Diputados aprueban ley que permite privatizar y comercializar bosques y selvas

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Diputados del PRI, PAN, PVEM, PES y Panal aprobaron una ley que permite la comercialización y privatización de bosques y selvas, agua, animales y vegetales. Es la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable, que plantea que los ecosistemas forestales sean fuente de ingresos económicos y tengan capacidad productiva. La nueva norma todavía debe ser analizada y discutida por el Senado.

Regeneración, 9 de marzo de 2017. La nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, aprobada en la Cámara de Diputados el 7 de marzo por la mayoría del PRI, PAN, PVEM, PES y Panal, abre a la iniciativa privada la explotación de bosques y selvas en el país –mediante figuras como plantaciones forestales comerciales–, incluso de los llamados recursos asociados.

Según el dictamen –objetado por PRD, MC y Morena–, los recursos asociados son las especies silvestres animales y vegetales, así como el agua, que coexisten en relación de interdependencia con los recursos forestales.

La legislación justifica que se trata de lograr un desarrollo forestal sustentable y considera a éste un área prioritaria del desarrollo nacional. Por tanto, tendrán ese carácter las actividades públicas o privadas que se relacionen. La política en la materia deberá promover la generación de valor agregado. Además, plantea que el aprovechamiento de los ecosistemas forestales sea fuente permanente de ingresos y mejora de las condiciones de vida para sus propietarios o poseedores, generando una oferta suficiente para la demanda social, industrial y la exportación, así como que fortalezca la capacidad productiva de los ecosistemas.

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Con distintas posturas, los diputados de Morena, PRD y MC aseguraron que no se conocía el contenido del dictamen, denunciaron el albazo legislativo pues la Comisión de Presupuesto, que debía emitir su opinión, fue convocada por la tarde, cuando el dictamen ya había sido aprobado en el pleno. Los opositores cuestionaron que la nueva ley reduce los bosques a un medio económico de lucro y depredación con procesos productivos y cadenas de valor, pero no se considera como reserva para las futuras generaciones.

Con 238 votos a favor del PRI, PAN, PVEM, PES y Panal, se aprobó la iniciativa que presentó en septiembre del año pasado la diputada Alma Lucía Arzaluz Alonso (PVEM), quien fue secretaria de Medio Ambiente durante el gobierno del priísta Mariano González Zarur en Tlaxcala.

En la tribuna, los diputados Tomás Octaviano Félix (PRD) y Juan Romero Tenorio (Morena) denunciaron que la Comisión de Medio Ambiente, que presentó el dictamen, mintió en la redacción del documento, porque en éste se afirma que la Comisión de Presupuesto presentó una opinión en favor. Sin embargo, subrayó Octaviano Félix, esa comisión fue citada para discutir el punto de vista el 28 de febrero, que se aplazó para este martes.

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Movimiento Ciudadano señaló que la nueva norma contrasta con la prohibición, aprobada el año pasado, del cambio de uso de suelo de un terreno sometido a incendio hasta que hayan transcurrido 20 años y se verifique la regeneración del ecosistema.

Con la modificación, expuso, dicho cambio se autorizará si la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales acredita que la vegetación forestal, ya no el ecosistema, se ha regenerado, lo cual facilitaría la comercialización de los terrenos.

Respecto de ese punto, la nueva ley define el cambio de uso de suelo en terreno forestal como la remoción total o parcial de la vegetación de los predios forestales para destinarlos a actividades no forestales.

El dictamen aprobado incluye la denominación aprovechamiento forestal para permitir la extracción realizada en los términos de esta ley de los recursos del medio en que se encuentren, incluyendo los maderables y no maderables.

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Establece que una plantación forestal comercial es el cultivo de especies forestales establecidas en terrenos agropecuarios temporalmente forestales o preferentemente forestales con propósitos mercantiles.

La nueva ley, que se envió al Senado para su discusión, concede a los gobiernos de los estados la atribución de promover la participación de organismos públicos, privados y no gubernamentales en proyectos de apoyo directo al desarrollo forestal sustentable.

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