La privatización eléctrica y el plantón del SME

 El gobierno federal incumple acuerdos firmados con el SME por lo que ha tenido que movilizarse. A 8 años de la liquidación de LFC, siguen pendientes pagos a jubilados y pensionados, entre otros, así como la incorporación del SME, asociado a una empresa privada, en el mercado eléctrico para dar empleo a sus agremiados. Pero al interior del sindicato continúa el debate sobre la estrategia y el futuro de la organización.

José Antonio Almazán Glez*

Regeneración, 4 de agosto de 2017. Levantado el plantón electricista en la Secretaría de Gobernación (Segob), con sus respectivos mítines en la Sener, STPS, SAE, Sedesol, CFE, Agroasemex y SHCP, por incumplimientos del gobierno federal de acuerdos firmados con la dirección del SME, varios asuntos siguen pendientes. Unos derivados del competido proceso de privatización eléctrica en la región central del país; otros como resultado de los golpes bajos entre las secretarías de estado, cuyos titulares están ya metidos en la carrera por la sucesión presidencial; y unos más como consecuencia de la negociacion a la baja que convirtió al SME en un sindicato empresarial y a sus dirigentes en patrones, socios-ejecutivos y miembros del Consejo de Administración de la Generadora Fénix, subsidiaria de la trasnacional portuguesa Mota Engil.

Los plantones del SME en Gobernación y en diferentes centros de trabajo de la CFE no son nuevos, han sido una constante a lo largo de más de un año y 10 meses. Aún cuando la dirección del SME los ha levantado, en varias ocasiones, proclamando victorias históricas, todo indica que dichos acuerdos están colgados de alfileres.

En primer lugar, porque estos acuerdos –firmados desde octubre de 2015– nadie los conoce (salvo la dirección del SME), y siguen reservados por periodos de tiempo que van de 1 a 4 y 12 años, pues su difusión pública, a decir del gobierno federal, afecta la seguridad pública y nacional (sic), como lo establece la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), hoy Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Como parte de los incumplimientos del gobierno, a 996 miembros del SME, pensionados con renta vitalicia, se les sigue adeudando ¡desde hace 2 años!, el 50% del pago de su compensación por antigüedad y el pago de dos años de aguinaldo. La desproteccion de estos pensionados del SME, de origen y naturaleza diferente a los Jubilados del SME, es tal que a su muerte sus familiares solo reciben dos pagos quincenales; sin poder recuperar siquiera la aportación que cada trabajador realizó y que alcanza para el pago de 5 años de pensión. Curiosamente este acuerdo fue reservado a solicitud de la dirección del SME.

Por otro lado, aún cuando la Auditoría Superior de la Federación reconoce que, como parte de la negociación para extinguir el pasivo laboral de 80 mil millones de pesos de 14 mil trabajadores, se entregaron al SME 40 predios, terrenos, deshuesaderos y algunos inmuebles (sin maquinaria, equipo y herramienta, es decir el puro cascarón), de un total de 533 que pertenecían a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y cuyo valor contable representa el 0.5% de los bienes de LyFC y una cantidad mínima del pasivo laboral; ahora resulta que siguen pendientes de entrega en propiedad, pues en 8 años no han sido regularizados en el registro público de la propiedad federal o bien la CFE se niega a entregarlos. Pero la dirección sindical lo maneja como un triunfo histórico, aún cuando nadie conozca el listado completo de estos terrenos y a sabiendas de que los 40 predios no generan empleo, pues se requieren varios miles de millones de pesos para comprar equipo, maquinara, herramientas y materiales para dar trabajo a 14 mil electricistas y garantizar el pago de sus salarios. Por supuesto, el Acuerdo respectivo también esta reservado en los términos de la LFTAIPG. Véase al respecto: https://issuu.com/almazan/docs/lyfc_asf_2015_

Además de estos incumplimientos, la dirección del SME reclama al gobierno federal la aplicación del convenio de delimitación de zonas firmado entre el SME y el SUTERM en 1985, con la participación de la CFE y la ClyFC.

Sin embargo, como hemos analizado en otros documentos, dicho reclamo carece de fundamento jurídico laboral una vez que el CCT del SME-LyFC fue extinguido por el laudo de la JFCA y el fallo de la SCJN; y la referencia al convenio de delimitación de zonas plasmada en la cláusula 22 del CCT CFE-SUTERM fue eliminada de su CCT en vigor. Para una mayor información véase: https://issuu.com/almazan/docs/convenio_de_delimitaci__n_de_zonas

https://issuu.com/almazan/docs/por_qu___precario__parcial_y_tempor

Sin restar importancia a estos incumplimientos y a otras demandas de la dirección del SME, que carecen de justificación legal, por ejemplo el derecho de preferencia en las licitaciones de obra pública del gobierno federal y de la CFE, resalta lo relativo al acuerdo entre el SME y la SEGOB para otorgar a la Generadora Fénix el permiso y el contrato de compra venta de energía con la CFE, para la construcción de una planta de ciclo combinado en lo que fue la termoeléctrica J. Luque de LyFC, en la zona de Lechería, estado de México. Este acuerdo por supuesto también sigue reservado conforme a la LFTAIPG. Pero diversos hechos apuntan a que fue uno de los motivos centrales del plantón del SME en la SEGOB.

