Los asistentes exigieron justicia por los asesinatos de activistas ambientales como Mariano Abarca, en Chicomuselo, Chiapas; Miguel Ángel Pérez Cazales, en Tepoztlán, Morelos, y Beatriz Cariño y JiriJaakola, en San Juan Copala, Oaxaca.
Se condenó la muerte silenciosa de decenas de personas por descargas industriales en los ríos Atoyac, en Tlaxcala; Santiago, en Jalisco; Blanco y Coatzacoalcos, en Veracruz.
Se rechazó la violencia ejercida por la minera canadiense Fortuna Silver Mines en San José del Progreso, Magdalena Ocotlán, El Cuajilote y Maguey Largo, en Oaxaca. Se demandó el cierre definitivo de la ilegal operación de Minera San Xavier en San Luis Potosí. Se rechazaron los cientos de proyectos de minería a cielo abierto en el país. Se demandó atender las denuncias de 26 comunidades de Perote afectadas por las Granjas Carroll de México, de la trasnacional Smithfield Foods, fuente probada de la gripe porcina. Se exigió el cierre de la empresa Dragón, por explosiones y emisiones de sustancias tóxicas que afectan la salud de 20 mil habitantes de Izúcar de Matamoros, Puebla.
A su vez, se demandó cancelar definitivamente la construcción de las presas La Parota, en Guerrero; El Zapotillo, en Jalisco; Paso de la Reina, en Oaxaca; y de 113 mini-hidroeléctricas en Veracruz.
La Asamblea también rechazó numerosos proyectos carreteros privatizados, ampliaciones aeroportuarias, basureros, unidades habitacionales no sustentables y miles de centros comerciales que sobreexplotan los mantos acuíferos de Tlaxcala, Puebla, Morelos, DF, Michoacán, Jalisco y Veracruz.
Se denunció la proyectada apertura de miles de pozos petroleros de bajísima productividad en Chicontepec, Veracruz, en beneficio de la estadounidense Halliburton. Se demandó detener y prohibir el cultivo de maíz transgénico en Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Chihuahua.
Se rechazaron megaproyectos trasnacionales sobre los territorios, bosques y aguas de pueblos indígenas y barrios urbanos, que violan el derecho a la consulta, a la libre determinación y a una vida digna.
Los asistentes manifestaron su voluntad de unir las luchas de las víctimas de la injusticia ambiental y climática, para organizarse desde abajo. Estos movimientos no sólo son para denunciar y resistir a las tropelías de las autoridades y empresas, sino también para afirmar la diversidad de formas de vida sustentables que ya existen en el país; así como explorar autogestivamente la construcción de alternativas colectivas para cuidar el medio ambiente.
La Asamblea organizará diversas caravanas rumbo a la cumbre de Cancún para visibilizar las luchas populares ecologistas y denunciar la devastación natural y social que es la verdadera política ambiental y climática del gobierno mexicano.