Nuevo escándalo de corrupción de otro “amigo” de Peña Nieto
Alfredo Miguel, ha ganado adjudicaciones por 770 millones de dólares con el gobierno de Enrique Peña Nieto
Regeneración, 11 de junio del 2015.-La familia Miguel, que lidió, durante los sexenios panistas de Fox y Calderón, con acusaciones de fraudes y juicios en su contra, está de vuelta en los negocios con entidades públicas.
Una de las empresas que controlan los Miguel es una inmobiliaria a la que fue rentada la casa de transición del presidente mexicano Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con un reportaje publicado por Univisión, a tres años de que iniciara el gobierno de Peña, Compañía Inversora Corporativa (CIC), un holding que agrupa varias de las empresas manejadas por los hijos y sobrinos de Alfredo Miguel, ha ganado adjudicaciones por 770 millones de dólares con el gobierno federal y el Estado de México.
Registros públicos apuntan que la mayor parte de los beneficios se han concentrado en tres empresas que rentan helicópteros y aviones a la petrolera estatal, Petróleos Mexicanos (Pemex), manejadas por un sobrino de Miguel, Alejandro García Bejos.
Heliservicio, Heliservicio Campeche y Mantenimiento Express Marítimo han obtenido 482 millones de dólares en contratos durante este gobierno, todos con Pemex.
Otros 4 millones 589 mil dólares fueron a otra filial de CIC, Servicio Técnico Aéreo de México, que en estos años ha recibido encomiendas de tal nivel de seguridad nacional como el mantenimiento de los helicópteros de la Policía Federal, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional del Agua.
El resto ha sido otorgado a una constructora controlada por el hijo de Miguel, José Miguel Bejos, compañero de golf del presidente Peña.
La constructora Grupo Promotor de Desarrollo e Infraestructura (Prodi) fue creada en agosto de 2011, cuatro meses antes de que Peña obtuviera la candidatura presidencial por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Entre 2012 y 2015 han obtenido 283 millones de dólares en obras para el gobierno federal y el Estado de México, varias de ellas en sociedad con el conglomerado portugués Mota-Engil y otras con Controladora de Empresas Prestadoras de Servicios Públicos, la compañía por la que Alfredo Miguel, enfrenta una acusación de fraude en Idaho, por lo que fue citado a declarar en febrero pasado.
En septiembre de 2012, Peña había dejado la gubernatura del Estado de México y ya había ganado las elecciones presidenciales. Uno de los primeros contratos de su administración, ya en pleno uso de recursos federales como presidente electo, fue la renta del inmueble que usó durante los tres meses de la transición de gobierno.
El equipo de Peña colocó en el portal mexicano de transparencia una copia del contrato de arrendamiento por 20,825 dólares a pagar en tres meses con Inmobiliaria Virreyes 1130, S.A. de C.V.. Documentos del Registro Público de Comercio de la capital mexicana obtenidos por Univision Investiga revelan que esta inmobiliaria es controlada por la familia que maneja el conglomerado CIC.
Uno de los apoderados legales de la compañía, con poderes de dominio, que le otorgan calidad de dueño, es el sobrino de Alfredo Miguel, Francisco Javier García Bejos, actual secretario del trabajo del Estado de México, cargo al que fue nombrado un año después de la victoria de Peña.
Los años difíciles quedaron atrás
A estos años de bonanza le antecedieron otros difíciles, en los que Alfredo Miguel Afif, padre de José Miguel, estuvo en el centro de la polémica en México. Primero fue acusado de un fraude millonario en Pemex; luego de no haber pagado impuestos sobre tres de sus empresas.
La familia Miguel apoyó públicamente durante décadas al PRI. Incluso participaron en la recaudación de fondos para este partido durante la campaña presidencial en el año 2000.
Dos meses antes de la toma de posesión de Fox, en septiembre del 2000, el Consejo de Administración de Pemex aprobó pagar una fianza a Productos Ecológicos S.A. de C.V. (Proesa) una compañía del grupo familiar, según una denuncia penal elaborada en 2002, a la que tuvo acceso en 2013 el portal SinEmbargo.
El proyecto de Pemex con Proesa no fue simplemente un contrato que fracasó, sino una aventura que le representó al gobierno mexicano una pérdida de 146 millones de dólares.
Durante los años noventa la compañía firmó un contrato con Pemex para construir una planta de petroquímica en Coatzacoalcos. Años más tarde, la petrolera rescindió el contrato a la empresa, porque la obra no estaba realizada.
La compañía de Alfredo Miguel demandó a Pemex ante la Corte Internacional de Arbitraje en París, con el alegato de que la terminación era “ilegal e injustificada”. Poco antes del cambio de gobierno, el Consejo de Administración de Pemex decidió “conciliar” el pleito, autorizando que la empresa cobrara 146 millones de dólares de una fianza que había dejado sobre el contrato, según el expediente publicado por el portal SinEmbargo.
Cuando se descubrió que la rescisión estaba justificada y no debían haber pagado esa cantidad millonaria, la contraloría en la petrolera inició una investigación por malos manejos de recursos públicos, que terminó en la sanción a dos funcionarios.
Una fuente de alto rango en los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, quien solicitó que se omitiera su nombre, contó que durante esos años “políticamente sí había línea contra ellos. En Pemex las instrucciones eran atizarles el fuego, colaborando con la Procuraduría General de la República en la averiguación previa, agregó.
Ante la imposibilidad de ir por Alfredo Miguel y su hermano Javier en el asunto de Pemex, la administración Fox decidió fincarles responsabilidades penales por la falta de pago de 1,142,000 dólares de impuestos sobre tres de sus compañías.
Cuatro años después de haber librado estos percances, ahora bajo el cobijo de Peña Nieto, la familia Miguel se instaló de nuevo como contratista para obras de construcción y renta de inmuebles, incluida la casa de transición del presidente Peña Nieto.
Con información de: Aristegui Noticias (110615) y Univisión (060615)