El Salvador es el primer país del mundo en prohibir la minería metálica

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El Congreso de El Salvador, aprobó una ley que prohíbe esta actividad que provoca impactos negativos en medio ambiente y daña la salud de las personas.

Regeneración, 31 marzo 2017.- El miércoles 29 de marzo, el Congreso de El Salvador, aprobó una ley que prohíbe la minería metálica (extracción de minerales), por considerar que es una actividad que provoca impactos negativos en medio ambiente y daña la salud de las personas. La ley que convierte a El Salvador en el primer país del mundo que prohíbe esta actividad por motivos ambientales fue aprobada con los votos de 70 de los 84 diputados.

La prohibición a la minería metálica incluye las actividades de exploración, extracción, explotación y procesamiento ya sea a cielo abierto o subterráneo. También se prohíbe el uso de químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros en cualquier proceso de minería metálica.

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La ley ahora aprobada deja sin efecto todos los expedientes que estén en tramitación para la obtención de licencias mineras, y da un plazo de dos años a los mineros artesanales, de “pequeña escala” y “subsistencia familiar” para “reconvertir” sus actividades a otras con el apoyo estatal, y desde ya les prohíbe la utilización de “químicos tóxicos como cianuro, mercurio y otros”.

La actividad minera en El Salvador estaba relativamente parada desde el 2008, cuando el presidente Elías Antonio Saca (2004-2009) estableció que no concedería nuevos permisos de extracción minera si no se realizaba un diagnóstico sobre el impacto en el medio ambiente y se promulgaba una ley que regulara al sector.

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El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI) aseguró hoy que el impacto que tendrá la prohibición de la minería en El Salvador será “poco significativo”, puesto que la aportación de este sector al producto interior bruto (PIB) entre 2010 y 2015 ascendió apenas al 0,3%.

La aprobación de la ley de prohibición total de la minería metálica ha estado precedida de un largo proceso en el que han jugado un papel determinante -para su aprobación- las organizaciones ambientalistas, de defensa de los derechos humanos e incluso de la Iglesia Católica.

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Con información de El Heraldo y La Vanguardia

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