paro

paro

– Primero fue Arequipa, luego siete regiones más y hoy también se une Lima. Organizaciones juveniles, colectivos y ciudadanía en general marcharán hoy en solidaridad con los agricultores del Valle de Tambo que exigen la cancelación del proyecto minero Tía María y el cese de la violencia contra los pobladores.

Regeneración, 28 de mayo del 2015 (Servindi) Las regiones Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Moquegua, Puno y Tacna acatan en estos momentos un paro macroregional en solidaridad con los agricultores del Valle de Tambo, que se oponen al proyecto minero Tía María de la empresa Southern Perú.

Las muestras de solidaridad -en algunas regiones como Puno de modo casi total- se han dado a pesar de los intentos del gobierno por minimizar y desprestigiar su efecto.

Cabe destacar las regiones de Puno y Tacna, donde el paro se produjo con mayor fuerza y, como en el resto de regiones, de modo pacífico.

Cajamarca, Huancavelica, Apurímac y Ayacucho se sumaron con movilizaciones que desplazaron a grandes cantidades de manifestantes solidarios.

En el caso de Arequipa, la situación se vive de modo diferente. En esta región, en la provincia de Islay, donde se ubica el Valle de Tambo, se impuso la declaratoria de emergencia y la movilización de varios miles de policías y militares.

En dicho marco se han suspendido una serie de garantías y libertades constitucionales como el derecho de reunión, el libre tránsito y la inviolabilidad de domicilio.

Afincadas en sus hogares y sin poder salir a protestar la población recurrió a golpear ollas y cacerolas en una modalidad de resistencia que los medios denominan “cacerolazo”, y que es acompañada por silbatos.

Las denuncias por abusos de las fuerzas del orden se están haciendo cada vez más comunes y de esto dan fe medios radiales locales que constantemente recogen las denuncias hechas principalmente por madres de familia de la citada provincia.

Hoy desde las 5 de la tarde en el Campo de Marte

Al respecto, Lima no ha querido ser indiferente a lo que viene ocurriendo en todas estas regiones, y miles de sus habitantes se vienen organizando a través de las redes sociales para formar parte hoy de una multitudinaria marcha.

La iniciativa por manifestar su apoyo a los agricultores de Islay, ha nacido de diversos sectores. Se tiene así las convocatorias de los colectivos Dignidad y de Las Zonas, por citar solo algunas. Ambas coinciden en tener como punto de partida para la movilización el Campo de Marte.

La concentración se dará desde las 5  de la tarde. Se trata de una nueva marcha en contra de los evidentes abusos del gobierno y que han dejado como saldo en estos dos últimos meses cuatro personas fallecidas: tres civiles y un policía.

No obstante, cabe resaltar que ya en el 2011, el mismo conflicto produjo la muerte de tres civiles

 

mayo 28th, 2015

Posted In: Latinoamérica, Mundo

Etiquetas: ,

Leave a Comment

dpa

dpaUna situación tensa vivían hoy ocho departamentos del Perú, en el primero de dos días de huelga cívica contra la explotación de una mina cuprífera en la provincia de Islay, por parte de una filial del Grupo México.

Regeneración, 27 de mayo. (DPA) “El Ejército está autorizado para intervenir en cualquiera de los ocho departamentos en huelga, pero el ministro de Interior, José Pérez Guadalupe, asegura que ese sería sólo un último recurso y que las operaciones de control están a cargo de la Policía”  según cables internacionales retomadas por el periódico mexicano La Jornada..

Las escaramuzas entre manifestantes y policías se han limitado básicamente a disputas por el control de vías estratégicas, que los pobladores toman y los uniformados recuperan en forma alterna.

Esa situación es especialmente notable en los departamentos de Arequipa (en el que está Islay) y Moquegua.

En Juliaca, segunda mayor ciudad del departamento de Puno, hay una parálisis de actividades casi total y las vías están tomadas, lo que dificulta el paso desde o hacia la vecina Bolivia. También hay complicaciones con el tránsito hacia y desde Chile por tomas en el departamento de Tacna.

En Cusco, capital del departamento homónimo, una marcha de universitarios degeneró en enfrentamientos. Em Huamanga, capital de Ayacucho, una movilización similar transcurrió por el contrario en forma pacífica. En Cajamarca, único departamento en huelga que no queda en los Andes sureños, sino en los norteños, hay marchas en las que llama la atención la presencia de un burro que representa al presidente Ollanta Humala y es montado por una figura que supuestamente es la Confederación de Instituciones Empresariales Privadas, ente patronal al que se acusa de manejar al mandatario.

La resistencia contra la mina Tía María es protagonizada desde hace dos meses por los habitantes de Islay, unos 60 mil, que estiman que los trabajos de la Southern Perú Copper Corporation del Grupo México S.A.B. causarán daños ecológicos irremediables en una zona históricamente dedicada a la agricultura.

La Southern dice contar con estudios ambientales que descartan los riesgos, pero los pobladores de Islay no los admiten y sólo aceptan la cancelación del proyecto.

Las manifestaciones en la provincia, que dejan cuatro muertos y más de 120 heridos, han despertado simpatías hacia los islaínos, sobre todo en zonas donde también hay problemas con la minería, que constituye la matriz productiva del Perú.

La explotación de Tía María es apoyada por el gobierno nacional, fuerzas de derechas y la mayoría de habitantes de Lima, que estiman que quienes se oponen a la actividad extractiva impiden el desarrollo y son manipulados por organizaciones de izquierda.

 

 

mayo 27th, 2015

Posted In: Latinoamérica, Mundo

Etiquetas: , , ,

Leave a Comment

peru

peruLas protestas por el proyecto minero Tía María han dejado tres muertos, entre ellos un policía.

Regeneración, 17 de mayo del 2015. Cada vez mas alarmante es la situación que se vive en Perú tras las protestas contra la minera”Grupo México”, incluso el ejército ha sido desplegado en el sur de este país. Y es que el proyectpo “Tía María” ha desatado la oposición popular. Germán Larrea es el segundo hombre más rico de México y miembro de las élites gobernantes mexicanas.

La redacción de BBC Mundo, hizo un recuento de la situación de tensión creciente:

Tres muertos, más de 200 heridos, 54 días de paro indefinido y una denuncia de soborno: ese es el saldo del último conflicto minero de Perú que llevó al presidente Ollanta Humala a desplegar al ejército en los alrededores de la mina en la región sureña de Arequipa.

En el centro de la polémica está un millonario proyecto de Southern Perú Copper Company (SPCC), principal subsidiaria del Grupo México, para construir la mina de cobre “Tía María”.

Los residentes del valle del Tambo, en la provincia de Islay, la mayoría agricultores y ganaderos, consideran que el proyecto arruinará el medio ambiente y dañará la agricultura en el área.

Pero Southern Perú Copper Company asegura que cumplirá con los más altos estándares medioambientales.

En todo caso, la compañía anunció este viernes una “pausa” en el desarrollo de su millonario proyecto despejar dudas de los opositores al plan en un plazo de 60 días.

“Hemos escuchado al (…) Presidente y en el espíritu de recobrar el clima de convivencia pacífica que el país requiere, le solicitamos el tiempo y las facilidades necesarias para poder socializar el proyecto y despejar todas las dudas existentes en los próximos 60 días”, dijo el presidente de Southern Copper, Oscar González.

BBC Mundo le presenta 4 claves del conflicto por el proyecto minero Tía María:

Qué está en juego

La subsidiaria del Grupo México prevé invertir US$1.400 millones en el proyecto minero Tía María, que tendrá una proyección estimada de 120.000 toneladas métricas anuales de cátodos de cobre desde el inicio de operaciones.

