Imponen cárcel a ex gerente de CFE que tenía un ferrari y un yate

Néstor Moreno, ex gerente de la Comisión Nacional de Electricidad, tenía un Ferrari y un Yate, además de otros bienes, pero nunca logró aclarar su procedencia por lo que fue condenado a pasar ocho años en prisión.

 

nestor moreno

Regeneración, 14 de marzo de 2017.- A Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se le acusó y condenó por enriquecimiento ilícito, y es que nunca pudo comprobar el origen de sus bienes con un valor de 36 millones 013 mil 379 pesos.

El ex funcionario fue detenido en Saltillo en 2012, luego de que sirviera en la empresa del Estado desde el 2001 y hasta el 2010; periodo en el que percibió 21 millones 51 mil 887 pesos; sin embargo, su patrimonio creció otros 36 millones de pesos más, aunque él aseguró no tener otra fuente de ingresos.

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Entre los bienes se encontraron diversas cuentas de origen no identificado, por 7 millones 694 mil 441 de pesos; en un terreno en Ensenada, Baja California, con valor de 416 mil 145 pesos; un Jeep, modelo 2009 valuado en 57 mil 400; otro Audi, modelo 2003, de 212 mil 732 pesos; una camioneta Lobo, modelo 2005, de 359 mil 800; y un Nissan, modelo 2003, por 104 mil 400; pagos a tarjeta de crédito de Estados Unidos por 1 millón 785 mil 012 pesos; un yate con valor de 22 millones 125 mil 168 pesos y un Ferrari Spider, por un monto de 3 millones 258 mil 279 pesos.

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El dinero, habría provenido de una serie de sobornos que el ex directivo recibió de parte de la empresa suiza ABB Ltd para obtener contratos por más de 100 millones en México.

Es por ello que fue sentenciado por el juzgado del distrito 12 en materia de lo penal a prisión por ocho años, además de “ocho años y un mes para desempeñar un empleo, cargo o comisión públicos; el pago de 545 días multa, equivalentes a 31 mil 315 pesos, sustituibles por igual número de jornadas de trabajo, en caso de insolvencia económica; el decomiso de los bienes cuya procedencia no logró acreditar; la suspensión de derechos políticos y civiles; y, una amonestación pública”.

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Vía La Jornada y Sin Embargo

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