Hidroeléctrica y minera violan derecho humano al agua en la Sierra Norte

RelatorONUVeracruz

Comunidades indígenas denunciaron a la hidroeléctrica Deselec-Comexhidro y a la minera canadiense Almanden Minerals por violar su derecho humano al agua.

Leticia Ánimas

Regeneración, 8 de mayo de 2017. Huauchinango, Puebla.- Diminución del caudal de los ríos, contaminación y privilegios en el uso del agua por parte de las empresas Deselec-Comexhidro y Almanden Minerals fueron denunciadas como violaciones a sus derechos humanos al agua y al saneamiento por habitantes de municipios de la Sierra Norte y el Consejo Tiyat Tlalli al relator especial de la Organización de Naciones Unidas.

Indígenas totonakus de los municipios de San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya ubicados en la cuenca del río Ajajalpan y nahuas de Ixtacamaxtitlán que habitan la cuenca del río Apulco, expresaron a Léo Heller, enviado de la ONU en misión oficial para conocer la situación de esos derechos en nuestro país, la manera en que estos megaproyectos afectan a sus comunidades.

HIDROELECTRICA PUEBLA 1

Los totonakus refirieron que el cauce del río Ajajalpan será desviado hasta en un 90 por ciento para construir la Hidroeléctrica Puebla 1, con el consecuente desabasto para las actividades de la población ya sean domésticas o agrícolas y expusieron su temor de que la escasez afecte a pobladores de la parte baja pues el afluente desemboca en el río Tecolutla.

Previeron que sus derechos al agua y al saneamiento serán gravemente violentados por la generadora de energía que sólo proveerá de electricidad a empresas del grupo WalMart por la disminución de la calidad del agua, la erosión río abajo y la reducción de la población de peces y la generación de gases de efecto invernadero, entre otros.

De represarse el agua del Ajajalpan en un emblase de 8.46 hectáreas, indicaron, se generarán diversos procesos de degradación y putrefacción que repercutirán en los organismos que habitan el sitio, así como en la salud de las personas.

La empresa que pretende hacer la hidroeléctrica, le dijeron a Heller, ha violado el derecho a la información, a la transparencia y al diálogo. Además de dividir a las comunidades y continúa con su proyecto sin haber consultado a los pobladores como lo manda el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.

LAS VIOLACIONES DE ALMANDEN MINERALS

Los habitantes del municipio de Ixtacamaxtitlán –donde nace el río Apulco, vertiente del Tecolutla- señalaron que fue a partir del año 2014 cuando empezaron a resentir los efectos de la etapa de exploración realizada por la empresa canadiense Almanden Minerals debido a que aumento la escasez del agua para cultivo y para el consumo humano.

En la demarcación, apuntaron, 16 por ciento de las viviendas carece de agua entubada de la red pública, y de concretarse la fase de extracción de metales preciosos del proyecto minero, la disponibilidad del agua para la ciudadanía se vería gravemente disminuida.

“Actualmente los barrenos realizados por la minera en la etapa de exploración ya han sobrepasado los límites ambientales en cuanto a densidad y profundidad, debido a ello se ha desviado el curso de manantiales y arroyos dejando sin el acceso al agua para cultivo a dos familias de la comunidad de Santa María Sotoltepec”.

En esta misma etapa, la calidad del agua se ha visto comprometida por la contaminación por uso de sustancias tóxicas, e indicaron que a la fecha han muerto 30 cabras, propiedad de una de las familias de esa misma comunidad, luego de que bebieron agua de un arroyo que recibe descargas del laboratorio-bodega que utiliza la minera canadiense.

Denunciaron la presencia de desechos tóxicos en el agua del Río Apulco e indicaron que de darse la extracción, está ampliamente documentado el elevado riesgo de que por algún derrame de las presas de jales contaminara la cuenca.

Refirieron que el acceso su derecho a la justicia en materia de derechos al agua potable y al saneamiento ha sido afectado debido a que a pesar de haber denunciado ante diversas dependencias federales, “con información técnica y pruebas”, han hecho caso omiso y han seguido aprobando permisos de impacto ambiental para la exploración.

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