Los comunarios temen la contaminación de sus tierras y ríos, algo que la empresa descarta.

Sin embargo, la compañía mexicana no lo ha tenido fácil desde el principio. En 2011, cuando se anunció el proyecto durante el gobierno de Alan García, Tía María ya originó protestas que dejaron tres muertos y más de 40 heridos.

Estuvo paralizado dos años, hasta que la empresa presentó un nuevo estudio de impacto ambiental con el que consiguió que el gobierno de Humala le diera permisos de construcción este año.

Los grupos locales piden ahora que se suspenda porque aseguran que el desarrollo minero contaminará sus campos de cultivo y el agua del río de la zona, el Tambo.

La compañía alega que usará agua de mar desalinizada y un portavoz de Southern Copper llegó a acusar a la población de “terrorismo antiminero”.

¿Sobornos?

En medio de los cruces de acusaciones entre la empresa mexicana y los comunarios peruanos, el gobierno de Humala decidió suspender las negociaciones con la filial de la minera mexicana hasta que aclare si tiene alguna responsabilidad en el presunto interno de soborno a líderes comunitarios para que frenaran las protestas.

El gobierno quiere saber si la empresa tiene alguna responsabilidad en el presunto soborno.

La polémica surgió después de que se publicara un audio en el que se puede oir a un dirigente comunitario, Pepe Julio Gutiérrez, el principal líder de las protestas, hablar con un abogado al que le planteaba la posibilidad de pedir dinero a la empresa minera para calmar las movilizaciones.

En un comunicado, SPCC rechazó estar negociando con los promotores de las protestas y lamentó la “incorrecta acción” que, dice, “fue ocasionada por terceros ajenos a la organización”.

Este viernes, el dirigente Pepe Julio Gutiérrez fue detenido acusado de extorsión y asociación ilícita para delinquir, por presuntamente haber pedido dinero a la minera.

BBC Mundo solicitó a Southern Perú Copper Company una entrevista, pero un portavoz de la compañía señaló que por el momento no darán declaraciones al respecto.

Otros “problemas” del Grupo México

La de Tía María no es la única controversia en la que está metida el Grupo México por sus inversiones en el campo de la minería.

Con Germán Larrea Mota-Velasco como principal accionista -es el segundo hombre más rico de México después de Carlos Slim- la compañía ha estado involucrada en varios accidentes.

El derrame de residuos de cobre afectó ríos y estanques en Sonora (México).

Uno de ellos, el derrame el año pasado de 40.000 metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado en el arroyo Tinajas, en Sonora (México), fue considerado por el gobierno como “el peor desastre ambiental en la industria minera del país de los tiempos modernos”.

Las sustancias tóxicas llegaron a los ríos Bacanuchi y Sonora y afectaron a miles de personas.

Precisamente esta misma semana, el Grupo México se ha visto envuelto en otra polémica en España luego de que el gobierno de Andalucía anunciase la suspensión de uno de sus proyectos en la mina de cobre, zinc y plomo de Aznalcóllar de manera cautelar por las supuestas denuncias de irregularidades en el proceso de adjudicación.

Sin embargo, la minera aseguró este viernes no haber sido notificada por el momento.

¿Un nuevo Conga?

Las interrogantes el torno al proyecto Tía María hacen preguntarse si no correrá una suerte similar a la del proyecto aurífero de Conga, en Cajamarca, que fue suspendido en 2012 por protestas que dejaron cinco muertos.

De ponerse en marcha el proyecto, el Grupo México prevé obtener 120.000 toneladas métricas de cátodos de cobre al año.

El sociólogo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, Aldo Panfichi, asegura no ver otra solución para este conflicto debido a que las voces por la suspensión o postergación de la explotación minera son mayoritarias y al punto violento al que han llegado las protestas.

Entre las voces que piden la suspensión está la del presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez.

“Ningún proyecto se puede imponer por la fuerza y menos ejecutar en las condiciones de violencia que se vive en Islay. Creo que debe darse una pausa, generar un espacio, para, primero, apaciguar los ánimos y, segundo, retomar el diálogo”, dijo en un comunicado publicado en la página web de la SNMPE.

Gálvez aboga por una pausa “de tres a cuatro meses” que permitiría a los agricultores cosechar y sembrar para paliar las pérdidas del paro y que devolvería “la tranquilidad en Arequipa”.

“Hay una situación de punto muerto entre el Estado y las empresas y una desconfianza muy grande de las comunidades locales sobre la capacidad del Estado de hacer cumplir la legislación. No le creen al presidente Humala diga lo que diga y haga lo que haga”, le dijo el profesor Panfichi a BBC Mundo.

En este sentido, el analista apunta a que, con elecciones en el horizonte el próximo año, “el proyecto de Tía María en el mejor de los casos será retomado por el próximo gobierno a ser electo”.

 

mayo 17th, 2015

Posted In: Latinoamérica, Mundo

Etiquetas: , , ,

One Comment

mina

Grupo México, que preside Germán Larrea, no deja de estar en tela de juicio por presuntas irregularidades que ahora emergen en Andalucía.

Regeneración, 15 de mayo del 2015. (SDP) La Jornada da a conocer este viernes que la minera estaría en medio de una presunta trama de corrupción relacionada con la concesión, presuntamente irregular, de la explotación de la mina de Aznalcóllar, en el conocido como el Corredor de la Plata.

Y es que aunque no cumplió “ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento”, la sociedad formada por Grupo México y la empresa española Magtel logró la explotación del yacimiento para los próximos 30 años.

Así lo determina un tribunal andaluz, por lo que se investigan trato de favor, sobornos y otros delitos como prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y negociación ilegal.

El propio Germán Larrea Mata está involucrado en la trama de corrupción, señala La Jornada, que destaca que el empresario ha tenido además una actuación polémica durante el derrame de vertidos tóxicos de agosto pasado en Sonora, a pesar de que su empresa fue la responsable del desastre ecológico.

También están involucrados Xavier García Quevedo, vicepresidente de Grupo México, y su hijo Ignacio, quien es el nexo de unión del empresario mexicano con la saga de políticos y empresarios catalanes Pujol, actualmente en el escándalo por el hallazgo de que durante décadas han sido los protagonistas de la corrupción generalizada en Cataluña.

Ignacio García Quevedo está casado con Merce Pujol Gironés, nieta de Jordi Pujol, y se ha dedicado a negociar con varios estados mexicanos concesiones de explotación minera, destaca la nota firmada por Armando G. Tejeda.

Fue el pasado 16 de marzo cuando se publicó la adjudicación de la explotación de la mina, siendo beneficiada la nueva sociedad formada por Magtel –empresa andaluza con fuertes vínculos con el gobierno regional y el PSOE– y Grupo México.

Este grupo entró como el socio de referencia al aportar los 95 millones de euros que se necesitaban para iniciar las labores de explotación y para darle solvencia a largo plazo.

La adjudicación fue a 30 años.

No obstante, sólo dos meses después de adjudicada la explotación, el juzgado de instrucción número 3 de Sevilla emitió un auto en el que divulgó el cúmulo de irregularidades en el proceso de adjudicación.

Sostuvo que “no se observa el más mínimo rigor en la actuación de la administración”, sobre todo en lo relativo al cuidado medioambiental.

También se abrió una investigación por tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y negocio ilegal, que afectaría tanto a la directora general de Industria, Energía y Minas, María José Asencio, como a los responsables de la empresa creada por Larrea y sus socios andaluces.

De acuerdo con la magistrada, la empresa de Larrea no debería siquiera haber superado la primera fase del procedimiento de adjudicación, pues no presentó el informe de capacidad técnica y financiera avalado por la Oficina Consular, tal y como se reclamaba en los estatutos.

