La región es considerada un “laboratorio” de la Reforma Energética. Existen 440 concesiones mineras –66% de su territorio–, 14 permisos para instalar hidroeléctricas; además que se construye el gasoducto Tuxpan-Tula y se han entregado diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usará la fractura hidráulica o fracking. Pero la resistencia de las comunidades ha frenado por el momento los trabajos de los proyectos más dañinos.
Leticia Ánimas
Regeneración, 29 de marzo de 2017. Al menos cuatro megaproyectos de la Sierra Norte de Puebla presentan avances mayores, aunque se encuentran detenidos por la negociación para la compra de terrenos, órdenes de jueces federales, falta de recursos y/o de consulta, o carencia de de permisos ambientales.
La región es considerada un “laboratorio” de la Reforma Energética, pues hay 440 concesiones mineras –el 66 por ciento de su territorio-, 14 permisos para la instalación de hidroeléctricas, además que se construye el gasoducto Tuxpan-Tula -que se sumará al Tuxpan-Atotonilco, ya terminado- y se han entregado diversas áreas para la explotación petrolera, donde se usará la fractura hidráulica o fracking.
A la fecha, sin embargo, algunos de estos megaproyectos se encuentran suspendidos por razones legales o mantienen avances de “baja intensidad” ante la creciente oposición de los pobladores que luchan contra el despojo que “se ensaña” especialmente en contra de las comunidades otomíes, tepehuas, totonacas y nahuas de esta región, donde también se vive un ambiente de hostigamiento, intimidación y agresión física, verbal y psicológica, hacia defensores y defensoras del territorio.
“Los proyectos extractivos ambicionan invadir la totalidad de la fisiografía serrana. En las zonas altas se han concesionado más de 160 mil hectáreas a la minería. En las zonas de mediana altura, se ha detectado la intensión de establecer más de 14 proyectos hidroeléctricos. Las zonas bajas han sido focalizadas para la extracción de hidrocarburos, a donde ya se ubican más de 230 puntos de fracturación hidráulica, fenómeno que irá avanzando conforme evolucionen las rondas de licitación”, se consideró en un estudio del centro de investigación FUNDAR.
Megaproyectos suspendidos
No obstante, la apertura de minas a cielo abierto como las que pretenden hacer la canadiense Almaden Minerals en Ixtacamaxtitlán; Minera Frisco en Tetela de Ocampo; la china JDC Minerals en Zautla y las hidroeléctricas Gaya, Diego, Conde, Ana y Boca en el río Apulco; y Puebla 1 en el río Ajajalpan, se encuentran en suspenso mediante el ejercicio de acciones legales, la organización y movilización de los pobladores o por la desaprobación de sus Manifestaciones de Impacto Ambiental.
Pero las empresas no han quitado el dedo del renglón y “se impulsan y se imponen mediante la violación sistemática de los derechos humanos, que se evidencia en atentados contra la libre asociación, la libertad de expresión, a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas, al uso preferente de los recursos naturales. Además del derecho humano al agua”, entre otros señalaron los investigadores de FUNDAR.
Los cuatro proyectos más avanzados
En ese sentido, son al menos cuatro los megaproyectos que registran mayores avances: el Proyecto Ixtaca con el que Almaden Minerals pretende extraer oro y plata en Ixtacamaxtitlán; el Proyecto Espejeras de la Minera Frisco en Tetela de Ocampo; la Hidroeléctrica Puebla 1 de Deselec-Comexhidro en San Felipe Tepatlán, Ahuacatlán y Tlapacoya; y el gasoducto Tuxpan-Tula de la empresa TransCanada que atravesará Francisco Z. Mena, Venustiano Carranza, Tlaxco, Jalpan, Tlacuilotepec, Pahuatlán y Honey.
Proyecto Ixtaca
Aunque se encuentra parado por la orden de un Juez Federal que decretó la suspensión de los trabajos hasta que se dicte sentencia en el Juicio de Amparo promovido por los pobladores de Ixtacamaxtitlán, el proyecto Ixtaca que se desarrollaría en 14 mil hectáreas del área de Tuligtic terminó su fase exploratoria y ha sido ofertado por la canadiense Almaden Minerals a sus socios y otros interesados como “un significativo depósito dual de metales preciosos”.
La empresa calculó que podrían extraerse 130 mil onzas de oro (3.6 toneladas) y que sería uno de los “20 mayores productores de plata en el mundo” al obtener 7 millones 798 mil onzas de plata (221 toneladas) en cada uno de los 14 años que calculan duraría la extracción por medio de una mina a cielo abierto.
