Wikileaks, derecho internacional y crímenes de guerra

Por Chase Madar * Quien desee conocer un vivo ejemplo de los métodos de guerra modernos acordes con las leyes de la guerra –ese cuerpo de normas minuciosamente elaborado durante siglos por juristas, humanitarios y militares, un código de reglas que ahora forma parte esencial e institucionalizada de las fuerzas armadas de EE UU y de hecho de todos los ejércitos modernos– debería ver el siguiente vídeo:

http://collateralmurder.com/.

Un momento: ¡si es el vídeo de los “asesinatos colaterales” publicado por WikiLeaks! La visión a través de la mira telescópica de un helicóptero Apache que abre fuego desde más de medio kilómetro de distancia sobre una aglomeración de iraquíes –unos cuantos hombres armados, una mayoría de civiles desarmados, incluidos dos empleados de la agencia Reuters– que recorren las calles de un suburbio de Bagdad sin sospechar nada en un día de julio de 2007. Mirad, si podeiss soportarlo, cómo la tripulación del helicóptero dispersa a la gente a tiros, matando al menos a una docena de personas, y tomándose la molestia de rematar a los heridos cuando tratan de arrastrarse a un lugar seguro. (También se puede oír a la tripulación del helicóptero haciendo burla todo el rato.) Cuando llega una furgoneta para atender a los supervivientes, el Apache también abre fuego sobre ella, matando a unos cuantos más e hiriendo a dos niños pequeños.

La matanza grabada en este vídeo, el que más sensación ha causado entre las revelaciones de WikiLeaks, fue ampliamente calificada de atrocidad y condenada en todo el mundo, y muchos entendidos dijeron que se trataba sin duda de un “crimen de guerra”. Pero ¿fue esa masacre de verdad un “crimen de guerra”, o simplemente un acto de guerra normal y corriente? No se trata de un juego de palabras. En efecto, no está nada claro si este hecho, por atroz y terrorífico que sea, violó las leyes de la guerra. Algunos han aducido que la masacre, si fue legal, estaba por tanto justificada y, aunque sin duda desafortunada, no era nada del otro mundo. Pero se puede sacar una conclusión diametralmente opuesta: que la “legalidad” de este acto constituye una denuncia de las leyes de la guerra tal como las conocemos.

La reacción de las organizaciones humanitarias ante el vídeo de la matanza fue muy débil, por decir algo. Las tres grandes organizaciones de derechos humanos –Human Rights Watch (HRW), Amnistía Internacional y Human Rights First– no reaccionaron con ponencias y duros comunicados de prensa, sino con el silencio. HRW omitió cualquier mención del vídeo en su informe sobre los derechos humanos y crímenes de guerra en Irak, publicado casi un año después de que se divulgara el vídeo. Amnistía tampoco dijo nada. Gabor Rona, director jurídico de Human Rights First, me explicó que no había pruebas suficientes para dilucidar si se habían violado las leyes de la guerra y que su organización no había cursado solicitudes amparadas en la Ley de Libertad de Información con vistas a obtener más pruebas sobre el asunto.

Este silencio colectivo, conviene señalarlo, no se debe a que estos grupos humanitarios, que llevan a cabo una labor importante, sean cobardes o estén “vendidos”. La razón es otra: los tres grupos de defensa de los derechos humanos, al igual que la propia doctrina de derechos humanos, se ocupan principalmente de cuestiones de legalidad. Y por muy atroz que fuera el hecho, simplemente no hubo una clara violación de las leyes de la guerra en la que los humanitarios profesionales pudieran apoyarse.

Las organizaciones de derechos humanos no están solas cuando consideran que el hecho es escandaloso, pero conforme con las normas de la guerra. Como explicó el profesor Gary Solis, un destacado experto en la materia, a Scott Horton, del Harper’s Magazine, “me parece improbable que un investigador neutral e imparcial concluyera que el personal del helicóptero había violado las leyes relativas a los conflictos armados. La culpa jurídica no siempre acompaña a la muerte inocente.” Que quede claro que Gary Solis no es un radical neocon; ha enseñado en la London School of Economics y en la Universidad de Georgetown y es autor de un libro de texto que sienta cátedra sobre el tema, y además fue un crítico implacable del Gobierno Bush-Cheney.