Además, tampoco presentaron el seguro de importe mínimo de un millón y medio de euros ni las cuentas del Registro Mercantil para conocer el capital social de la nueva sociedad.

Con ese rosario de irregularidades, la nueva presidenta de Andalucía, Susana Díaz, decidió suspender la concesión hasta que se aclaren los hechos.

La Jornada destaca que los medios de comunicación españoles han informado y destacado la actuación de Grupo México y de Germán Larrea en la contaminación ocasionada en el estado de Sonora, donde la minera Buenavista del Cobre, propiedad de Larrea, vertió más de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre mezclados con ácido sulfúrico y altas concentraciones de metales pesados, muy dañinos para la salud y el ecosistema.

En tanto, la vicepresidenta del gobierno español, Soraya Sáenz de Santamaría, pidió “explicaciones” al gobierno andaluz por las presuntas irregularidades.

Recordó que en su día, y a petición del gobierno andaluz, el gobierno central del conservador Mariano Rajoy “eliminó todos los obstáculos para que fuera posible la adjudicación de la explotación de la mina de Aznalcóllar” y reclamó un “proceso abierto, de concurrencia competitiva”, y en el que se “comprobara la solvencia científica, técnica y económica”.

Libertad Digital en España, reseña el caso de la siguiente manera

o ha puesto de manifiesto el auto del pasado día 7 de mayo de la juez Patricia Fernández, del juzgado de instrucción número 3 de Sevilla, encargada del caso tras la demanda de la empresa Emeritas cuando el concurso fue adjudicado a la asociación de dos empresas Minorbis-Grupo México. Emerita denunció posible prevaricación, cohecho y fraude en adjudicación de esta mina de Aznalcóllar. Este complejo minero de Anzalcóllar, de casi 950 hectáreas de superficie, cuenta con unas reservas y recursos probables de alrededor de 80 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (cobre, plomo y zinc, además de oro y plata).

Según Emerita, tras superar la primera fase del concurso, junto con la competidora, Minorbis-Grupo México, y pasó a la segunda y definitiva, donde debían concederse las puntuaciones finales para ambas ofertas. Pero Emerita denunció que “durante todo el procedimiento del concurso, de forma absolutamente ilegal e irregular”, se les ha “negado el acceso al expediente”, dejándolos en “una situación de absoluta indefensión”. Lamentaba además la “voluntad de ocultación por parte de la Administración, que dicta resoluciones evidentemente contrarias a Derecho, con una actitud arbitraria y patentemente prevaricadora”.

Finalmente, el Gobierno de Susana Díaz adjudicó la explotación de la mina de Aznalcóllar en un procedimiento plagado de irregularidades, saltándose la ley y “sin observar el más mínimo rigor”. Se trataba de dejar el yacimiento en manos de Magtel, una empresa con fuertes vínculos con la propia Junta de Andalucía, que le concedió hasta 15 millones en ayudas en cuatro años y que fichó a un ex alto cargo socialista. Precisamente, en la campaña electoral reciente de 22 de marzo, Susana Díaz hizo de su reapertura una promesa estrella, tras su cierre por la catástrofe del vertido de Boliden de 1998.

La juez destaca las siguientes irregularidades certificadas en el caso:

  1. a) El consorcio formado por Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México no cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento a pesar de lo cual, la Junta le otorgó el 16 de marzo los derechos de explotación de la mina durante 30 años. Por ejemplo, no acreditó la capacidad de Grupo México a través del preceptivo informe de la Oficina Consular.
  2. b) “No se observa –dice literalmente el auto– el más mínimo rigor en la actuación de la Administración”, un reproche que es aún más grave si se tiene en cuenta, como destaca la juez Fernández, que se trata de la misma explotación minera que protagonizó en abril de 1998 el que fue considerado el mayor desastre medioambiental ocurrido en España.

    c) La oferta agraciada con el favor de la Junta incumplía los requisitos medioambientales como denunció Emerita.

    d) No se descarta el tráfico de influencias para obtener un resultado tan contrario de Derecho.

    e) Fue presuntamente la directora general de Industria, Energía y Minas, la socialista María José Asencio, la “responsable” de las decisiones adoptadas en el proceso de adjudicación, incluida la resolución, que ella firmó y se pide su interrogatorio además de otros.
  3. f) Curiosamente, ninguna de las dos empresas asociadas detallaban en su propuesta las inversiones comprometidas, muy inferiores a la ofertada por Emerita.
  4. g) La asociación de Minorbe-Maftel y Grupo México no se hizo mediante un contrato sino mediante una “declaración conjunta de compromiso” que, en palabras de la juez, no excede de “una declaración de buenas intenciones”.
  5. h) Tampoco presentaron el obligatorio seguro por importe mínimo de 1,5 millones. Tampoco Minorbis presentaba las cuentas en el Registro Mercantil, y el deber de acreditar el capital social lo solventaron con “simples capturas de pantalla de las web”.
  6. i) En cuanto al equipo técnico –que la Junta puntuó con la máxima nota–, presenta “evidentes” carencias y deficiencias, mientras que en lo que respecta a la maquinaria tampoco se observan los requisitos, hasta el punto de que ni siquiera está situada en España, sino en América.

El empresario Magdaleno y el PSOE

El pasado 11 de abril de 2014, el presidente de Magtel, Mario López Magdaleno, visitó la empresa Emerita para proponerle una asociación porque el concurso estaba adjudicado de antemano y no tenían posibilidades de sacarlo adelante sin su concurso. Magdaleno advirtió a los directivos de Emerita que recibirian la llamada de un alto cargo autonómico. Cinco minutos después de irse, el secretario general de Industria llamó para interesarse por la reunión.

Magdaleno ha recibido 15 millones en subvenciones de la Junta, 5 más que la empresa de Paula Chaves, a los que hay que sumar los 9,3 millones sospechosos concedidos por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero cuando estaba en funciones tras la victoria del PP en 2011.

La filial de Magtel, Minorbis, fue creada pocos días antes de presentar la oferta y su socio mexicano está investigado en su país por desmanes medioambientales en Sonora.

Un ex alto cargo de la Junta en la trama

Una de las empresas filiales de Magtel, Magtel, Redes de comunicaciones SL, está implicada en el escándalo de la formación en Córdoba. Recibió una subvención de 379.980,00 € siendo su gerente el propio Mario López Magdaleno, que tenía negocios con el alcalde socialista de Chipiona (Cádiz), entre otros, empresa con la que estaba vinculado Andrés Luque, el que fuera Delegado de la Consejería de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, al salir de la Delegación. Precisamente, Luque estuvo a sueldo de Magtel. En diciembre de 2011, con una empresa propia, comenzó a trabajar para la sociedad cordobesa Magtel, luego adjudicataria en consorcio con Grupo México de la explotación de la mina de Aznalcóllar.

El primero en advertir el escándalo fue el coordinador general de IULV-CA y candidato a la presidir la Junta, Antonio Maíllo, que señaló sin dar nombres que “antiguos altos cargos” del Gobierno andaluz estuvieron vinculados al consorcio de la compañía Grupo México y la empresa cordobesa Magtel. Se refería sobre todo, a Andrés Luque, que había ocupado diferentes puestos de responsabilidad política en la Junta desde al menos julio de 2000, cuando asumió hasta abril de 2004 la delegación provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Córdoba. Más tarde, desde mayo de 2004 a mayo de 2008 fue delegado provincial de Innovación, Ciencia y Empresa, y más tarde, desde abril de 2010 hasta que dimitió en junio de 2011 fue director general de Innovación e Industrias Culturales. En más de una década, Luque estuvo apartado dos años de la escena política.

