Diputados mexiquenses aprobaron la “Ley Atenco”, que faculta a cuerpos de policía intervenir cuando consideren “ilegal” alguna manifestación o protesta.
Regeneración, 23 de marzo de 2016.- El pasado jueves 17 de marzo, el grupo parlamentario de Morena votó contra “La Ley que regula el uso de la fuerza pública”, conocida también como “Ley Atenco”, promovida por el gobernador priista Eruviel Ávila, debido a que viola los derechos humanos y criminaliza las protestas sociales.
El dictamen contó con la aprobación de los grupos parlamentarios de PRI, PAN y con toda la fracción del PRD. También votaron los de Movimiento Ciudadano, Encuentro Social, Nueva Alianza, Partido Verde Ecologista de México y Partido del Trabajo.
Los diputados mexiquenses aprobaron el nuevo ordenamiento que faculta a las policías estatal y/o municipales a intervenir cuando consideren “ilegal” alguna manifestación o protesta, lo que desde el punto de vista de Morena legitima abusos como los del caso Atenco, suscitado en 2006.
La ley faculta el uso de la fuerza pública para la disolución de protestas sociales, incluso con el apoyo de armas de fuego, por lo que es discrecional, es decir, se deja al criterio de las autoridades.
Cuando hay una manifestación y el encargado de seguridad pública puede declararla legal o ilegal de manera discrecional, viola el principio de legalidad, de presunción de inocencia porque no hay un juicio previo con garantía de audiencia, pruebas, conclusiones y sentencia.
También se permite el uso de esposas rígidas, semirrígidas, de eslabones, candados de pulgares y cinturones plásticos; y de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente, además de dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores o candados de mano, sustancias irritantes en aerosol, y equipo autoprotector, entre ellos escudos, cascos, chalecos y medios de transporte a prueba de balas, posibilita la intervención de los cuerpos de seguridad en operativos de desalojo, lanzamientos y embargos.
En caso de abusos policíacos exime de responsabilidad al gobernador y alcaldes, y la delega apenas a los mandos operativos.
La fuerza pública, podrá emplearse en asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares públicos y se vuelvan violentas, es decir la criminalización de la protesta social.
El artículo 17 considera legal que los elementos policíacos hagan planeación previo a manifestaciones, “lo que significa que los encargados de la policía podrán usar herramientas como el espionaje y la infiltración en las movilizaciones, dejando en vulneración el derecho de libre asociación y reunión de que gozan los ciudadanos mexiquenses”.
Esta ley supera por mucho la llamada “ley bala” de Puebla, causante de la muerte del niño de 13 años, José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, por una bala de goma que lanzó el cuerpo de granaderos en 2014.