La dependencia habría hecho licitaciones exprés y gastos de último momento para terminar con 569.6 millones de pesos.
Regeneración 07 de marzo de 2017.- Para evitar a toda costa la devolución de 569.6 millones de pesos (mdp) a la Tesorería de la Federación (Tesofe), el Instituto Nacional Electoral (INE) hizo compras de pánico en los últimos dos meses del año pasado.
En su informe 2016, que fue presentado hoy ante el Consejo General, la Contraloría detalló que el 50 por ciento de las adjudicaciones del INE realizadas durante el ejercicio fiscal de 2016 se hicieron en el último trimestre del año, con tal de evitar un subejercicio significativo de recursos.
“Destacan en particular las compras de último momento que se efectuaron en los meses de noviembre y diciembre de 2016, que implicaron el ejercicio de 569.6 millones de pesos, aproximadamente el 12.3 por ciento del presupuesto modificado del INE sin considerar Capítulo 1000 y Prerrogativas a los Partidos Políticos”, indica el informe.
“Esta dinámica del gasto institucional debe revertirse de forma inmediata; es impostergable tomar acciones y medidas”.
Al comentar el informe, el consejero Benito Nacif apuntó que el INE debe planear de mejor manera el ejercicio de su gasto y presupuesto.
“Diseñamos contratos que no satisfacen o no están diseñados específicamente para nuestras necesidades y terminamos pagando por cosas que no usamos, que no necesitamos y que tienen, pueden tener un precio exorbitante”, sostuvo.
“Si dejamos el ejercicio del gasto a los últimos meses o semanas del año nos volvemos compradores forzados y eso tiene un impacto en los precios que pagamos, en el diseño de las licitaciones, etcétera”.
El representante de Morena, Jaime Castañeda, externó su preocupación de que cerca del 100 por ciento del gasto programado sufre modificaciones, lo cual se traduce en un gasto sin planeación.
“No son algunas partidas, es un problema que constituye el cien por ciento del gasto, esto lo afirma en su informe la Contraloría”, mencionó
El informe también da cuenta de que las unidades que solicitan la contratación de personal por honorarios no documentan una justificación real del número de plazas que requieren contratar y, además, se contrató personal que no acreditó contar con la experiencia, habilidades y conocimientos necesarios.
La Contraloría halló, también, que se presupuestaron plazas que no se ocuparon durante el ejercicio: en 2014 fueron 21 plazas por 3.5 millones de pesos; en 2015 cuatro plazas por 489 mil 168 pesos; y a junio de 2016 fueron 12 plazas que tuvieron recursos asignados por 1.7 millones de pesos.
Además, la Subdirección de Operación de Nómina, para emitir los pagos del personal que participa en el proceso electoral, contrató a 9 personas por honorarios con niveles homólogos a director, subdirector y jefes de departamento, respectivamente, lo cual representa una estructura superior a la de la propia Subdirección.
La Contraloría señaló que, en 2015, la Dirección Ejecutiva de Administración transfirió al Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto, recursos no ejercidos por 133.9 millones de pesos, de los cuales, 25.2 millones de pesos correspondieron a la partida de honorarios.
En este capítulo de recursos mal gastados también destacó la renta de mil 350 vehículos que el INE solicitó durante el 2016. Entre ellos se encuentran camionetas Jeep de los altos funcionarios y directivos del Instituto.
Este contrato, hecho con la empresa Jet Van Car Rental, forma parte de un contrato plurianual de aproximadamente 935 millones de pesos que el INE celebró en 2015.
Esta misma empresa es la que renta los Toyota Prius a la Cámara de Diputados que fueron abandonados.
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n auditorías pasadas, la Contraloría ya había criticado el programa de arrendamiento vehicular pues indicó que sería más barato comprar los vehículos en vez de rentarlos.
“No se proporcionó documental que acreditara que se realizó una detección de necesidades y requerimientos reales de cada Unidad Responsable, a fin de justificar el total de vehículos considerados en las bases para la contratación del servicio de arrendamiento”, señala el informe.
“Tampoco se advirtió la existencia de un estudio de factibilidad a efecto de determinar la conveniencia del arrendamiento por encima de la adquisición”.
La Contraloría criticó, asimismo, que en cuanto a la operación del contrato de arrendamiento, ninguna de las unidades responsables auditadas utilizó los servicios de “Call Center” ni el de “Sistema de Administración y Monitoreo Vía Remota” para la administración de los vehículos.
Los costos de dichos servicios fueron de 13.53 millones de pesos, sin que significaran un beneficio real para el Instituto, puntualizó la Contraloría.
Durante la sesión, el representante del PAN, Francisco Gárate, acusó que, pese a las críticas realizadas por la Contraloría, no ha habido una reducción en el número de vehículos arrendados.
Asimismo, criticó que se hayan comprado, sin necesidad de hacerlo, 200 nuevas sillas para colocarlas en la Sala de Sesiones del Consejo General.
Vía el Diario de Chihuahua