Desde ese momento, mediante la sociedad Fisur Análisis y Gestión de Proyectos, asesoró a la firma de López Magdaleno aunque la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, en su artículo 7.2, estipula que éstos “se abstendrán de desarrollar actividades privadas directamente relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo, durante los dos años siguientes a la fecha de su cese”.

Magtel dijo que el trabajo de asesoría de Luque “consistía exclusivamente en detectar oportunidades de mercado y licitaciones internacionales en las que Magtel pudiera tener interés”. Pero los hechos confirmen que su asesoramiento fue efectivo en subvenciones y contratos públicos. Algunos de ellos son los 231.000 euros que recibió en 2007 por la reparación del sistema eléctrico del Hospital Provincial de Córdoba, los más de 3,5 millones por cinco contratos percibidos entre enero de 2009 y julio de 2010 y ya en 2013 suscribió con otros el acuerdo marco de Homologación de Microordenadores y Periféricos con destino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Andalucía dotado con 205.700.000 euros.

En cuanto a subvenciones, desde la llegada de Luque, se multiplicaron. Las dos últimas se las concedió la Agencia IDEA y la Dirección Provincial de Córdoba del Servicio Andaluz de Empleo: 341.000 euros en incentivos y otros 171.383 en subvenciones, respectivamente.

La minería y el interés de las familias del PSOE

Libertad Digital ya explicó con detalle el interés del PSOE en la minería andaluza en relación a dos Minas, las de Riotinto y las pretendidas por Emed Tartessus. En la primera aparecían Amparo Rubiales, ex presidenta del PSOE andaluz, y Javier Pérez Royo, asesor aúlico de Manuel Chaves y columnista de El País.En la otra, Emed Tartessus, aparecía el ex consejero Guillermo Gutiérrez Crespo, “Willy”, y el hijo de su amigo, el ex portavoz del PSOE en el Parlamento andaluz, Pepe Caballos Mojeda.

También habíamos conocido el generoso comportamiento de Manuel Chaves hacia Minas de Aguas Teñidas, S.A., la empresa apoderada por su hija Paula, a la que concedió la fruslería de 10 millones de euros a fondo perdido. Ahora, nos enteramos de que el sobrino de Felipe González,Juan María González Márquez, imputado e implicado hasta el tuétano en el caso Invercaria, representa a una de las empresas que opta a la famosa Mina de Aznalcóllar. Famosa sobre todo por el accidente que puso en peligro buena parte del medio ambiente andaluz por la rotura de su balsa de residuos en 1998. Parece que los cobres y los hierros de estas minas estuvieran a punto de convertirse en oro en un nuevo tráfico de “coincidencias” altamente significativas.

En el caso que nos ocupa, si había socialistas en la oferta ganadora, las había asimismo en la oferta perdedora. Juan María González Mejías, sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González y antiguo alto cargo de la Junta de Andalucía, asesoraba a la compañía canadiense Emerita Resources desde septiembre de 2013, ocho meses después de que abandonara a petición propia la Administración autonómica. Precisamente la consejería donde figura adscrito González Mejías, era la que debía resolver el concurso y elegir a la adjudicataria. Emerita Resources tiene como principal accionista al grupo financiero Forbes & Manhattan.

 

 

 

mayo 15th, 2015

Posted In: Tendencias

Etiquetas: , ,

Leave a Comment

Tlatlaya, Ayotzinapa y las consecuencias de la impunidad

Por Víctor M. Quintana S. | La Jornada

10 de octubre de 2014.-Aunque con razón y con justicia la masacre y la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa haya acaparado la atención y la indignación nacional, la gravedad de los problemas relacionados con el agua sigue ahí.

La contaminación de los ríos en Sonora y en otros estados por parte del Grupo México, y la defensa que hace la tribu yaqui de su agua, no son episodios que se agotan en la coyuntura. México y el mundo están en la encrucijada entre un modelo de desarrollo extractivista autoritario y privatizante al servicio de intereses foráneos, por un lado, y la gestión democrática y sustentable del agua en nuestro territorio, por el otro.

Es precisamente este modelo de gestión democrática del agua para todas y todos el que se construye y propone desde el segundo Congreso Nacional Ciudadanos y Sustentabilidad del Agua, celebrado en Guadalajara, del 2 al 4 de octubre. Participaron en él toda una gama de actores sociales involucrados en este vital tema: comunidades indígenas y campesinas, organizaciones gremiales, activistas, académicos, científicos.

Ahí se analizó cómo la reforma energética de Peña Nieto y sus aliados viene a legalizar, a darle estructura a toda una serie de acciones muy agresivas contra el agua y los recursos naturales de las comunidades. Una ofensiva extractivista que va por todo lo que pueda ayudar a la generación o conducción de energía para venderse, como prioridad para el país.

Se narraron los diversos esfuerzos de defensa y de resistencia de las comunidades, decenas de movimientos todavía dispersos y no muy conexos entre sí: la tribu yaqui contra el acueducto Independencia; las comunidades guerrerenses contra la presa La Parota, o las jaliscienses contra la presa El Zapotillo; las comunidades totonaca y náhuatl de las Huastecas contra el fracking; las comunidades del Istmo contra los megaproyectos de energía eólica… de norte a sur, del Golfo al Pacífico, crecen las revueltas. Ante estos esfuerzos, se puede ver con toda claridad que la criminalización de la protesta social es lo que estrategia del Estado contra la resistencia comunitaria. A los asesinatos como el de Ismael y Manuelita en Chihuahua y José Luis Tlehuatlie en Puebla, se agregan ahora el encarcelamiento injusto de los dirigentes yaquis Mario Luna y Fernando Jiménez; el de Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos y Comunidades Opuestos a la Presa La Parota, los presos de Atlixco y Sierra Norte de Puebla misma; el de Bettina Cruz, integrante de la Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec…

A contracorriente, brotan iniciativas que promueven el buen gobierno del agua. En Chiapas, por un lado, y en Jalisco, Colima y Nayarit, por otro, ponen en serio predicamento las iniciativas privatizadoras de leyes estatales. En Monterrey se impugna el proyecto Monterrey VI para trasvasar agua del río Pánuco hasta esta ciudad. En varias comunidades del estado de México como Tecámac, Texcoco y Chicoloapan, se crean y defienden sistemas comunitarios de gestión hídrica. En Tabasco hay una amplia participación de académicos y derechohumanistas en el Consejo de Cuenca Grijalva-Usumacinta. En Puebla hay manantiales de organización y resistencia en Amozoc, Atlixco y la Sierra Norte, entre otras. En Veracruz, a Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental La Vida ha articulado la defensa del territorio contra la minería tóxica y los 122 proyectos de presas que buscan inundar Veracruz; Unisur en Chilpancingo y Agua Compartida para Todos en Chilapa, Guerrero, aportan sus saberes y trayectorias. En el Distrito Federal se lucha contra la privatización disfrazada del agua y el despojo a pueblos originarios.

Esta coalición diversa se ha involucrado en una doble tarea de denuncia y anuncio. Denuncia las reformas estructurales, sobre todo la energética, como parte de la gran ofensiva contra el derecho humano al agua. A partir de los borradores que se han filtrado adelanta sus críticas a la ley Korenfeld, llamada así por el constructor negociante que hace las veces de director de Conagua. Será un ordenamiento que autorice los trasvases; derive grandes cantidades de agua al fracking; instituya la abdicación del Estado a regular el manejo de sistemas de agua y la minimización de su rectoría en la materia; la destrucción de los sistemas comunitarios; la privatización a la de a fuerzas; la desaparición de la gestión por cuencas. Reduce el derecho humano al agua a la cuestión de tarifas accesibles.

