Protestas vs #LeyBala desbordan la red

Condena unánime vs gobernador Moreno Valle. Se contradicen los diputados, se echan para atrás; dicen que se corrigió la ley y que se prohibió el uso de armas de fuego contra manifestantes. Nadie sabe cómo quedó la ley

 Ley bala

  

Regeneración, 22 de mayo de 2014. En medio de una condena nacional por aprobar en una ley el uso de armas de fuego para disolver manifestaciones públicas, los diputados del Congreso poblano recularon en la defensa de esa disposición dos días después de validarla en el pleno y aseguraron que corrigieron a tiempo el proyecto original para impedir que la fuerza letal se active contra manifestantes.

En los últimos días ha crecido la polémica por la llamada #LeyBala, las redes sociales hicieron eco del descontento social ante la posibilidad del uso de armas de fuego por parte de policías para dispersar manifestaciones. Fue una auténtica “paliza tuitera y feisbuquera al gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle”, reseñó la Jornada de Oriente.

En Twitter, circularon miles de mensajes rechazando la ley propuesta por el gobernador poblano: “En Puebla con la #LeyBala Moreno Valle será más peligroso manifestarse que robar o matar. Manifestarse será sinónimo de homicidio”.

“#LeyBala que no nos engañen, esto no es más que una estrategia política, una ley más en beneficio de una imagen”.

En entrevistas por separado con La Jornada de Oriente, los diputados Víctor Manuel Giorgana Jiménez, del PRI, y Socorro Quezada Tiempo, del PRD, aseguraron que se hicieron modificaciones antes de que el decreto se aprobara el lunes pasado y que se habría corregido la autorización del uso de armas de fuego contra manifestantes; coincidieron en que el Poder Legislativo erró en su estrategia de comunicación al no dar a conocer esos cambios a la ciudadanía.

Giorgana y Quezada aceptaron que desconocen los términos en los que quedó el documento final, argumentando que se realizaron muchos “borradores” de la iniciativa que envió el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas el 12 de mayo pasado.

La corrección se realizó, explicó la perredista, en el artículo 46 de la ley, para determinar que “queda prohibido el uso de armas de fuego para la dispersión de manifestaciones”, mientras la iniciativa que envió el mandatario poblano señalaba que esos artefactos se contemplarían “para repeler agresiones” en una protesta, “preservar la vida o para evitar afectaciones a la integridad física graves, de los elementos policiales o de terceros”.

La versión de que la modificación a la ley se efectuó antes de su aprobación contradice las declaraciones que dieron los propios diputados el miércoles y lunes pasados, lo que ha despertado sospechas entre los propios diputados de que los cambios se realizaron tras la condena mediática de esta semana.

El presidente de la Comisión de Procuración de Justicia, el panista Víctor León Castañeda, aseguró el 14 de mayo que el dictamen de la iniciativa que se envió al pleno no tuvo correcciones de fondo y las que se hicieron fueron “prácticamente de redacción”.

En tanto, Giorgana Jiménez, quien es presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, así como líder de los diputados priistas, encabezó una conferencia de medios el lunes, tras la aprobación del proyecto en sesión extraordinaria, en la que todavía defendió que la normativa posibilitara el uso de armas de fuego contra “manifestaciones violentas”.

Víctor Manuel Giorgana Jiménez aseguró que esperará la publicación de la normativa en el Periódico Oficial del Estado para verificar si se escucharon las recomendaciones de los legisladores. De comprobar que la ley quedó como la mandó el titular del Poder Ejecutivo local, Giorgana Jiménez anunció que presentará una reforma correctiva que atienda el reclamo de especialistas y organizaciones de derechos humanos que se han pronunciado desde la semana pasada contra la posibilidad de que elementos de seguridad activen armas de fuego contra manifestantes.

Aunque el legislador reconoció que estuvo de acuerdo con la iniciativa original, indicó que los representantes populares deben estar abiertos a las demandas ciudadanas.