Los negocios del ex socio del director de Pemex

Los negocios de Carlos Ruiz Sacristán, ex socio del actual director de Pemex Emilio Lozoya. Contratos por adjudicación directa. La paraestatal utiliza sus filiales para adjudicar miles de millones de dólares a extranjeros y a un pequeño círculo de mexicanos en el Gasoducto Los Ramones y evitar la inspección de la Auditoría Superior de la Federación

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 César Cepeda/Reporte Índigo

Regeneración 12 de julio 2014. La participación de empresas privadas en Pemex ocurre mientras los legisladores federales retomaron ayer la discusión de la reforma energética en el Congreso

La Auditoría Superior de la Federación realizó observaciones sobre la operación de las empresas filiales de Pemex, como TAG Pipelines, que usa a PGPB, para llevar a cabo sus alianzas con las compañías trasnacionales

Pemex recurrió a su oscuro y discrecional entramado de empresas y sociedades offshore para adjudicar a compañías extranjeras los contratos para la construcción del Gasoducto Los Ramones.

 Una red conformada por holdings  y compañías unimembers (con un sólo socio) que ha constituido Pemex Gas y Petroquímica Básica, el organismo subsidiario de Pemex, para realizar alianzas con polémicas empresas transnacionales como Sempra Energy.

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Reporte Indigo publicó ayer que, con o sin reforma energética, detrás de la construcción del Gasoducto Los Ramones están los grandes consorcios extranjeros que se dedican al negocio mundial de los hidrocarburos.

 La constructora italiana Bonatti, la norteamericana Fluor Corporation y la brasileña Odebrecht, son las compañías que en realidad ejecutan el proyecto de infraestructura energética más importante del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto.

Pemex adjudicó esta obra estimada en 2 mil 500 millones de dólares –no a través de un proceso de licitación pública- sino de manera directa a su oscuro conglomerado de empresas filiales.

El fallo benefició a la empresa TAG Pipelines, S. de R.L. de C.V., una sociedad que Pemex constituyó hace dos años exclusivamente para desarrollar y ejecutar el proyecto de Los Ramones.

 TAG Pipelines fue constituida el 2 de marzo de 2012, por MGI Supply Ltd. y MGI Enterprises Ltd., sociedades offshore constituidas por PGPB en el paraíso fiscal de las Islas Caimán.

Estas compañías aportaron 686 millones de pesos de capital social para la creación de TAG Pipelines, recursos provenientes de sus flujos y operaciones que realiza PGPB en el mercado mundial del gas natural.

MGI Supply y MGI Enterprises son empresas filiales que forman parte de este complicado conglomerado de compañías que encabeza Grupo Mex Gas, consorcio que Pemex utiliza para la compra y venta de hidrocarburos. 

Las dos son sociedades sin estructuras, reguladas por el derecho privado y jurídicamente separadas del Gobierno federal. 

No son consideradas entidades paraestatales porque, de acuerdo a Pemex, se constituyeron conforme a la legislación de las Islas Caimán. Es decir: sus operaciones financieras no se reportan en la Cuenta Pública que presenta Pemex, ni aparecen en el presupuesto ejercido por PGPB.

 La Auditoría Superior de la Federación –la ASF- realizó observaciones sobre la operación de las empresas filiales de Pemex, como TAG Pipelines que usa a PGPB para llevar a cabo sus alianzas con las compañías trasnacionales.

MGI Supply y MGI Enterprises constituyeron hace dos años TAG Pipelines. 

Fue precisamente esta empresa, la que firmó y pagó en el 2012 los derechos de vía a los propietarios de los terrenos afectados por los trabajos  del Gasoducto Los Ramones. 

Un ducto de casi 900 kilómetros de longitud que cruza los estados de Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.

Pero TAG Pipelines no cuenta con personal ni equipos para construir esta obra de infraestructura planeada para importar gas natural desde el estado de Texas. 

Así que TAG Pipelines firmó un contrato de prestación de servicios para traspasar la obra a Gasoductos de Chihuahua, una empresa en la que Pemex comparte la mitad de las acciones con el consorcio Sempra Energy.

Esta compañía es dirigida en México por Carlos Ruiz Sacristán, director de Pemex en 1994 y compañero del actual director de la paraestatal, Emilio Lozoya, cuando ambos eran parte del consejo de administración de la constructora OHL.

Pero en realidad Gasoductos de Chihuahua  no lleva a cabo la construcción de este ducto en los estados del norte de México. 

Son las grandes empresas internacionales que se dedican al negocio mundial de los gasoductos las que construyen esta obra. 

La compañía italiana Bonatti S.P.A. firmó un contrato EPC (llave en mano) con TAG Pipelines, para hacerse cargo del tramo de 114 kilómetros desde Camargo, Tamaulipas, hasta Los Ramones, Nuevo León.

Un contrato similar firmó la brasileña Odebrecht con la filial de Pemex (denominada en este convenio como TAG Pipelines Norte) para la construcción de la segunda fase de Los Ramones, un tramo que supera los mil millones de dólares.

Este contrato incluye la construcción de 441 kilómetros de ductos entre los estados de Nuevo León y San Luis Potosí.

Para la segunda etapa de Los Ramones II, que comprende los estados de San Luis Potosí hasta Guanajuato, Pemex creó la filial TAG Pipelines Sur en sociedad (no con Sempra Energy esta vez) sino con la francesa GDF Suez.

Este contrato de 743 millones de dólares fue adjudicado directamente al consorcio conformado por la empresa norteamericana Fluor Corp en sociedad con la mexicana ICA.

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La participación de empresas privadas en las obras de Pemex ocurre mientras en el Congreso de la Unión los legisladores federales retomaron ayer la discusión de la reforma energética porque están por aprobarse las leyes secundarias.

El proyecto Gas Natural Los Ramones, la obra de infraestructura energética más ambiciosa que se ha iniciado en el actual sexenio, consiste en la construcción de un gasoducto de casi mil kilómetros.

Un ducto que inicia en Agua Dulce, Texas, y que concluirá en el municipio de Apaseo El Alto, en el estado de Guanajuato.

El plan de esta obra es importar gas natural desde el sur de Texas y abastecer a los estados de Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro y Guanajuato.

Se espera que los trabajos del gasoducto estén terminados en su totalidad en el 2016.

Con todos estos enredos, es difícil que los mexicanos confíen en que una apertura del sector acabe con la opacidad de los contratos de Pemex.

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