También anuncia, propone. Ha reu­nido varios millares de firmas para respaldar la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas. Incluye una agenda nacional a lograrse en 15 años que contempla: el agua para ecosistemas vitales, agua de calidad para todos, para la soberanía alimentaria. Se propone también terminar con la contaminación de cuerpos de agua y con la sobrexplotación de aguas subterráneas y cuencas, así como los riesgos y desastres causados por el manejo del agua y del territorio.

Lo que abandera esta recién formada Coordinadora Nacional, Agua para Tod@s, Agua para la Vida, es una utopía minimalista, como diría Leonardo Boff, es decir, posible a mediano plazo, no totalizadora, pero con gran potencial de incidencia en el conjunto de la sociedad. Para irla haciendo realidad es necesario divulgarla, explicarla, discutirla con los diversos actores sociales. Hacer conciencia de su importancia, del modelo civilizatorio convivial, del cuidado, de la gratuidad, en que se basa.

Para eso es necesario un ardoroso trabajo organizativo: construir y organizar desde abajo, desde las cuencas y las comunidades. Apoyar las acciones de defensa jurídica, técnica, social y política. Formar, capacitar. Articularse con organizaciones como las de la próxima Convención Nacional Indígena y Campesina o las Jornadas en Defensa de la Tierra, el Agua y la Vida.

Si bien Ayotzinapa es un viaje al corazón de las tinieblas, es necesario congratularnos de los destellos de luz que poco a poco van manando. Esta coordinadora es uno de ellos.

octubre 10th, 2014

Posted In: Columnas mexicanas, Opinión

Etiquetas: , ,

Leave a Comment

sonora

Las autoridades estadunidenses realizan un análisis al agua de un río en Arizona por un nuevo derrame de químicos de la mina Buenavista del Cobre, ubicada en Cananea, Sonora , informó este martes una fuente oficial.

 sonora

23 de septiembre de 2014.-“Dos inspectores de agua del Departamento Medioambiental de Arizona fueron enviados este martes a la región fronteriza donde el río San Pedro llega a Sonora”, dijo un portavoz de la institución.

La mina Buenavista del Cobre, subsidiaria del Grupo México, registró una fuga el 6 de agosto y derramaron 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en el arroyo Las Tinajas, afluente de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Este cauce lleva agua hacia Estados Unidos por los condados de Cochise, Pima Graham, Pinal y Palominas, en Arizona.

El vertido, considerado por el gobierno de México como “el peor desastre ambiental” del país, contaminó el agua de siete municipios y afectó a un total de 20 mil habitantes.

Las autoridades mexicanas detectaron el domingo nuevos escapes de sustancias tóxicas.

Los expertos podrían obtener a lo largo del martes los resultados de las pruebas de pH realizadas.

La mina Buenavista del Cobre es una de las más grandes del mundo, con una producción anual de 200 mil toneladas del metal.

La compañía podría ser condenada a pagar hasta 40 millones de pesos (casi 3 millones de dólares al cambio) si es declarada culpable del vertido, según indicó en agosto la Procuraduría Federal de Protección al Medioambiente de México.

(AFP-La Jornada)

septiembre 23rd, 2014

Posted In: Ambientalistas, Causas Justas

Etiquetas: , , ,

Leave a Comment

rio-sonora

Protección Civil local confirma derrames intencionales, criminales a río de la entidad

Rompe el gobierno de Sonora con minera de Grupo México al negar el paso a inspectores
derrame en rio sonora

 20 de septiembre de 2014.-La Unidad Estatal de Protección Civil (UEPC) confirmó oficialmente que la empresa Buenavista del Cobre, filial de Grupo México, continuó con derrames intencionales de tóxicos al río Sonora después del 6 de agosto, cuando se detectó que había vertido a ese cauce 40 millones de litros de sulfato acidulado, lo que afectó la actividad económica de siete municipios.

La dependencia denunció que la compañía no ha permitido el paso de sus inspectores a las instalaciones de Buenavista del Cobre, y por ello el gobierno del estado “rompe cualquier relación con la minera de Cananea”. En breve se usará la fuerza pública para realizar nuevas inspecciones.

“No nada más no actúa (Grupo México) para contener la contaminación o para remediar lo que ya hizo, sino que el 24 de agosto, porque ya lo conozco, seguimos haciendo inspecciones visuales aéreas, y resulta que un domingo, yo creo que pensaban que jamás revisaríamos en domingo, nos dimos cuenta que la mina puso una motobomba en el represo (habilitado para contener la contaminación generada el 6 de agosto), con la descarga al arroyo. La empresa ha dicho que no lo estaba haciendo, pero es una medida criminal intencional”, indicó Carlos Jesús Arias, encargado de despacho de la UEPC.

Añadió que con fotografías se pudo confirmar que había rastros en el arroyo Las Tinajas de que dicho afluente (conectado a los ríos Bacanuchi y Sonora) recibió descargas intencionales de sulfatos acidulados.

“Dice uno: ‘no puede ser posible, porque una cosa es un accidente y otra es que pudieran haberlo hecho intencionalmente’”, expuso Arias en conferencia de prensa.

Señaló que luego de documentar esas irregularidades, el personal de la mina, de Grupo México, han prohibido al personal de Protección Civil la entrada a sus instalaciones, en violación a las leyes ambientales.

“Ayer ya llevé un notario público para certificar que se nos negó el paso, a pesar de que se les dijo que se iba a verificar que cumplieran con la sanción impuesta de no continuar trabajando (contaminando el río), y pues eso ya lo comenté con el gobernador. Esto no puede seguir así, y por ello se me autorizó a decir que el gobierno del estado rompe cualquier relación con la minera de Cananea.

“La próxima vez que vaya a Cananea iré con la fuerza pública y vamos a entrar, a verificar que se cumpla con las acciones que Protección Civil ordenó”, advirtió.

Abunda agua… pero contaminada

Las lluvias provocadas por el huracán Odile en dos días recientes causaron un histórico flujo de agua en las presas ubicadas en el municipio de Hermosillo, en el cauce del río Sonora, las cuales ya almacenan más de 84 millones de metros cúbicos, cantidad suficiente como para interrumpir por dos años el acueducto Independencia, que extrae agua del río Yaqui para surtir a los habitantes de la capital del estado.

La presa El Molinito almacena 48 millones de metros cúbicos y se encuentra a 36 por ciento de su capacidad, y podría recibir aportaciones que le llevarían a alcanzar su límite de 130 millones de metros cúbicos, expuso César Lagarda Lagarda, delegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El problema que impide por el momento aprovechar el agua es que la presa El Molinito está contaminada por el derrame de tóxicos de la mina Buenavista del Cobre, y la Conagua ha decretado que ese líquido no se puede utilizar actualmente para ninguna actividad.

Si El Molinito llegara al 100 por ciento de su capacidad podría empezar a verter excedentes y entonces el agua iría a dar a la presa Abelardo Rodríguez, ubicada a apenas cinco kilómetros del centro de Hermosillo, la cual tiene el mayor embalse que haya alcanzado en los pasados 14 años, con 36.28 millones de metros cúbicos.

Las autoridades de Conagua aseguran que no habrá problema si El Molinito derrama excedentes al río Sonora, pues para entonces los metales pesados estarán en el fondo de la presa y ahí se mantendrían contenidos, y considera además que con procesos de potabilización el agua será apta para el consumo humano.

septiembre 20th, 2014

Posted In: Ambientalistas, Causas Justas

Etiquetas: ,

Leave a Comment

derrame_intoxicados_interior

18 de septiembre de 2014.-Aumentan a 19 los casos de intoxicación aguda, por el derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora. La mayoría de los casos ha sido por el contacto con agua contaminada.

