Por Bernardo Bátiz V.
Maritain dice, hablando de Maquiavelo en Principios de una política humanista, que antes de que escribiera El Príncipe, ya era práctica común de los poderosos, príncipes y conquistadores, usar la perfidia, la fuerza bruta, la crueldad para obtener poder y éxito, pero el libro del florentino elevó esta práctica a teoría. Agrego, a teoría justificadora de la política de la fuerza y la perfidia.
La reflexión es por las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que decidió incrementar los años de cárcel a los que lesionen a policía o agentes del orden en el contexto de una manifestación pública.
Hicieron –los diputados que aprobaron esta medida– precisamente lo que Maquiavelo justificaba, implementar un mecanismo de temor y usar la amenaza como argumento de gobierno. Maritain por supuesto condena esta forma de gobernar y entender la política; observa que después de Maquiavelo, no solo los príncipes y mercenarios del quinientos, sino también los líderes y constructores del estado moderno, emplean la amenaza injusta y la fuerza para imponer el orden, que fácilmente se identifica y mimetiza con ambiciones personales e intereses de los poderosos.
En una ciudad cuyos fundamentos de gobierno son la justicia social y la atención a los marginados, es al menos inoportuno incrementar penas a quienes cometen un ilícito o a quienes se les atribuya en el transcurso de una manifestación, que es ejercicio de un derecho constitucional. Digo que es inoportuno, especialmente cuando el poder público esta implementando políticas controvertidas, que vulneran intereses, derechos adquiridos y la economía de la gente.
Se trata de un juego peligroso en el que la ALDF se presta para preparar el terreno de la represión, mediante un mensaje encaminado a atemorizar a quienes manifiesten pública y masivamente sus criticas a las tomas de decisión de las autoridades.
Especialmente inoportuno cuando precisamente se está discutiendo la llamada reforma educativa y miles se manifiestan en contra y cuando está por discutirse el proyecto del Ejecutivo por el cual se suprime la restricción que impide a empresas particulares, nacionales o extranjeras lucrar con el petróleo y la electricidad, que son recursos reservados en la Constitución para la Nación Mexicana.
No digo que no se sancione a quienes agreden o lesionan a los guardianes del orden, critico el hecho de que la reforma aprobada, precisamente en la ciudad que se ha distinguido por sus políticas humanistas, sea una pieza de lo que la doctrina ha denominado derecho penal del enemigo. Según este modo de entender el derecho penal, a cualquiera se le aplica una pena sí causa lesiones a otro, pero sí el delito lo comete “el enemigo“, en este caso el manifestante que protesta, el crítico del sistema, la pena será más elevada.
Esto no tiene lógica ni justificación, es maquiavelismo puro y solución legislativa contraria a una política que por lo general en esta ciudad ha sido de avanzada y protectora de derechos y garantías tanto individuales como sociales.
Lo anterior se agrava sí recordamos lo que ha sucedido en las manifestaciones de protesta a lo largo de meses recientes, desde el primero de diciembre de 2012 a la fecha; hemos constatado que sí hay manifestaciones criticas y populares en contra del gobierno no se reprimen directamente, pero mediante una solución fácil y carente de ética, se envían provocadores que causen disturbios y violencia, se les deja hacer, pero después se encapsulan y detiene a otros manifestantes pacíficos.
Hace poco se dio la noticia de que la Unión Europea reconoció como un ejemplo, la política social aplicada por el gobierno de la ciudad; esta política responde al principio de que el derecho penal es lo ultimo de lo que hay que echar mano para resolver problemas sociales, en contraste, la reforma criticada usa al derecho penal para enfrentar conflictos.