Tras años de impunidad PGR se disculpa con indígenas que acusó y condenó por un delito fabricado

Hace 11 años que elementos de la Procuraduría General de la República apresaron y condenaron irregularmente a tres indígenas hñähñú por presuntamente secuestrar a elementos de la extinta AFI.

 

PGR disculpa

Regeneración, 21 de febrero de 2017.- Luego de años de lucha, las tres mujeres indígenas hñähñú acusadas por la PGR por el secuestro de seis elementos de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), finalmente recibieron una disculpa pública de la Procuraduría.

El evento de reconocimiento de inocencia y disculpa pública, se realizó hoy a las 12:30 horas en el Museo Nacional de Antropología e Historia, en presencia de las tres mujeres indígenas son Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, quienes pasaron más de tres años en prisión, así como el titular de la PGR, Raúl Cervantes y miembros del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes tomaron la defensa legal de las tres mujeres, entre otras personas.

“Este día ocurrirá un evento inédito”, dijo el Centro PRo en un comunicado, “Jacinta Francisco, Teresa González y Alberta Alcántara, mujeres indígenas hñähñú, otomíes de Querétaro, recibirán las disculpas de la PGR, la misma institutción que hace más de una década las acusó de un delito que no cometieron. Las tres mujeres indígenas, cabe recordar, fueron responsabilizadas sin pruebas, de haber secuestrado a seis policías de la Agencia Federal de Investigaciones, la AFI entonces, en un proceso repleto de irregularidades, y y aunque recuperaron su libertad hace seite años, no dejaron de luchar desde entonces por el reconocimiento de su inocencia”.

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La disculpa no será gratuita, sino el resultado de años de pugnas en los tribunales luego de que se comprobara que las mujeres fueron inculpadas sin pruebas y pisoteando sus derechos.

Las indígenas Teresa, Alberta y Jacinta pasaron tres años y ocho meses encarceladas por tres delitos: mujer, indígena y pobre. Por todo ello estuvieron mil 335 días tras las rejas acusadas de un secuestro inverosímil. Eso es lo que sostiene un tribunal federal, que no solo las dejó en libertad, sino que ha obligado a las instituciones a pedir perdón; en voz alta y en lugar visible.

El calvario de Teresa, Jacinta Marcial y Alberta Alcántara comenzó un domingo de marzo de 2006 por una bronca callejera entre los vendedores ambulantes del pueblo y un grupo de policías.

Las tres indígenas hñähñú, vendían muñecas de trapo, verduras y aguas frescas en la plaza de Santiago Mexquititlán, Querétaro, cuando seis agentes federales se presentaron en el lugar con intención de decomisar presunta mercancía ilegal.

Sin embargo, la operación terminó en trifulca cuando los vendedores plantaron cara y la policía destruyó parte de la mercancía. Iracundos, los comerciantes retuvieron a los agentes mientras exigían el pago de los destrozos. Aquel domingo terminó cuando los policías abandonaron el lugar, dejando a dos compañeros como garantía, y volvieron humillados y con el dinero horas más tarde.

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Pero la venganza regresó al pequeño pueblo cuatro meses después.

La policía detuvo en su casa a Teresa, Alberta y Jacinta —quien no hablaba español—y fueron condenadas con una surrealista sentencia; tres mujeres de metro y medio de altura, condenadas a 21 años y de cárcel por el secuestro de seis policías de la Agencia Federal de Investigación (AFI), el cuerpo de élite creado por Vicente Fox para combatir el crimen organizado.

El caso llegó a oídos de Amnistía Internacional y el Centro de DDHH Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) quien se hizo cargo del cargo y emprendió una batalla legal que termina hoy al lograr una disculpa sin precedentes. Una anomalía en un contexto donde entre el 95 y el 98% de lo delitos quedan en la impunidad.

Anteriormente en México ha habido actos de perdón público pero siempre por imposición de tribunales internacionales. En este caso la sentencia obliga a que sea uno de los pesos pesados en la estructura del Estado, el Procurador General de la República, Raúl Cervantes, sea quien pronuncie la palabra “disculpa”.

Ya en el evento, Raúl Cervantes se disculpó y dijo: “Reconozco públicamente su inocencia, respecto de los delitos que se les atribuyeron y por los que de forma injusta fueron privadas de su libertad; lo anterior en cumplimiento de la sentencia dictada por el tribunal de justicia fiscal y administrativa el 20 de noviembre de 2013 y con estricto apego a lo establecido por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver que las pruebas en su contra no resultaban suficientes para demostrar la existencia de las conductas que les fueron atribuidas de manera infundada”.

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