* La intención es despojar a los pueblos de su gestión autónoma del agua, advierte ONG.
Regeneración, 10 de junio de 2015. (Sididh) Con la intención de “regular las costumbres” de pueblos y comunidades del Estado de México que cuentan con sistemas independientes de autoabasto de agua, eliminando la real participación ciudadana en la gestión y administración para la prestación del servicio, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley del Agua para el Estado de México, denunció el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero”.
En la iniciativa, presentada por el diputado Amador Monroy Estrada, se señala que “la administración autónoma del agua potable ha permitido y fomentado la gestación de prácticas caducas”. Para el Zeferino Ladrillero, lo que está detrás de estas palabras es que “habría que entregar a los Ayuntamientos la administración y operación del agua potable relegando a los comités ciudadanos de agua a sólo a tener facultades consultivas y de opinión, aunque si fuere necesario, los miembros del comité podrán ser removidos por el propio ayuntamiento en cualquier momento”, advirtió.
“La ‘municipalización’ del agua a la que aspiran desde hace años los políticos mexiquenses ha generado graves conflictos sociales en pueblos como Tecámac y Coyotepec trayendo como resultado delicadas violaciones a derechos humanos; hoy a pesar de ello, a través del poder legislativo se pretende legitimar el despojo del agua al cual las poblaciones se han opuesto enérgicamente dada la denuncia pública de que el trasfondo de la municipalización es entregar legalmente el agua a poderosas empresas, sobre todo a las inmobiliarias”, valoró el Centro.
A inicios de marzo de 2015, la incursión de un grupo priista de choque y cien granaderos que pretendieron despojar a los habitantes de San Francisco Magú de la administración de agua potable y de la delegación, regida por usos y costumbres, dejó un saldo de lesiones graves al delegado indígena de la comunidad y a la presidente suplente del Consejo de Participación Ciudadana, agresiones sexuales contra las mujeres y robo de recursos y documentos de la comunidad.
A finales de marzo de este año, José Ignacio Cervantes Ángeles, uno de los integrantes de la Administración del Agua Potable Autónoma que los pobladores de Coyotepec —municipio ubicado en el norte del Estado de México— mantienen para defenderse de los intentos de municipalización, fue encontrado asesinado en uno de los depósitos de agua potable de la comunidad, con heridas provocadas por arma blanca.
En un boletín de prensa firmado por el coordinador del Centro, José Antonio Lara Duque, se señaló que las y los defensores de derechos humanos “nos manifestamos preocupados y atentos ante esta nueva embestida en la cerrazón de despojar a los pueblos indígenas, originarios y campesinos de su legítima administración de su agua potable. En la gran mayoría de los casos han sido los ciudadanos quienes sin ningún apoyo gubernamental han construido sus propios sistemas de abasto del agua, es de esperarse que ante este empecinamiento gubernamental la conflictividad social en el estado de México se incrementará de manera exponencial”.
Fuente: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.