Xalapa, Ver. El grupo de abogados que defiende a siete de los 11 detenidos el pasado 20 de noviembre en el zócalo de la ciudad de México, en la manifestación por la aparición de los normalistas de Ayotzinapa, sostuvo que “son muy vagos los elementos” para configurar los delitos de motín, asociación delictuosa y tentativa de homicidio, presentados por las autoridades en el expediente de los consignados.
En conferencia de prensa en Xalapa, Alberto Muñoz López, abogado de los acusados, dijo respecto al delito de motín enderezado contra las 11 personas detenidas que si bien éstas confirman haber “participado en la manifestación, pero no en los hechos violentos que ocurrieron”.
En relación con la tentativa de homicidio, Mariana Gil Bartomeu, de la Defensoría de los Derechos de la Infancia, señaló que “esta acusación se sustenta por un policía que narra que supuestamente reconoce a estas 11 personas a través de fotografías; se habla de que pertenecen a grupos anarquistas a partir de un informe elaborado en 2011, donde se plantea la existencia de dichos grupos, pero en ningún momento se vincula que los detenidos pertenezcan a ellos.
“Las acusaciones contra los detenidos son muy vagas; se les imputa con el momento de los hechos que narran (los policías), pero no hay nada que los vincule”.
Los abogados detallaron que en el expediente de la causa penal se les incrimina de “asociación delictuosa”, porque supuestamente “se conocían por llamarse entre ellos ‘compa’ o ‘compañero’”. La defensa insiste en que los detenidos no se conocen entre sí.
Muñoz López dijo que las personas fueron consignadas “con base en los reportes de cinco policías que supuestamente realizaron la detención; un informe de la autoridad sobre grupos anarquistas, elaborado en 2011; un informe de la policía preventiva con nombres que no son de los detenidos, y las supuestas confesiones de los detenidos de haber participado en la marcha, aunque ninguno confiesa participar en las agresiones”.
Sobre el último punto, los abogados destacaron que hay tres personas que se reservaron su derecho constitucional a declarar “y, en un hecho muy grave, esa decisión la considera el Ministerio Público como que (los detenidos) están asumiendo la responsabilidad” que se les imputa.