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La nueva reforma da poderes especiales al Presidente por encima de las garantías individuales y de la suprema Corte de Justicia de la Nación

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Regeneración, 31 de marzo del 2016.-Expertos aseguran que el dictamen que reglamenta el Artículo 29 de la Constitución Mexicana , aprobado el martes pasado pone en riesgo los derechos humanos de los mexicanos.

En el 2011 este artículo se reformó. Antes de ese año el texto del artículo era muy preciso. Autorizaba al Ejecutivo Federal en pleno acuerdo con secretarios de Estado suspender los derechos humanos para hacer frente a situaciones que pudieran salirse de control.

La solicitud de que al Presidente le fueran concedidas facultades extraordinarias para emitir la legislación que fuese necesaria  para atender cualquier requerimiento excepcional, fue regulada en el mismo acto en el 2011.

Este dictamen que modifica la Ley Reglamentaria al Artículo 29,  se aprobó el martes pasado por la Comisión de Gobernación en la Cámara de Diputados y establece que cuando el Presidente considere que se afecta el orden social, se puede solicitar la suspensión o restricción de garantías en determinado lugar y por un determinado lapso de tiempo.

En un eventual estado de excepción decretado por el Presidente de la República, este dictamen pone trabas a la facultad de impugnarlo.  El texto que se aprobó el martes pasado así como el artículo Cuarto Transitorio del decreto del 11 de junio de 2011, obliga a la promulgación de una Ley que reglamente este procedimiento.

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El procedimiento por sí mismo es problemático en materia de derechos humanos, porque los autos de la suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no pueden ser impugnados en amparo, refirió René Sánchez Galindo, abogado experto en temas de derechos humanos. “Esto quiere decir que si hay un exceso en el procedimiento no puedas ampararte contra eso” añadió.

Según el dictamen, si el Presidente considera que se afecta el orden social, puede solicitar la total suspensión de garantías, y este proceso puede contar con el aval del Congreso en menos de 24 horas, en caso de encontrarse reunido, y de la SCJN de modo que se valide su constitucionalidad.

No obstante, la Constitución establece que hay derechos humanos que el Estado no puede suprimir, incluso si se declara una suspensión de garantías a raíz de causas que perturben el orden social.

Para estos casos, la argumentación citada del dictamen aprobado, aunque reconoce derechos elementales también apunta excepciones.

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“No es descartable que ciertos derechos humanos puedan ser suspendidos o restringidos en su ejercicio, pero en todo caso, deberá exigir una razón legítima fundamentada”

Los procesos de aplicación de las garantías judiciales que hacen valer los derechos no quedaron plasmadas en el documento, ni especifican la celeridad que podría tener una impugnación contra alguna autoridad.

Además el dictamen descarta la posibilidad de que un ciudadano promueva una suspensión a cualquier decreto de Estado de excepción.

“Los actos del Ejecutivo Federal que se adopten durante la vigencia de los decretos de restricción o suspensión serán impugnables a través del juicio de amparo. En estos casos no será procedente la suspensión, salvo que el acto reclamado corresponda a derechos y garantías que no hayan sido materia del decreto de restricción o suspensión”, apunta el artículo 25 del dictamen.

Y no hay muchos casos de alternativas a las que se pueda acudir ante un aval de la SCJN.

También, varios especialistas en derechos humanos han criticado la opacidad, falta de claridad con la que el dictamen explica los derechos humanos, a los que se refieren dentro de una figura llamada coto vedado.

Esto traerá enormes dificultades a la ciudadanía cuando en algún caso deba informarse, y se encuentre con un tratado internacional en internet, lo cual, afirman expertos, es ridículo.

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“Debemos ser conscientes de la falta de confianza que existe en quienes serían los encargados de ejecutar esta legislación, como son los cuerpos militares y de seguridad. Tenemos un Ejército que ha recibido en los últimos años alrededor de 150 recomendaciones por parte de la CNDH [Comisión Nacional de Derechos Humanos] sin que existan avances en su cumplimiento, que son cuestionadas por organismos internacionales y cuyos niveles de confianza ciudadana han disminuido drásticamente. Tenemos cuerpos de seguridad profundamente cuestionados por su desempeño y en algunos casos por sus nexos con el crimen organizado, en los que no confían los ciudadanos y que han sido señalados por violaciones sistemáticas a los derechos humanos”, manifestó por su parte el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados, Clemente Castañeda Hoeflich.

El legislador, luego de abstenerse a votar la reunión de la Comisión de Gobernación, expresó: “Si colocamos a los derechos humanos en el centro de nuestra perspectiva para tomar decisiones, lo decimos con toda claridad, no podemos avalar esta minuta”.

Fuente: sinembargo.mx




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