río.
La asistencia técnica de la CIDH para casos específicos sólo tiene dos precedentes en América Latina: una en el caso de la dirigente ecologista y de derechos civiles, la indígena Digna Ochoa, asesinada en 2001 en México, y la otra en el atentado en Argentina contra la organización israelita AMIA, en 1994.
(AFP)