Los defensores de derechos en la montaña guerrerenses señalan:
"Hace unos días, en Ayutla, Rafael Rodríguez Dircio fue detenido arbitrariamente en un retén de la policía ministerial y presentado ante el Juez Mixto de Primera Instancia de esa misma cabecera municipal, para responder por una orden de aprehensión dictada en su contra a causa de una acusación falsa. Se trataba de la misma acusación infundada por la que fueron detenidos el 17 de abril de 2008 cinco integrantes de la OPIM, entre los cuales se encontraba Raúl Hernández Abundio, prisionero de conciencia defendido por Amnistía Internacional que permaneció privado de su libertad hasta agosto de 2010; frente a la cual otros cinco integrantes de la OPIM obtuvieron el amparo de la justicia federal respecto de las órdenes de aprehensión libradas en su contra en 2009. Es decir, la acusación se basaba en pruebas que han sido consideradas ilegales e inconsistentes al menos en diez ocasiones previas. La detención de Rafael Rodríguez Dircio ocurrió, además, a escasos tres días que tuvo lugar la audiencia de supervisión de las medidas provisionales dictadas por la Corte de Interamericana de Derechos Humanos a favor de 107 defensores y defensoras de derechos humanos de Guerrero."
En la nota se acalar que durante el tiempo que estuvo detenido Rafael, su defensa aportó pruebas contundentes sobre su inocencia y sobre la ilegalidad de la acusación. Siete testigos de la comunidad de El Camalote confirmaron que el día en que se cometió el delito que infundadamente le achacan, Rafael Rodríguez Dircio no se encontraba en el lugar donde ocurrieron los hechos. Asimismo, la autoridad tradicional de dicha comunidad dio fe de que se trata de una persona que se ha conducido siempre con respeto, sin inmiscuirse en problemas y mucho menos en delitos. El propio Rafael Rodríguez Dircio, por su parte, demostró al juez su inocencia tanto en su declaración preparatoria como en la ampliación de ésta, explicando que la acusación es falsa y busca frenar el trabajo de la OPIM.
Aunado a todo ello, la defensa de Rafael Rodríguez Dircio demostró que los testigos que dieron pie a la acusación, "eran los mismos que resultaron evidenciados en el proceso que se le siguió a Raúl Hernández Abundio, prisionero de conciencia. Así, quedó demostrado que el propio Juez Mixto de Ayutla ya consideró en el pasado que dichos testigos “no estuvieron en condiciones de presenciar el evento delictuoso, sobre el cual declararon y que por consiguiente mintieron”. "
" El juez de Ayutla, Inocente Orduño Magallón, haya dictado auto de libertad para el defensor indígena de derechos humanos por considerar que no había pruebas suficientes para procesarlo, cuyo hecho demuestra "los grandes problemas de la justicia guerrerense: órdenes de aprehensión surgidas de expedientes fabricados que permanecen vigentes sin ninguna revisión, dejando en la vacío a quienes son por ellas perseguidos; policías ministeriales que, frente a su incapacidad para investigar científicamente los crímenes, abusan de los retenes o la flagrancia como herramientas únicas para detener a la población; procesos judiciales absurdos en los que hay que desahogar nuevamente pruebas que ya con antelación fueron destruidas, mientras los inocentes aguardan en prisión a que, como se dice en la jerga, “se resuelva su situación jurídica” lo que no es otra cosa que esperar a que la impersonal maquinaria judicial decida si se queda a la sombra o si regresa a la libertad. "
"¿Cómo explicar que las órdenes de aprehensión gestadas durante un gobierno autoritario sigan vigentes? ¿Cómo decirle a Rafael que estaba preso por la misma acusación que pesó sobre sus compañeros mientras ellos disfrutaban de la libertad en su comunidad?"
"Sin duda, los absurdos que genera el sistema de justicia imperante nos muestran dramáticamente la urgente necesidad de que la justicia guerrerense sea reformada a fondo. En nuestro estado, dicha reforma no pasa sólo por las modificaciones legislativas, sino que debe ir a la par de otros cambios, comenzando por la depuración de instituciones que, como la Policía Ministerial, sirven en el presente para incubar mayor delincuencia."
