El gobernador saliente del Estado de México repartió 54 mdp en diversos artículos y dinero electrónico.
Regeneración, 17 de marzo de 2017.- Hace meses que se señala que el gobierno del Estado de México incrementó la entrega de dádivas, situación que se agravó con el principio de la precampaña electoral, que empezó el 24 de enero, fecha en la que diversos funcionarios federales y estatales aumentaron su presencia en el estado.
De hecho, según la información de la administración del propio estado, desde que inició la precampaña hasta la fecha, el gobierno local ha repartido a través de tarjetas, La Efectiva, al menos 54 millones 657 mil pesos a 18 mil 469 beneficiarios, lo que quiere decir que en promedio se entregaron 2 mil 961 pesos por persona.
Además, y entre otros programas sociales, se ha adelantado al menos seis meses, la entrega de los apoyos para útiles escolares, entrega de laptops (se darán mil 900 en dos meses), equipamiento de escuelas (con 30 mil computadoras) y subsidios agrícolas.
Por si fuera poco, para la repartición de estos programas sociales, funcionarios de la administración federal han llegado hasta la demarcación para los eventos en los que se entregan.
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Aunque el Edomex ya tendrá por presupuesto la elección más cara de la historia para una demarcación, la entrega de dinero federal y estatal vía los programas sociales sigue viento en popa.
Por otro lado, la fracción quinta del artículo 465 del Código Electoral del Estado de México establece que autoridades y servidores públicos estatales y municipales incurren en infracción con “la utilización de programas sociales y de sus recursos, del ámbito estatal o municipal, con la finalidad de inducir o coaccionar a los ciudadanos para votar a favor o en contra de cualquier partido político o candidato”.
La misma disposición, en su fracción tercera, advierte que las autoridades también incurren en falta cuando afectan el principio de imparcialidad establecido por el artículo 134 de la Constitución Federal y la equidad de la competencia entre los partidos políticos, entre los aspirantes, precandidatos o candidatos durante los procesos electorales.
“Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos”, dispone el primer párrafo del 134 Constitucional.
Para estos casos, el 472 del Código mexiquense faculta al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) para dar vista al superior jerárquico “y, en su caso, presentará la queja ante la autoridad competente por hechos que pudieran constituir responsabilidades administrativas o las denuncias o querellas ante el agente del Ministerio Público que deba conocer de ellas, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables”.
El 473 advierte que “si la autoridad infractora no tuviese superior jerárquico, el requerimiento será turnado a la Secretaría de la Contraloría, a fin de que se proceda en los términos de las leyes aplicables”.
No obstante, Ávila Villegas considera legal la entrega de los apoyos, pues la veda electoral inicia el 3 de abril, junto con las campañas.
“Estamos en nuestro derecho, todos los funcionarios públicos de todos los partidos, de dar a conocer los programas que tenemos porque son para la gente. Hay por ahí quienes quieren que acabemos con esos programas, pero no, qué culpa tienen nuestros estudiantes o nuestros pacientes de cáncer de que suspendamos este tipo de programas”, justificó.
“Voy hacer oídos sordos a aquellos que se niegan e intentan frenar los programas sociales… Lo digo claro y lo digo muy fuerte: los programas educativos por ningún motivo se van a suspender simplemente porque es el parecer de algunas expresiones políticas, de ninguna manera.
“Que ellos estén en sus temas políticos, nosotros, el presidente Peña y su amigo Eruviel, estamos en lo que tenemos que estar, apoyando la educación”, expuso.
Por el uso electoral de estos programas, a la fecha no existe una denuncia concreta, si bien los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) trabajan en las impugnaciones correspondientes.