La severa contaminación de los mantos acuíferos, ocasionado por el descuido de la minera de Grupo México, lo cual a causado en las personas conjuntivitis, dermatitis y males gastrointestinales. 

derrame_intoxicados_interior

En un comunicado se informó que Comisión Sonora del Gobierno de la República y autoridades sanitarias estatales evaluaron el impacto a la salud por el derrame tóxico del 6 de agosto al Río Sonora, en el seno del Comité de Seguridad en Salud que sesiona de manera permanente.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Nacional del Agua presentaron la estrategia general para reabrir paulatinamente 19 de los 29 pozos cerrados de manera preventiva y que suministran agua al 95 por ciento de la población afectada por el derrame.

A partir de hoy  y hasta el 15 de octubre, comenzarán las pruebas del agua de los pozos (dos por día) para determinar la calidad del líquido y resolver si es viable su reapertura de manera definitiva, conforme a la Norma Oficial Mexicana de seguridad del agua para consumo humano.

(La Jornada)

septiembre 18th, 2014

Posted In: Ambientalistas, Causas Justas

Etiquetas: , ,

One Comment

grupomexico

El desastre de Grupo México dejará  perjuicios en la calidad del agua, la salud de los habitantes y la economía de Sonora prevalecerán durante varios años

Exigen suspender actividades en la mina Buenavista del Cobre

Información: Periódico La Jornada 

18 de septiembre de 2014.-El pleno de la Cámara de Diputados exigió la suspensión inmediata de las actividades de la mina Buenavista del Cobre, en Cananea, Sonora, y concluyó que Grupo México es una empresa que gana 4.4 millones de dólares diarios a costa de la pobreza de los sonorenses y de poner en riesgo la vida humana, el entorno ambiental y el desarrollo económico de la región.

grupomexico

Ayer, la cámara validó el informe de la comisión especial que investigó el derrame de sulfato de cobre, la cual anunció que documentará la violación a las leyes por parte de la minera para exigir a la Secretaría de Economía (SE) cancelar la concesión a Grupo México.

Además, aceptó exigir que ese consorcio –encabezado por Germán Larrea– asuma la carga completa del costo social y constituya un fondo regional con un piso mínimo de 5 mil millones de pesos, que permita detonar el desarrollo que la minera ‘‘le ha escamoteado’’ a Sonora.

Los legisladores determinaron que el gobierno de Sonora, a cargo del panista Guillermo Padrés Elías, no aplicó los protocolos de protección civil y recomendaron al gobierno federal estrechar la vigilancia y supervisión a Buenavista del Cobre.

El pleno aplicó el término ‘‘responsabilidad en forma estricta’’ al consorcio minero porque, explicó, desde el punto de vista económico esto evitará la socialización de costos y la disputa por distribuir responsabilidades.

Daños que prevalecerán

Acotó que si bien un primer informe de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) refiere daños económicos de más de 702 millones de pesos, los perjuicios en la calidad del agua, la salud de los habitantes y la economía de Sonora prevalecerán durante varios años.

También aceptó solicitar al gobierno federal aplique una sanción ejemplar, penal, social y administrativa a la empresa de Germán Larrea ‘‘y a los mandos directivos que resulten responsables’’ de lo que la Cámara de Diputados definió como una catástrofe causada por la indolencia de la minera, ‘‘que incurrió en delitos en materia ambiental’’.

El documento aprobado este miércoles cuestionó que la minera tiene un historial negativo y de impunidad, no protege la salud de sus trabajadores, a los que únicamente proporciona mascarillas de papel, y por tanto ‘‘no puede ser considerada empresa socialmente responsable’’.

La comisión propuso que se haga una evaluación de los daños en dos etapas: determinar las consecuencias biofísicas del derrame tóxico, y cuantificar las pérdidas económicas asociadas a las consecuencias biofísicas.

Al respecto, consideró que la mina Buenavista del Cobre, subsidiaria de Grupo México, es estrictamente responsable por tres tipos genéricos de costos: de mitigación y limpieza del daño; daños particulares a jornaleros, productores, comercio, ganaderos, hogares y en los niveles de morbilidad presente y futura atribuible al derrame, y por daños a recursos de la nación, aguas superficiales, recursos del subsuelo y ecosistemas.

También definió que los daños causados por el derrame incluyen, entre otros, los siguientes cambios adversos: a la sobrevivencia, crecimiento y reproducción de las especies asociadas a las actividades agropecuarias; a los procesos ecológicos; en la calidad y estructura del hábitat físico y químico humano y de la biosfera; en los servicios públicos, y en la conducta, ingreso y composición de las comunidades.

‘‘El monto de los daños es aún incuantificable y debe considerarse que el total se fije en el orden de miles de millones de pesos, considerando lo que dejaron de percibir los pobladores y añadiendo las indemnizaciones, las multas del orden administrativo que deberá pagar la minera, la responsabilidad civil y penal, así como las consecuencias en consumidores finales de productos de la región que hayan sido contaminados’’, explicó.

El pleno respaldó las observaciones de la comisión especial en su visita de inspección a Cananea, donde encontraron ‘‘indolencia y poca disposición de los responsables de Grupo México para reconocer la gravedad del daño ambiental y social, así como de hacerse cargo de las indemnizaciones y acciones que deben realizar y son responsabilidad del grupo empresarial’’.

Entre los hechos que muestran la indolencia de la compañía, los diputados mencionaron que durante el recorrido en helicóptero ‘‘se observó ganado abrevando en el río sin alguna prevención ni restricción sanitaria, que son obligatorias en situación de emergencia’’.

La Cámara de Diputados definió que la responsabilidad al causante del desastre debe incluir al menos la compensación por el valor económico-social perdido a causa del incidente, restauración física de los daños ambientales, sanciones del orden civil y penal atribuibles a los factores causales del derrame y suspensión indefinida de la extracción y transformación de cobre.

Al respecto, planteó que las autoridades correspondientes cuantifiquen los daños económicos, sociales y ambientales, a aguas nacionales y a la biosfera, a corto, mediano y largo plazos, y en general los causados a los 24 mil 48 habitantes de los municipios Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures.

Más aún, reprochó que Grupo México ‘‘sigue exponiendo al peligro a la población afectada’’, porque no ha realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados.

‘‘Se puede apreciar claramente que el tubo que se refiere roto y del cual emanaba la sustancia derramada no ha sido arreglado, mismo que, junto a una pileta a medio construir río abajo, y una tercera pileta que no se construyó, constituyen una clara violación a las normas que se emiten para la operación de una mina de esta naturaleza’’, detalló el informe.

Además, los diputados comprobaron que para la magnitud del derrame ‘‘se observaron pocos trabajadores en labores de limpieza, además de que la arena que se retiraba del afluente se llevaba a espacio a cielo abierto junto a Buenavista del Cobre, en Cananea’’, y las únicas herramientas que utilizaban eran picos y palas.

También se recomendó garantizar servicios de salud que atiendan las repercusiones presentes y futuras provocadas por el derrame y realizar estudios para determinar si la región presenta mayor incidencia de enfermedades imputables al desastre como cáncer, malformaciones, padecimientos crónico-degenerativos y envenenamiento paulatino.

 

 

septiembre 18th, 2014

Posted In: Ambientalistas, Causas Justas, Destacado

Etiquetas: , ,

Leave a Comment

riosonora

Análisis sobre los crímenes de Germán Larrea. Genocidio y Ecocidio en complicidad con el gobierno

El gobierno de la República anunció la creación de un fideicomiso de dos mil millones de pesos, financiado por Grupo México, para reparar los daños ambientales y materiales causados por el derrame 40 mil metros cúbicos de Sulfato de Cobre.

