Hasta ahora, nadie, ni la Fiscalía Estatal de Chiapas, ni la PGR, ni el INM han aportado elementos que permitan dar con el paradero de la joven que ahora tendría 19 años.
Regeneración, 30 de agosto de 2017.- Hace dos años, la madrugada del 23 de junio autoridades del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron un autobús de pasajeros en Chiapas que viajaba de Motozintla a Tuxtla Gutiérrez y obligaron a una menor de 17 años, a bajar de la unidad pues “parecía guatemalteca”, desde ese día, nada se sabe de la adolescente.
Los hechos ocurrieron en la garita migratoria ubicada en el ejido San Gregorio Chamic, del municipio Frontera Comalapa, instalaciones monitoreadas las 24 horas por cámaras de videovigilancia.
El INM reconoció que la menor fue ingresada para ser interrogada a las 3:00 horas de la madrugada, y asegura que minutos después, cuando comprobó que era mexicana, fue liberada, pero, según las propias autoridades, cuando la dejaron ir su autobús ya había partido y ella se alejó caminando en la oscuridad.
Los familiares de la menor comenzaron con su búsqueda al percatarse de que no había llegado a su destino y, al cabo de 22 días contactaron a otros pasajeros del autobús, mismo que les informaron lo sucedido con la joven.
El 14 de julio de 2015 los familiares presentaron una denuncia formal por la desaparición ante la Fiscalía del Distrito Fronterizo Sierra, de la entonces Procuraduría General de Justicia de Chiapas, hoy Fiscalía Estatal.
Luego de la denuncia, el 6 de agosto, 45 días después de la desaparición de la menor, las autoridades solicitaron al INM que entregara los videos de las cámaras de vigilancia, pero el Instituto hizo caso omiso.
El Ministerio Público insistió una semana después, pero, hasta el 19 de agosto, Migración informó que los videos habían sido borrados, porque “lo solicitado excedía el tiempo de almacenamiento” en los servidores de la institución, el cual es, según ésta misma, de 60 días.
Pero, las peticiones del MP fueron hechas en tiempo y forma, incluso, cuando el INM dio la negativa apenas habías transcurrido 58 días desde la detención de la joven. Migración se negó a proporcionar estas imágenes, alegando que ya habían sido borradas, cuando aún faltaban 48 horas para que el sistema las eliminara.
Ante ello, la familia de la joven acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), ésta insistió al INM que entregara los videos, pero la respuesta fue la misma.
Los familiares decidieron interponer una denuncia por la desaparición ante la PGR pues los presuntos responsables de los hechos son los dos servidores públicos federales, adscritos al Instituto Nacional de Migración, que la capturaron.
Además, un tercer implicado es un policía auxiliar de la Secretaría de Seguridad Público de Chiapas, que resguardaba las mismas instalaciones.
Los funcionarios del INM aseguraron desconocer el paradero de la menor, y afirmaron que ella abandonó las instalaciones en un momento de “descuido”, por lo que se dedicaron a buscarla en las inmediaciones de la garita, pero no la hallaron.
En una segunda declaración, los funcionarios dijeron que la menor salió de sus oficinas y no la siguieron porque “ya le habíamos otorgado el beneficio de la duda y no teníamos motivos para detenerla”.
El tercer implicado dijo que la menor recibió la orden de que se fuera y que él no se preocupó por la seguridad de la adolescente, aunque fuera de madrugada y estuviera sola en el monte, porque “mi función como policía es resguardar las instalaciones y la integridad de los agentes federales de Migración”.
Hasta ahora, nadie, ni la Fiscalía Estatal de Chiapas, ni la PGR, ni el INM han aportado elementos que permitan dar con el paradero de la joven que ahora tendría 19 años.
Las investigaciones de sus padres y hermanos han arrojado los pocos resultados con los que cuenta la familia. Ahora, conocen la identidad de una persona que se dedica a la trata de mujeres, y que opera en el ejido San Gregorio Chamic (el mismo donde fue desaparecida la menor).
Desde hace 20 años se existen establecimientos donde se explota sexualmente a mujeres y niñas, principalmente indígenas, mexicanas o centroamericanas.
Los padres de la joven saben que esa persona “ha bajado (de autobuses de pasajeros) a otras menores y las vende, en ese lugar todos los vecinos saben eso”. También, cuentan con el testimonio de una persona que reconoció a la menor en el municipio de Comitán, cuando en 2016, un año después de su desaparición, era trasladada por dos mujeres mayores, que la custodiaban.
Hasta el momento, ninguna autoridad ha intentado validar los testimonios y continuar con la búsqueda.
Con información de Animal Político