Empleados reprobaron exámenes de confianza y siguen trabajando en la Fiscalía de Guerrero

El titular de la FGE de Guerrero dijo que 293 policías ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público del fuero común, trabajan de manera ilegal en la dependencia porque no acreditaron los exámenes de control y confianza.

Regeneración, 27 de junio de 2017.- Durante una comparecencia ante diputados locales en la sede del Poder Legislativo en la ciudad de Chilpancingo, Xavier Olea Peláez, titular de la Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE), reveló que 293 policías ministeriales, peritos y agentes del Ministerio Público del fuero común, trabajan de manera ilegal en la dependencia porque no acreditaron los exámenes de control y confianza.

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Sin embargo, alegó que no puede despedirlos porque se necesitan cerca de 58 millones de pesos para liquidar a los agentes.

Asimismo, Olea Peláez agregó que 228 policías ministeriales están “comisionados”, es decir, son guardias privados de funcionarios y familiares de políticos.

Dicha situación pasa por alto la norma vigente en una entidad donde el rezago de investigaciones ha generado una ola de impunidad y ausencia de justicia para las víctimas de delitos.

Olea también informó que están registrados mil 841 servidores públicos operativos en la FGE, de los cuales 508 son agentes del ministerio público; 699 policías investigadores ministeriales y 231 peritos.

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Además, dijo que al menos 175 trabajadores tienen incapacidad total y permanente; 228 policías más están desempeñando funciones de escoltas y 293 trabajadores no han aprobado los exámenes de control y confianza.

La situación más grave es que los más de 290 empleados reprobados están al frente de actuaciones ministeriales de la FGE, violando el debido proceso y cometiendo delitos federales, así como del fuero común.

Por ello, el diputado local de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja exigió la renuncia del fiscal ante el cúmulo de irregularidades y aseguró que en los próximos días promoverá un juicio político contra el funcionario estatal.


Con información de Proceso

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