Para hacerse de esta cantidad de metales preciosos, la minera calcula la demolición -“procesamiento”, le llama la empresa-, de un promedio de 30 mil toneladas de roca por día, 10 millones 650 mil toneladas por año, precisó en un boletín de prensa publicado en inglés en la página web de la minera en abril de 2014.
En el 2015 la comunidad indígena nahua de Tecoltemic y el ejido de Tecoltemi interpusieron un juicio de amparo contra Almaden Minerals luego de que se enteraron de que la Secretaría de Economía le había otorgado una concesión por 50 años que se sobrepone con el polígono de las tierras ejidales y obtuvieron la suspensión que ordenó a la empresa frenar sus trabajos. “Sin embargo ha hecho caso omiso y ha mantenido los trabajos de exploración en las concesiones y no ha informado de la suspensión a sus inversionistas”, acusaron los pobladores.
Además que la Almaden ha presentado distintos Informes Preventivos a la Semarnat para seguir la exploración en sus proyectos Ixtaca II, Ixtaca III y III bis e Ixtaca IV que han sido cuestionados debido a que la Procuraduría de Protección al Ambiente corroboró que la empresa realizó más barrenos de los autorizados.
Y aunque la Semarnat rechazó algunos de esos documentos, como el del proyecto Ixtaca IV, la minera anunció a finales de febrero pasado a sus inversionistas que seguirá su exploración de oro en Ixtacamaxtitlán y continuaría barrenando en busca de los metales preciosos.
Proyecto Espejeras
Aunque el proyecto minero del Cerro de Espejeras o La Cañada I en Tetela de Ocampo terminó su fase exploratoria, fue pospuesto por la movilización social y “por las debilidades financieras y legales de la empresa Frisco, propiedad de Carlos Slim”, según miembros del Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER).
Sobre la empresa del hombre más rico de México pesa desde octubre del 2013 la condición que realice una consulta a los pobladores de este municipio serrano que, casi de manera unánime, han manifestado su rechazo a la apertura de una mina a cielo abierto en las 10 mil 663.92 hectáreas (casi 107 kilómetros cuadrados) de la montaña que abastece de agua a la cabecera y que la Secretaría de Economía le entregó mediante la concesión 220980 o La Cañada I con vigencia por 50 años que van del 11 de noviembre de 2003 al 10 del mismo mes del año 2053.
A la fecha, la empresa carece de permisos ambientales para la exploración de oro y plata y además atraviesa por severos problemas económicos por “sobreendeudamiento y ha cancelado varios proyectos de exploración” de metales preciosos en el país, uno de ellos en Baja California, debido a la caída de los precios internacionales del oro, los gastos excesivos en la compra de minerales a sus competidores y la “consolidación de otros proyectos mineros”, indicaron investigadores de PODER.
Además de que en 3 de octubre de 2015, se venció el plazo que le concedió la SEMARNAT para realizar la consulta indígena sobre la tercera fase de exploración en el Cerro de Espejeras sin que la hiciera.
No obstante pobladores de La Cañada han denunciado que trabajadores de la minera no han suspendido sus actividades desde hace tres años, “aunque han estado sembrando árboles, pero no han parado y nos preocupa que Frisco está sacando piedras, materiales. Creemos que ya hicieron la exploración porque en el remolque llevan tierra para análisis, para saber qué minerales contienen. Según nosotros no hay actividad, pero ellos van a seguir trabajando con lo que tenemos acá”.
Organizados en “Tetela Hacia el Futuro” presentaron una denuncia ante la PROFEPA y llamaron a sus coterráneos a no permanecer impasibles ante esta situación y evidenciar cada una de las acciones de los empleados de la minera e impedir su avance.
Hidroeléctrica Puebla 1
Aunque sus trabajos se encuentran “suspendidos” por orden del Juez Primero de Distrito desde mayo de 2016, el proyecto hidroeléctrico Puebla 1 que la empresa Deselec-Comexhidro pretende construir en el río Ajajalpan y abastecerá de luz al grupo Wal-Mart, ha ido avanzando con la obtención de las licencias del Instituto Nacional de Antropología e Historia y el cambio de uso de suelo aprobado por el Consejo Estatal Forestal.
También, casi de manera simultánea y tras la presentación de un Juicio de Amparo por violaciones a su derecho a la consulta por parte de indígenas totonakus de San Felipe y Altica, en Tepatlán y de San Mateo Tlacotepec, en Ahuacatlán, han ido aumentando las agresiones contra los defensores del territorio y sus abogados, contra quienes se han presentado al menos dos denuncias penales en su contra.