"La reforma penal constitucional en su propuesta adoptada en el 2008 por el Congreso de la Unión abre las puertas para que esas transformaciones se concreten."
"Si bien como se ha denunciado en este mismo espacio dicha reforma incluyó la constitucionalización del arraigo, la cual genera diversas violaciones de derechos humanos también abre espacios para transitar hacia una justicia diferente, más transparente, donde la presunción de inocencia y la publicidad de los procesos prevalezca, mediante la plena incorporación de la oralidad."
"Estos principios exceden por mucho el banal énfasis que en la construcción de infraestructura ha puesto el Poder Judicial del Estado, pues no sólo son necesarios nuevos edificios sino nuevas instituciones y nuevos servidores públicos; en suma, un nuevo entendimiento de la justicia que busque acercar a sus operadores a la ciudadanía y revertir la corrupción y la impunidad. Desde luego, esto no sólo se alcanzará con capacitaciones a puerta cerrada para jueces y ministerios públicos, que sólo proporcionan más herramientas a quienes hoy violan los derechos fundamentales."
"¿Cómo impulsará Ángel Aguirre la reforma al sistema de justicia? No parece que sea una de sus prioridades. ¿Que rol jugará el Congreso? ¿De qué forma el procurador general de Justicia del estado acometerá este deber? ¿Cómo desde el Poder Judicial del Estado se verá como una oportunidad para que la judicatura guerrerense deje de ser una casta de privilegiados? La respuesta a estas preguntas está aun por verse, así como su compromiso para implementar acciones concretas que reformen las estructuras y que el gobierno no se quede sólo en acciones asistencialistas."
"Entre tanto, quienes soñamos con que en Guerrero surja una justicia diferente, hemos tenido esta semana razones para alimentar la esperanza. La Suprema Corte de Justicia, al analizar las obligaciones que para el Poder Judicial surgen de la sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso Rosendo Radilla, estableció diversos deberes que deberían ser la base para que nuestro país se encamine hacia el pleno cumplimiento de sus obligaciones internacionales. "
"Entre otras cosas, la SCJN estableció que la jurisprudencia de la Corte Interamericana en casos que no involucran a México debe fungir como un criterio hermenéutico orientador para los jueces en el país; que las sentencias condenatorias contra México emanadas de esa instancia son obligatorias; que compete a todos los jueces, estatales o federales, verificar que se cumplan los derechos contenidos en la Constitución y los tratados internacionales, pudiendo incluso inaplicar normas secundarias que les contravengan; que el nuevo artículo 1 constitucional impone a todas las autoridades la obligación de garantizar los derechos humanos, aplicando las normas más favorables; y, finalmente, que la interpretación que las autoridades mexicanas hagan de los alcances del fuero militar tiene que ajustarse a lo que determinó el tribunal interamericano: es decir, que deberá entender que se trata de una jurisdicción incompetente, por parcial y falta de independencia, para conocer de delitos que a su vez constituyan violaciones a derechos humanos."
"Para Tlachinollan esto último es fundamental. Como lo ilustran los casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega, cuyos expedientes por cierto deberán pasar de inmediato a la Procuraduría General de la República como hemos exigido, el fuero militar es sinónimo de impunidad. En este punto, la valiente lucha de Tita Radilla y su familia beneficiará a muchas otras víctimas que, como Valentina, Inés, Rodolfo Montiel, Teodoro Cabrera y tantas y tantos otros han padecido las consecuencias de la excesiva ampliación del fuero castrense."
lcuir el centro de derechos precisa "El hito marcado con la reciente discusión de la SCJN, además, muestra que las luchas históricas de las víctimas y las organizaciones dan frutos, incluso en las adversas condiciones actuales. Por eso, es un signo esperanzador que incentiva a continuar en otras luchas como la que hoy se libra para dotar a Guerrero de una justicia transparente y digna, donde casos como el de Rafael Rodríguez Dircio no se repitan.
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