Tras el reciente acuerdo, ya no se presentará la demanda por responsabilidad ambiental ya que la empresa se comprometió a hacer los pagos necesarios para remediar los daños ocasionados por la contaminación a los ríos Sonora y Bacanuchi.

– Los genocidios e impunidad de los Larrea y su Grupo (homicida) México

El envenenamiento con sulfato de cobre en el afluente del Río Sonora, de nombre Bacanuchi, que Germán Larrea y sus capataces –que acumulan ya 72 recomendaciones por las inseguridades y descuidos en la mina Buenavista del Cobre– in-ten-cio-nal-men-te contaminaron, incluyendo los pozos y el uso potable del líquido, ha sido un hecho más de los no menos de 20 casos en los que mineros, el medio ambiente y arroyos han sufrido por los abusos de la familia Larrea, siempre escondida para no dar la cara.- 

– Más de 50 años de complicidad entre Larrea y el Gobierno mexicano

Así, desde hace más de 50 años que el Grupo (homicida) México explota las minas, sobre todo de cobre, y es dudoso que notifique el total de su extracción para eludir el pago de impuestos. 

 

septiembre 12th, 2014

Posted In: Tendencias

Etiquetas: , ,

One Comment

contraGrupo-México

Propondrán diputados analizar la concesión de Grupo México

Piden que la empresa cumpla con los damnificados, instrumente la regulación ambiental y garantice las condiciones de seguridad de su operación

Sin reparar, el tubo causante del derrame tóxico, dicen

(Por Enrique Méndez y Roberto Garduño | La Jornada)

12 de septiembre de 2014.-La comisión especial de la Cámara de Diputados que investiga el derrame de sulfato de cobre acidulado en los ríos Sonora y Bacanuchi propondrá ‘‘analizar los términos de la concesión’’ otorgada al Grupo México, que maneja la mina de Cananea, en tanto la empresa de Germán Larrea no cumpla con los damnificados, la regulación ambiental y garantice condiciones de seguridad en su operación.

contraGrupo-México

La instancia legislativa también solicitará al gobierno federal ‘‘una sanción ejemplar, tanto penal como administrativa, en contra de la empresa minera Grupo México’’, una vez que los diputados de todos los partidos corroboraron la semana pasada que la subsidiaria Buenavista del Cobre mintió sobre el origen del derrame y escondió el hecho al menos dos días.

La comisión especial de San Lázaro revela, en un documento de trabajo que servirá para elaborar el informe final que será entregado el 17 de septiembre a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que el tubo del cual se derramaron 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre ‘‘no ha sido arreglado’’, esto es, la fuga continúa.

Entre las propuestas incluidas en el documento que servirá de base del informe final, del que La Jornada tiene copia, se plantea constituir un fideicomiso tripartito entre el gobierno federal y estatal, así como Grupo México, para que puedan pagarse las indemnizaciones a 24 mil 48 habitantes afectados de los municipios de Arizpe, Banámichi, Huépac, Aconchi, Baviácora, San Felipe de Jesús y Ures.

Para la comisión, Grupo México, a través de su subsidiaria Buenavista del Cobre, ‘‘mintió desde un primer momento, ya que pasaron varios días en que tuvo conocimiento del derrame y no avisó a las autoridades correspondientes, dejó que se siguieran contaminando las aguas y después señaló que el derrame fue a causa de las lluvias, lo que fue desmentido por la Comisión Nacional del Agua (Conagia) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)’’.

El informe concluye que Grupo México y su subsidiaria Buenavista del Cobre ‘‘mostraron indolencia ante la magnitud del problema, por lo que pusieron y siguen poniendo en peligro a las poblaciones afectadas y no cabe la menor duda de que han incurrido en delitos en materia ambiental’’.

Los diputados de la comisión especial realizaron, la semana pasada, un sobrevuelo en helicóptero por la zona afectada: ‘‘Esta comisión especial detectó diversas irregularidades por parte del Grupo México, ya que durante el sobrevuelo en la región se observó que no se han realizado las reparaciones necesarias a la infraestructura de represos de lixiviados de la minera Buenavista del Cobre, los cuales ocasionaron el derrame de sustancias tóxicas’’.

El texto recuerda que el pasado 6 de agosto, debido a una falla en la tubería de salida de un represo de la mina, se provocó un derrame de más de 40 mil metros cúbicos de lixiviados de cobre (CuSO4), arsénico, cadmio, cromo, mercurio y ácido sulfúrico en el río Bacanuchi, afluente del río Sonora.

Al día siguiente, habitantes de la zona informaron a la Unidad de Estatal de Protección Civil del gobierno de Sonora de la coloración inusual del cauce, pero la empresa notificó el 8 de agosto vía telefónica y formalmente apenas el 12 de agosto.

‘‘Se constató que la empresa mintió al no informar del derrame e incluso fue sorprendida días después, de acuerdo con lo señalado por funcionarios federales, canalizando y bombeando las sustancias contaminantes al río’’, resalta el reporte.

La primera justificación de la minera fue que el derrame se ocasionó por lluvias atípicas, lo cual no ocurrió, como demostraron el Servicio Meteorológico Nacional y la Conagua. Entonces, la compañía atribuyó el incidente a la ruptura de un tubo del represo construido por Terracería, Construcciones y Vías Férreas (Tecovifesa), compañía que participó en la obra del Acueducto Independencia, promovida por el gobernador panista Guillermo Padrés Elías.

La comisión refiere que en la reunión de trabajo con directivos de la empresa, éstos hicieron un diagnóstico preliminar del origen del derrame. ‘‘Lo atribuyen al contratista Tecovifesa, indicando que la empresa no soslayará su compromiso de reparar las afectaciones ambientales provocadas por el derrame’’.

Tecovifesa es propiedad de Miguel Ángel Ayala Guerrero, ex presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción.

La comisión comprobó ‘‘que para la magnitud del problema, en el lecho del río Sonora se observaron pocos trabajadores en labores de limpieza, además de que la arena que retiran del afluente la están llevando a una presa a cielo abierto junto a la minera Buenavista del Cobre, de Cananea’’.

Incluso, la comisión recomienda que ‘‘ante tales circunstancias la mina no debiera estar en operación, porque no sabemos dónde se están depositando los desechos tóxicos’’.

Como expresó hace unos días el presidente de la comisión especial, Marco Antonio Bernal (PRI), el reporte asegura que en el castigo ejemplar para Grupo México ‘‘lo que está en juego son las capacidades reguladoras y sancionadoras del Estado mexicano, y esta Cámara de Diputados está obligada a ponderar las herramientas jurídicas con las que se cuenta y, en su caso, ante la precariedad o ausencia de ellas, dotar al Estado del fundamento legal que se requiera para hacer efectivas sus capacidades reguladoras y sancionadoras’’.

Los diputados también se reunieron con funcionarios federales que fueron expulsados por Padrés Elías, luego de que éstos confirmaron que el gobernador construyó una represa para su uso personal.

En el encuentro participaron el delegado de la Secretaría del Medio Ambiente, Jorge Andrés Suilo Orozco; el delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Jorge Carlos Flores Monge; el delegado de la Secretaría de Agricultura, Horacio Huerta Ceballos, y el director del Organismo de Cuenca Noroeste de la Conagua, César Alfonso Lagarda Lagarda.

‘‘De la reunión con los delegados federales pudimos constatar que al momento del derrame, el material contaminante era de al menos 40 mil metros cúbicos, equivalente a 4 mil pipas; 5 mil hectáreas siniestradas; 24 mil personas afectadas; 35 pozos de agua potable cerrados y 320 de uso agrícola y ganadero. El impacto económico es aún incuantificable y merecerá un monitoreo por lo menos los próximos cinco años’’, describe la comisión.