A la fecha, en el Juicio de Amparo de los totonakus se están desahogando las pruebas; mientras que tras una investigación pagada por Deselec-Comexhidro, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) dio su visto bueno a la construcción de la Hidroeléctrica Puebla 1 no obstante haber encontrado al menos un sitio potencial de monumentos arqueológicos, cuya información fue considerada como “reservada”.
En tanto en octubre pasado, el Consejo Estatal Forestal de Puebla aprobó el cambio de uso de suelo para la construcción de la Puebla 1 tras la información proporcionada por el ejecutivo de Deselec, Mauricio Justus quien aseguró que los habitantes indígenas –totonacos y nahuas-, del territorio que ocupará el proyecto ya habían sido consultados en términos del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, “como consta en la web y en el sitio oficial de la empresa que representa”.
Deselec-Comexhidro inició una campaña mediática “para culpar a las comunidades de obstaculizar las inversiones en proyectos hidroeléctricos, eólicos y solares, por la presentación de amparos, principalmente en Puebla y en Veracruz”, así lo declaró Jacobo Mekler, presidente de la Asociación Mexicana de Energía Hidroeléctrica (Amexhidro) y director comercial de Comexhidro, según una publicación del periódico Reforma.
De acuerdo con Mekler, con los amparos promovidos por las comunidades contra los proyectos eléctricos se han bloqueado inversiones por más de 19 mil millones de pesos, 5 mil de ellos destinados a centrales en las que se usaría agua.
Mientras los afectados indicaron que ese tipo de declaraciones les inquietaban porque con ellas hay una negación tácita a su garantía de acceso a la justicia para la defensa y protección de sus derechos colectivos, “así como una amenaza contra la independencia judicial que debe preservarse en todo estado de derecho. En realidad, a quienes debería señalarse es al conjunto de políticas y reformas legales como la energética, que han entregado nuestros territorios y recursos a las a las empresas privadas”, precisaron.
Gasoducto Tuxpan-Tula
Sin un trazo definido, sin la autorización de los pobladores afectados, la empresa TransCanada inició la construcción del Gasoducto Tuxpan-Tula en la sierra otomí-tepehua-totonaku en los estados de Puebla e Hidalgo a través de su filial Transportadora de Gas Natural de la Huasteca, en medio de manifestaciones de inquietud por la falta de información sobre el proyecto.
El gasoducto Tuxpan-Tula, uno de las 12 tuberías proyectadas en el Plan Quinquenal Gasoductos del gobierno federal, afectará a más de 130 comunidades de los estados de Puebla, Hidalgo y Veracruz en una longitud de 264 kilómetros por donde diariamente correrán 886 millones de pies cúbicos de gas.
Aunque de acuerdo con testimonios de pobladores y notas periodísticas, las obras para la instalación de la tubería empezaron desde hace más de un año en varios lugares de las tres entidades, fue hasta el 13 de mayo de 2016 cuando la Semarnat aprobó la licencia ambiental y dio a TransCanada un plazo de 30 meses para la preparación y conclusión de la obra.
En tanto el inicio de los trabajos y la entrada de empleados de la empresa canadiense a terrenos privados sin permiso de los propietarios, desataron las protestas de los pobladores de Pahuatlán, Tlacuilotepec, Jalpan y Tlaxco y obligaron a TransCanada, junto con la Secretaría de Energía, a intentar informar y consultar a los indígenas residentes en esa región, pero el proceso ha sido rechazado por varias comunidades que manifiestan que ese tiempo “ya pasó”.
Por ejemplo, el pasado 12 de enero habitantes de San Andrés, Tlacuilotepec, se opusieron a la realización de una consulta a la que consideran una simulación, porque los de TransCanada – que aquí se llaman Transportadora de Gas Natural de la Huasteca-, ya habían iniciado trabajos sin su consentimiento y anunciaron que si se vuelven a parar por el poblado, les cerraran el paso.
“Ninguna ley, ninguna autoridad, puede pasar sobre nuestros derechos. Al presidente Alejandro Guzmán García le decimos que respete nuestros derechos. Que no quieran ahora preguntarnos cuando llegaron a hacer una exploración sin permiso de la ciudadanía. No todos los proyectos del gobierno deben hacerse, menos éste en que van a contaminar nuestras tierras y manantiales. Así que cuando vengan, les vamos a impedir el paso”, apuntaron.
Mientras tanto, la empresa y las autoridades municipales formaron ya algunos comités de obra en Cuautepec, Santa María y Tlanchitla, “en contra del pueblo indígena y quieren seguir violando nuestros derechos”.
Tras estas manifestaciones y la formación del Consejo Shangú Yamui, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas realizó una visita a la región para recibir denuncias de presuntas violaciones a los derechos humanos y se está en espera de que emita una opinión.