La guerra y el Derecho “humanitario” internacional

El “Derecho humanitario internacional” es el eufemismo exagerado con que se suelen designar las leyes de la guerra. El caso es que éstas se ocupan menos de limitar la violencia militar que de autorizarla. Tal como se ha aplicado a las guerras recientes de EE UU, este cuerpo legal resulta milagrosamente acomodaticio con respecto a las prerrogativas de un ejército de ocupación. Hay otro ejemplo reciente de una atrocidad en tiempos de guerra que es perfectamente legal y no constituye un crimen de guerra. Gracias a los documentos revelados por WikiLeaks sobre Irak, ahora tenemos conocimiento de las prácticas de tortura llevadas a cabo comúnmente por carceleros e interrogadores iraquíes durante la invasión y ocupación estadounidense. Contamos con documentos militares de EE UU que demuestran prácticas de tortura sexual, de amputaciones de dedos y extremidades, de palizas tan graves que regularmente causaron la muerte de las víctimas.

Sin duda el hecho de estar presente y tomar notas mientras personas iraquíes que uno ha liberado supuestamente de la tiranía están siendo torturadas, en ocasiones hasta la muerte, constituye una violación de las leyes de la guerra. Después de todo, en 2005 el general Peter Pace, entonces presidente el Estado Mayor Conjunto, contradijo públicamente a su jefe, el ministro de Defensa Donald Rumsfeld, comentando a micrófono abierto que “todo militar estadounidense tiene absolutamente el deber de detener actos de tortura dondequiera que vean cometerlos.” (Un joven soldado que trabajaba en el servicio de inteligencia del Ejército, Bradley Manning, al enterarse de que un grupo de civiles iraquíes que repartían panfletos que denunciaban la corrupción gubernamental habían sido detenidos por la policía iraquí, planteó sus preocupaciones a su superior sobre la posibilidad de que fueran torturados. Por lo visto le contestaron que cerrara el pico y se pusiera a trabajar para ayudar a las autoridades a encontrar a más detenidos.)

Resultó que la exhortación del general Pace chocaba tanto con la política oficial como con la ley: la “Fragmentary Order 242”, emitida por el Pentágono de Rumsfeld, declaró política oficial que las tropas ocupantes estadounidenses no debían interferirse en prácticas de tortura por parte de las fuerzas iraquíes. Y esto, según algunos expertos, tampoco supone una violación de las leyes de la guerra. Aunque se explayan sobre los límites impuestos a los actos cometidos por combatientes no estatales que no forman parte de ejércitos modernos, los Convenios de Ginebra son notablemente parcos con respecto a las obligaciones de los ejércitos de ocupación. Como me indicó Gary Solis, el artículo nº 1 del IV Convenio de Ginebra solo impone el vago deber de “hacer respetar” a los prisioneros entregados a terceros. Sobre el terreno en Irak o Afganistán, esta expresión supone una obligación carente de significado.

Parte del problema es que las leyes de la guerra que aspiran a limitar la fuerza letal se aplican a menudo sin convicción y se incumplen sistemáticamente. Ethan McCord, el soldado estadounidense que salvó a los dos niños heridos de la furgoneta que sale en el vídeo, recuerda un conjunto de instrucciones que recibió del comandante de su batallón: “Cada vez que vuestro convoy sea blanco de un dispositivo explosivo improvisado, quiero fuego en 360 grados a la redonda. ¡Matad a todo [insulto] que ande por la calle!” (“Esa orden,” me dijo David Glazier, un jurista del Instituto Nacional de Justicia Militar, “es a todas luces un crimen de guerra.”) En otras palabras, las normas de enfrentamiento que se supone obligan a las tropas de ocupación en lugares como Afganistán e Irak se menosprecian e ignoran en muchos casos, según numerosos expertos e investigadores.

Atrocidad legalizada