Fiscalía General del Estado acusa a Gina Domínguez de beneficiar a empresas “fantasma” de Duarte, Domínguez culpa a Sefiplan de pagos irregulares a medios de comunicación
Regeneración, 27 de mayo de 2017.- Gina Domínguez Colio, ex vocera del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa es vinculada a proceso por los delitos de abuso de poder, incumplimiento de un deber legal y coalición en contra del servicio público.
La jueza Verónica Portilla Suazo dictó un año de prisión preventiva y seis meses para que la fiscalía haga la investigación complementaria. Señalando que es probable autora material de los hechos delictivos, por haberlos cometido de manera dolosa, ya que ordenó a sus subordinados hacer el pago a empresas con quienes no se celebró contratos, en omisión a la normatividad vigentey violentando el Código Financiero del estado.
Para la Fiscalía General del Estado (FGE), Domínguez Colio habría beneficiado a empresas “fantasma”, empresas de conocidos y familiares del ex gobernador Javier Duarte de Ochoa, con pagos millonarios de recursos públicos, incluso del rubro de provisiones salariales y económicas del Gobierno del Estado. La Fiscalía involucró a otros funcionarios duartistas que avalaron los pagos, entre ellos ex tesoreros y ex secretarios como Tomás Ruiz González, Edgar SpinosoFerrera, Vincente Benítez, José Francisco Díaz, Gabriel Deantes Ramos, Antonio Tarek Abdalá, Salvador Manzur Díaz, Carlos Aguirre Morales, Carlos Hernández Martínez, Mauricio Audirac Murillo, Juan Manuel del Castillo, Arnulfo Fragoso, Antonio Gómez Pelegrín, Fernando Charleston, Juan Manuel Moreno Torres y Carolina Estrada Acosta.
El fiscal Julio Rodríguez Hernández precisó, durante la audiencia realizada en la sala de juicios orales, que durante el sexenio duartista se pagaron 5 mil millones de pesos por convenios con medios de comunicación y que en la gestión de Gina Domínguez el daño al Gobierno del Estado habría sido de 105 millones 937 mil pesos.
Algunas de las empresas “fantasma” beneficiadas con pagos millonarios son Centro de Recursos de Negocios (Cerebro) y Morgavert, a quiénes Gina Domínguez ordenó el pago de 11 millones 688 mil pesos y 12 millones de pesos, respectivamente. Otras empresas como Monmart le fue pagado 30 millones de pesos; a G-Man Smart Business, 17 millones de pesos y Cordocan, presuntamente propiedad de Gina Domínguez, el Gobierno habría pagado 4 millones 822 mil pesos.
Lo anterior sin que mediara un contrato o convenio para la prestación del servicio y que según la Fiscalía en muchas ocasiones eran pagos a medios que sólo imprimir una hoja que se regalaba como en el caso del periódico Centinela.
Tras más de 4 horas de audiencia la Fiscalía General solicitó la vinculación a proceso de Gina Domínguez por los delitos de abuso de poder, cumplimiento de un deber legal y coalición en agravio del servicio público.Aseguró que Gina Domínguez ordenó pagos excesivos y fraudulentos en contra del Gobierno del estado en el periodo de 2001 a 2014, por hacer incluso pagos en efectivo con lo cual violenta la Ley de Coordinación Fiscal.
Con información de AVC