Los diputados solicitaron a la Comisión Estatal de Protección Civil las actas del comité de emergencia; también lo hicieron al gobierno de Padrés Elías. ‘‘Al día de hoy no han sido entregadas’’, lamenta.

Señala que los funcionarios federales revelaron que el gobierno del estado ‘‘no ha explicado en función de qué se está indemnizando ni cómo se han cuantificado los daños, ni tampoco con qué recursos se está pagando a los pobladores afectados. Hacen falta acciones urgentes y estructurales, como el retiro de la arena contaminada que la empresa no ha realizado; solamente y por un día la empresa mandó a una cuadrilla en un kilómetro del cauce a echar cal; afirmaron que no han visto a nadie trabajando, por lo que la tarea estructural, que es la restauración ambiental, llevará años’’.

septiembre 12th, 2014

Posted In: Ambientalistas, Causas Justas, Destacado

Etiquetas: , ,

One Comment

rio-sonora

Razonamiento de Grupo México a comisión de diputados

‘‘Ni muertos ni enfermos del estómago’’: minera

Por Enrique Méndez y Roberto Garduño | La Jornada

11 de septiembre de 2014.-La minera Buenavista del Cobre, asentada en la veta más grande del planeta con ese metal, subsidiaria de la empresa Grupo México y propiedad de la familia Larrea, incumplió con el artículo 156 de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental, al no construir al menos tres piletas de contención, por lo que el derrame de sulfato de cobre acidulado contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora el pasado 6 de agosto.

rio-sonora

La comisión especial constituida en la Cámara de Diputados para elaborar un informe sobre este caso corroboró que la empresa también violó la norma 159 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) del año 2011. Ésta regula los derrames peligrosos y la mina la contraviene, porque transporta los residuos a los ‘‘jales’’ (contenedores a ras de tierra donde se almacenan desechos de la vieja mina), vertiendo miles de litros del sulfato para que esos contaminantes se filtren través de la montaña, reintegrando los fluidos a los lechos sin considerar que el contaminante es un metal pesado y afectará durante decenas de años el entorno.

Sobornan a habitantes

El argumento al que han recurrido tanto el gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, como la empresa, representada por Joaquín Rojo de la Vega, director de proyectos especiales; Irma Potes, subdirectora de desarrollo comunitario; Amaranta Guerrero, directora jurídica, y Horacio Sánchez Unzueta, abogado de Germán Larrea y ex gobernador de San Luis Potosí, redunda en lo siguiente: ‘‘No se ha registrado ninguna muerte en animales, tampoco en personas, y mucho menos se han detectado enfermos del estómago’’.

Grupo México aduce haber hecho todo lo necesario para mitigar los efectos de la contaminación. Además, la instancia legislativa encontró que la minera está pagando de 2 mil a 3 mil pesos a los habitantes afectados para que desistan de una futura demanda por daños a la salud.

Al consultar a la diputada Lilia Aguilar (PT) en torno a la situación, dijo: ‘‘Grupo México trata de desviar su responsabilidad al culpar ahora a una empresa proveedora de tubos y soldadura defectuosos’’.

En una historia que apunta a la responsabilidad de la minera, el consorcio de Germán Larrea ha develado su cercanía con el gobernador Guillermo Padrés, cuyo ‘‘liderazgo’’ conduce los trabajos para mitigar los graves efectos al entorno y sobre todo a los seres humanos de la región.

La semana pasada, la comisión especial se presentó en el lugar del desastre y ahí se instaló ‘‘un montaje de la empresa para que los diputados viéramos que traían brigadas uniformadas de trabajadores y que éstas trabajaban limpiando con cal el agua y la tierra que aún permanece estancada en el lugar del siniestro’’, confió Lilia Aguilar.

Joaquín Rojo de la Vega, funcionario de la minera, incurrió en contradicciones frente al grupo de legisladores. Adujo que Grupo México ha resuelto el problema suscitado en la pileta donde se resguardaban los 40 mil metros cúbicos; no obstante, ‘‘aceptaron que no avisaron y nos dijeron que les falló la soldadura de un tubo, del que están esperando que les responda el proveedor’’, dijo la diputada.

‘‘Nosotros les dijimos que la concesión se encuentra en vilo, porque ellos incumplieron los protocolos de seguridad. Y sobre todo no saben qué hacer, porque primero acusaron que el desastre ocurrió por los altos niveles de lluvia y después argumentaron que se trató de la falla de una soldadura. ¡Eso es inaudito!’’

El recuento de las acciones de la minera y el gobierno de Sonora se sustenta en el abastecimiento de agua potable, la limpieza de los ‘‘pequeños’’ residuos de contaminación en el área afectada y la participación de 30 trabajadores comunitarios en las poblaciones ribereñas que reparten gel antibacterial, botellitas de agua potable y un kit de salud.

Aquel escenario contrastó con la visión de la mayoría de los diputados, a quienes los pobladores les advirtieron que, frente a la ‘‘abulia y omisión’’ de Grupo México y el gobierno de Guillermo Padrés, ‘‘si llueve nos va a llevar la chingada’’.

Esa preocupación de los moradores de la ribera de los ríos Bacanuchi y Sonora se sustenta en el incumplimiento de la minera, porque sólo operaba una pileta de contención del sulfato de cobre. Su obligación fue haber levantado tres, porque si se desborda una, el material líquido corre a la siguiente, y si (también) se desborda ésta –en caso extremo–, corre hasta la tercera. En el caso de la mina Buenavista del Cobre, la segunda pileta apenas se encuentra en construcción.

En imágenes aéreas se observa la sedimentación del sulfato, y al preguntar a la diputada Aguilar sobre el estado del sitio, replicó: ‘‘Cuando les pedimos los planos de las piletas la empresa no hizo nada por entregarlos. Por su parte, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) nos dijo que se trataba de 40 mil metros cúbicos, y al preguntarle al delegado nos indicó que la información a ellos se las dio la minera. Así que los 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre no es una medición de Conagua, es una aproximación de la empresa.

‘‘Lo único que descubrimos fue un bordo: el 6 de agosto pasó el accidente y 29 horas después se dieron cuenta de lo que estaba pasando porque una doctora de Bacanuchi se percató de que el agua del río bajaba de color rojo, y le empezó a llegar gente con la piel irritada y descarapelada; subió fotos al Facebook y así se enteró el presidente municipal.

‘‘Y el alcalde le habló al gobierno del estado 29 horas después: a la empresa se le desbordó la primera pileta, no tiene una segunda y los cabrones levantaron un bordo para que no se saliera el agua. Empezaron a taponear para que el agua no bajara a los pueblos. La mina supo antes y no sólo no avisó, sino que trató de ocultarlo con el bordo. Ahí están los árboles quemados.’’

La situación se agravó para la población porque en Cananea desde hace cinco años el servicio de salud es deficiente, pues los mineros no tienen Seguro Social. El ‘‘sindicato blanco que impuso’’ el entonces secretario del Trabajo, el panista Javier Lozano Alarcón, aceptó un contrato colectivo sin esa prestación, a lo que la diputada Aguilar agregó: ‘‘¡Germán Larrea no paga Seguro Social. Es un cabrón!’’

Esa condición de pobreza y abandono contrasta con el campo de golf y las casas campestres aledañas a Cananea, donde viven los funcionarios de la empresa. Además, a la población ribereña le racionan el agua.

 

septiembre 11th, 2014

Posted In: Ambientalistas, Causas Justas, Destacado

Etiquetas: , , ,

One Comment

Página siguiente »