Ayer se cumplieron tres años del mayor desastre ambiental en el país, que fue provocado por la industria minera, pobladores de los siete municipios del río Sonora, así como miembros de los comités de la cuenca y activistas de la ONG Poder marcharon y bloquearon los principales cruceros de esa ciudad.
Regeneración, 7 de julio de 2017.- Los inconformes acusaron de incumplimiento de compromisos al gobierno federal, por medio de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al Grupo México, cuya filial en Buenavista del Cobre, que se ubica en el municipio de Cananea, se derramó en el río Sonora y su afluente, el Bacanuchi, 40 mil metros cúbicos de sustancias tóxicas, que perjudicaron a 22 mil pobladores.
Se quejaron de que el fideicomiso de 2 mil millones de pesos, se suspendió el pasado 7 de febrero por órdenes de Grupo México, que es propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. Supuestamente con esos recursos se resarcirían los daños causados por la contaminación del río y además se brindaría atención médica a los afectados y también se daría apoyo a las actividades económicas perjudicadas.
Luego de que las comisiones Nacional del Agua y Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, hicieron una toma de muestras de agua e informaron que las concentraciones de metales pesados no rebasan los límites permitidos por la norma oficial mexicana, Grupo México ordenó concluir las labores de remediación en el río, por esta razón ya no se ejercieron los 700 millones de pesos.
Los manifestantes que fueron convocados por los comités de cuenca del Río Sonora, dieron a conocer que el encargado de manejar el fondo privado, Rodolfo Lacy Tamayo (quien es subsecretario de la Semarnat) hizo uso arbitrariamente de los recursos y reportó en el sitio destinado para transparentar el gasto que se han utilizado mil 300 millones de pesos en el cumplimiento de acuerdos.
GRUPO MÉXICO VIOLÓ ACUERDOS
El director y fundador de la ONG Poder, Benjamín Cokelet, quien asesora legalmente a las personas afectadas por el derrame, dijo que Grupo México violó los acuerdos legales, por no aplicar las medidas ni respetar los plazos. Además afirmó que el daño causado por el derrame es más grande de lo que se creía.
Dijo que el consorcio Larrea Mota Velasco está actuando ilegalmente y de forma arbitraria no sólo en México, sino también en Perú, Estados Unidos, entre otros países.
Son más de 300 inconformes quienes rechazaron la propuesta que el diputado Fermín Trujillo del PRI, presentó ante el Congreso local para que la ribera del Río Sonora sea declarada Zona Económica Especial.
LA INICIATIVA BENEFICIARÁ SÓLO A LA MINERÍA
Esta iniciativa se ha expuesto tanto en la Legislatura como en las sesiones de cabildo en Arizpe, Banámichi, Huepác, San felipe, Ures, Aconchi y Baviácora, de manera “discreta” y con votaciones unánimes, sin una reglamentación y sin precisar su función.
En la movilización, Óscar Encinas y Ramón Miranda, residentes de Ures y Aconchi,
afirmaron que, debido a la confusión de la ley, la aplicación de esta medida beneficiaría sólo a la industria minera y no a la población.
“Resarcir falsamente la falta de remediación. Para eso quieren la zona económica especial. No queremos que tapen un problema mayor con una curita. No hubo información previa y oportuna”, aseveró Óscar Encinas Gámez.
La mina Buena Vista del Cobre seguía operando mientras los ciudadanos protestaban en Hermosillo, Guardias privados y elementos de la Policía Federal resguardaron los accesos al yacimiento, ante la posibilidad de una manifestación.
Los trabajos se realizan en los yacimientos La Mariquita, El Jaralito y 16 de Septiembre, en una franja de 37 kilómetros de largo y 22 de ancho. La mina vierte desechos tóxicos en más de tres presas de lixiviados cercanas al río Sonora.
EL DERRAME
El 6 de agosto de 2014 , el derrame de 40 mil metros cúbicos afectó 17.6 kilómetros del arroyo Tinajas, 64 kilómetros del Bacanuchi y 190 kilómetros del río Sonora, hasta la presa El Molinillo, que abastece a la mitad de la población de Hermosillo.
Cabe destacar Grupo México reportó a la Bolsa Mexicana de Valores que sus utilidades aumentaron más de 60% en el segundo trimestre de 2017 en comparación con el periodo enero-marzo, y ascendieron a 557 millones de dólares.
Luego de tres años del derrame tóxico, la empresa no ha cumplido su compromiso de remediar los daños ambientales, instalar plantas potabilizadoras y financiar atención médica a los habitantes afectados, como lo había asegurado
Con información de: La Jornada