Los pobladores del altiplano potosino organizaron el Comité en Defensa del Territorio para oponerse al proyecto de la empresa Centro de Ingeniería y Tecnología Sustentable (Citsu) que busca instalar un confinamiento de desechos tóxicos en el municipio de Santo Domingo que tendría un impacto ambiental irreversible.
Regeneración, 10 de junio de 2016.- Palula es un rancho ubicado en el municipio de Santo Domingo propiedad del empresario minero José Cerrillo Chowell, donde supuestamente las autoridades medio ambientales habían dado el visto bueno para convertir el rancho en un lugar adecuado para la conservación del venado cola blanca y el jabalí.
Sin embargo, la avaricia de Cerrillo Chowell lo llevó a cambiar de planes disponiéndose a instalar un tiradero de desechos tóxicos en su propiedad sin consultar a las comunidades de los alrededores.
El ejido de La Victoria es el más cercano al rancho Palula, a tan solo 12 kilómetros. Pertenece al municipio de Santo Domingo, San Luis Potosí. Sitio olvidado por las autoridades federales y estatales. Sus pobladores principalmente viven de la agricultura y la ganadería en esta zona árida que goza de hermosos paisajes, fauna y flora que se debe preservar.
Los pobladores de Santo Domingo se percataron el año pasado de actividades inusuales en el rancho Palula. Posteriormente, acudieron a investigar sin obtener respuesta por parte de quienes llevaban a cabo dichas actividades. Con ayuda de párrocos locales, los campesinos y ejidatarios se acercaron a académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y del Colegio de San Luis.
Los investigadores advirtieron a los pobladores que lo que se pretendía era instalar un basurero de desechos industriales y tóxicos y sus consecuencias.
Inicia la resistencia
Se integró un equipo de académicos, abogados y agrupaciones ecológicas para articular esfuerzos con el Comité en Defensa de la Vida. De inicio se hicieron los estudios técnicos de impacto ambiental coordinados con una estrategia jurídica.
Paralelamente a esas actividades iniciadas en el altiplano, profesores del Colegio San Luis y la UASLP organizaron en la capital el Encuentro Estatal de Agrupaciones Ambientalistas en San Luis Potosí los días 5, 6 y 7 de febrero pasado, con el fin de discutir, compartir, informar y diagnosticar la problemática ambiental de la entidad.
En este evento se contó con los testimonios de los habitantes del municipio General Cepeda, Coahuila, y Santo Domingo, ambos opositores a la instalación de tiraderos de desechos tóxicos.
El mensaje final por parte del Dr. Víctor Manuel Toledo fue de solidaridad con los habitantes de General Cepeda y Santo Domingo denunciando los más de 420 conflictos ecológicos del país y las agresiones de que son víctimas los activistas en defensa del medio ambiente.
En este contexto, el pasado 28 de marzo se publicó en La Jornada el “Manifiesto por la vida y en defensa de nuestros territorios”, donde se rechaza la instalación de los confinamientos de residuos tóxicos y peligrosos en Santo Domingo y General Cepeda. El documento fue firmado por artistas, intelectuales y activistas de todo del país.
Ante la indiferencia de las autoridades, los pobladores de Santo Domingo, Matehuala, Guadalcázar, Charcas y Real de Catorce se movilizaron a la capital potosina el 8 de abril para manifestar su oposición a la construcción del confinamiento de desechos tóxicos en rancho Palula.
Más de 300 ejidatarios, campesinos, activistas, estudiantes, académicos, niñas, niños, jóvenes y ciudadanos le exigieron al gobernador de San Luis Potosí ser escuchados.
La mayoría de los diarios locales son oficialistas, con la excepción deLa Jornada San Luis, el único medio que le ha dado seguimiento al conflicto. Políticamente, los afectados tienen todas las de perder con la clase política potosina, recordemos el daño ecológico que los gobiernos permitieron en el municipio de Cerro San Pedro que fue depredado por la Minera San Xavier con la complacencia de las autoridades ecológicas y la complicidad de Fox y Calderón, quienes protegieron a la minera pese a que tenían que clausurarla por orden de un juez.
Santo Domingo es un municipio gobernado por el Partido Revolucionario Institucional en conjunto con el grupo gansteril Movimiento Antorchista; el gobierno estatal lo encabeza Juan Manuel Carreras López con la alianza PRI-PVEM-PANAL. Las dependencias medio ambientales han sido entregadas a los dirigentes del Partido Verde, mismo que designa a sus funcionarios, quienes están más preocupados con los negocios que por el medio ambiente.
El Partido Verde en SLP ha sido dirigido como una franquicia familiar por los esposos Manuel Barrera Guillén e Ivette Salazar Torres quienes se turnan la diputación plurinominal y los distintos cargos que negocian en sus alianzas electorales. Ante toda problemática ecológica de la entidad potosina, son omisos e incluso son cómplices de diversos ecocidios llevados a cabo por empresas nacionales y extranjeras.
Los pobladores, activistas y académicos se proponen articular un movimiento estatal y otro a nivel nacional en contra de la instalación de los confinamientos de desechos tóxicos en sitios que no reúnen las condiciones de seguridad y afectan a la población y al medio ambiente.
Es un hecho que no podemos esperar nada de la clase política potosina y de las autoridades federales, estatales y municipales, omisas ante la problemática de los habitantes del altiplano potosino. Solo la organización colectiva de los pueblos y de los ciudadanos puede revertir la devastación ambiental y crear conciencia sobre los daños en salud, medio ambiente y economía que se produciría si no se detienen proyectos.