De nueva cuenta niegan prisión domiciliaria a Elba Esther Gordillo

Un magistrado resolvió no conceder el beneficio a Gordillo, acusada de delincuencia organizada, ante el riesgo de que pueda huir.

Regeneración, 16 de julio de 2017.- De nueva cuenta, a Elba Esther Gordillo, exlideresa del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), le fue negada la prisión domiciliaria luego de que el magistrado que analiza el caso determinó que existe el riesgo de fuga.

El magistrado Miguel Ángel Aguilar resolvió no conceder el beneficio a Gordillo, acusada de delincuencia organizada, ante el riesgo de que pueda huir e indicó que al negarle la prisión domiciliaria no se atenta contra sus garantías porque cuenta con todas las atenciones en el Hospital María José Roma, donde actualmente se encuentra.

Aunque, el resolutivo aún no es definitivo pues deberá ser ratificado por el Tercer Tribunal Unitario Penal la próxima semana.

El pasado 13 de julio, Gordillo Morales obtuvo un nuevo amparo del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito con sede en la Ciudad de México a fin de que la autoridad responsable decidiera si le concedía o no el beneficio de prisión domiciliaria.

Desde febrero de 2013, la exdirigente del SNTE está presa. Fue detenida en el Aeropuerto Internacional de Toluca, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, por los manejos del dinero del Sindicato.

Y, desde 2015 se encuentra en un hospital de la colonia Roma, donde es atendida por sus padecimientos. En este año, la exdirigente del SNTE está buscando la prisión domiciliaria.

Cabe recordar que, en noviembre del 2016, la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la petición de atraer un amparo en donde los abogados de Gordillo Morales pidieron que su condena la concluyera en su domicilio.

La maestra todavía tiene pendiente un proceso penal por operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero que superan los 2 mil millones de pesos) y delincuencia organizada que le imputa la PGR ya que el monto supuestamente fue desviado de las cuotas que pagan los docentes a su organización gremial.

Con información de Proceso