Con una inversión estimada en más de mil 400 millones de euros y una capacidad instalada de mil 700 MW dicho proyecto fue calificado, en su momento, como la joya de la negociación entre el SME, la SEGOB y la Generadora Fénix de Mota Engil, quién finalmente resultó ser la ganona en la negociación. Además de la CFE que terminó quedándose con la mayoría de los bienes y propiedades de LyFC. Ubicada en la región central del país y una infraestructura heredada de la vieja termoelectrica de LyFC, incluyendo un extenso terreno dotado de infraestructura eléctrica, agua y gas suficientes, el negocio pintaba muy prometedor. A tal grado que en los informes anuales de Mota Engil se presumió como una de sus más grandes proyectos para incursionar en el privatizado mercado eléctrico mexicano.

Pese a ello, dicho proyecto, inexplicablemente, fue retrasado hasta febrero de 2017, fecha en la cuál la subsidiaria de Mota Engil solicitó el permiso respectivo ante la Comisión Reguladora de Energía (CRE), quién resolvió favorablemente el pasado 29 de junio, cuando el plantón del SME llevaba ya varios días de instalado.

Como puede leerse en la condición segunda (programa, inicio y terminación de obras) del título de permiso para la construcción de la planta de ciclo combinado, dicho proyecto será realizado en dos etapas: Fase I inicio de la obra el 4 de octubre de 2017, conclusión de la obra el 11 de diciembre de 2019 y puesta en operación el 25 de marzo de 2020; Fase II inicio de la obra el 20 de enero de 2018, conclusión de la obra el 10 de marzo de 2020 y puesta en operación el 23 de junio de 2020. Todo en términos de la nueva legislación eléctrica privatizadora. Como puede reconocerse, para solicitar y obtener este permiso no se requería del plantón del SME, sino simplemente cumplir los requisitos legales, de impacto socio ambiental, técnicos y financieros y a la CRE resolver en 60 días hábiles. Lo que no se informa por la dirección del SME es que para la realización de la obra civil solo se requieren algunos cientos de empleos temporales y para la operación y mantenimiento de las plantas de ciclo combinado solo se necesitan 250 trabajadores de carácter permanente. Véase al respecto:

https://issuu.com/almazan/docs/el_permiso_de_generaci__n_para_la_p

Sin embargo, como era previsible el asunto se atoró en la firma del contrato de compra venta (Power Purchase Agreement por sus siglas en inglés) entre la Generadora Fénix y la CFE, pues planteado inicialmente como un contrato para comprar toda la energía producida por Fénix por un periodo de 30 años (y esto era parte de la negociación), un arreglo de esta naturaleza afecta las finanzas de CFE y constituye una desventaja para otras trasnacionales eléctricas que ya operan en México como Enel, Energía del Valle de México Fisterra, Iberdrola, Ienova; que se disputan el codiciado mercado eléctrico en la región central del país, quienes seguramente no se quedarán cruzadas de brazos.

Como lo destacan diversos analistas corporativos, en el proceso de privatización eléctrica, al cual entró de lleno el SME de la mano de Mota Engil y Generadora Fénix, y por supuesto del anterior subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda Nava, la competencia por las “ventanas de oportunidades“ en el negocio eléctrico es reñida y las trasnacionales eléctricas recurren a todos los recursos a su alcance, incluido el apadrinamiento de sus respectivos gobiernos; más aún cuándo el tema energético está ya inscrito en la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

A punto de cumplirse 8 años del decreto de extinción-liquidación de LyFC, iniciado por Felipe Calderón y consumado por Peña Nieto, el tema de la reinserción laboral, sigue pendiente y el descontento electricista sigue creciendo. Pero la dirección del SME se siente bien resguardada, sobretodo considerando la última reforma a sus Estatutos sindicales, de septiembre de 2015, que amplió sus periodos sindicales de 2 a 5 años; hecho que ha sido cuidadosamente ocultado a la opinión pública pues desdibuja el rostro democrático del emblemático SME. Además, para acallar el creciente malestar y las opiniones críticas ante las reiteradas promesas incumplidas, recurren a una sistemática campaña de descalificación y atemorizamiento, como pudo leerse en las decenas de mantas colocadas en plantón del SME, todas con la misma hechura y cortadas con la misma tijera, en las cuales además del apoyo a Martín Esparza, acusan de traición a los Almazanes, Benitez y Olivas, reconocidos miembros del SME y exigen su expulsión sindical, por ejercer el derecho de crítica a la dirección sindical.

Finalmente, aunque con desfachatez la dirección del SME lo niegue, escudándose en una retórica seudo izquierdista y presentándose como los herederos naturales del SME histórico, el aval de facto y jure al proceso de privatización de la industria eléctrica continúa su curso. Ahora con la constitución de dos nuevas empresas eléctricas asociadas entre el SME y Mota Engil: una Suministradora eléctrica para servicios básicos y otra Suministradora eléctrica para usuarios calificados, en las cuales participará como socio la trasnacional portuguesa Mota Engil, una de las empresas consentidas y favoritas de Peña Nieto. Como lo dice Martín Esparza, con estas herramientas privatizadoras harán de la electricidad una palanca para el desarrollo nacional (¿?). Véase el desplegado del SME publicado en el suplemento Orbe de La Jornada del 22 de julio de 2017.

Mientras esto ocurre más de 14 mil electricistas, quienes el próximo 17 de agosto cumplirán un año de haber cobrado sus devaluadas liquidaciones, hoy convertidos en cooperativistas sin empleo, se preguntan ¿y el trabajo para cuándo?

*Jubilado y ex dirigente del SME.

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