Aunque ya no forma parte del discurso gubernamental, las acciones emprendidas contra ciudadanos desarmados, sean o no parte de la delincuencia organizada y el narcotráfico, es cada vez más fuerte. Hay tortura, secuestros y desapariciones forzadas que inciden directamente en las y los mexicanos.
Edith Peredo.
Regeneración, 29 de junio de 2016.- “La llamada guerra contra las drogas en México no ha terminado. Aunque ya no forma parte del discurso oficial del gobierno, la lógica bélica sigue impregnando las estrategias militarizadas del Estado contra las organizaciones criminales. Y lo que es más importante: la guerra sigue incidiendo en las personas, las familias y comunidades que padecen sus consecuencias bajo la forma de extorsiones, secuestros, desapariciones, tortura y desplazamientos forzosos”, dice un análisis de la organización Open Democracy.
En el texto, se expone que la guerra contra el narco no puede entenderse “si es que alguna vez pudo entenderse así”, como una guerra que libra el Estado contra criminales puesto que el registro de masacres cometidas contra civiles desarmados solo deja ver una “guerra civil contra y entre ciudadanos, independientemente de su relación con el negocio de la droga.”
El artículo firmado por Gema Santamaría, Profesora Asistente en el Departamento de Estudios Internacionales del Instituto Tecnológico Autónomo de México; recuerda cuando al inicio de su gobierno, Enrique Peña Nieto, actual presidente de la república, se comprometió a alejarse de la estrategia de seguridad que adoptara Felipe Calderón Hinojosa. Aquella que estuvo plagada de “operaciones militares, encarcelamientos masivos y la neutralización de los principales líderes de las organizaciones de narcotráfico, esta estrategia que ya se percibía entonces como limitada en su alcance y perjudicial en sus consecuencias”, y la cual únicamente logró que las organizaciones criminales fueran más “depredadoras”.
Además, Santamaría expone que tanto la sociedad civil como las organizaciones internacionales que han documentado graves violaciones a derechos humanos y crímenes de lesa humanidad se han topado con la réplica defensiva de las autoridades mexicanas.
“Huelga decir que este tipo de respuesta incoherente es contradictoria con el nivel de madurez democrática alcanzado por la sociedad mexicana. Daña además la posición de México como actor global que en los últimos veinte años ha hecho suya y promovido a nivel internacional una agenda de derechos humanos. Más aún, las reacciones del ejecutivo han laminado el proceso para esclarecer la verdad y establecer justicia, en perjuicio de miles de ciudadanos y de la propia legitimidad del gobierno”, dice.
Ahora, versa el texto, el gobierno de México se enfrenta a la difícil tarea de reconocer que en complicidad con actores políticos, las organizaciones criminales han tomado el control en varias partes del país y que al “estado fallido” se suman ambas cosas y no solo el aumento de la violencia.
“En otras palabras, llevaría al gobierno a abandonar su narrativa de ‘algunas manzanas podridas’ y reconocer el abandono sistemático, por parte del Estado, que se da tanto a nivel local, como también estatal y federal”.
La profesora del ITAM, indica que el gobierno mexicano podría “aprovechar” los diagnósticos de los organismos internacionales para solicitar recomendaciones específicas que puedan ponerse en práctica y tomar el ejemplo de otros países que tienen evidencias de éxitos o fracasos.
Las pésimas estrategias de seguridad, la impunidad y corrupción en los distintos niveles de gobierno y la escalada real de la violencia han abonado a la guerra contra el narcotráfico en México y a la masacre, represión, encarcelamiento, desaparición forzada y desplazamiento de cientos de mexicanos y mexicanas
“La guerra no desaparecerá por sí sola. A menos que se tomen medidas serias y sistemáticas para revertir el daño causado por unas estrategias reactivas y militarizadas, las consecuencias de esta guerra se seguirán sintiendo de manera profunda y extensa”.