Los exfuncionarios del SAT son acusados de dañar al fisco federal por 172 millones de pesos mediante documentos falsos y abuso de funciones.
RegeneraciónMx, 24 de noviembre de 2024. Dos exfuncionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT), fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la administración pública.
Se trata de Leopoldo Carrillo Werring y Rubén Durán Miranda, quienes también son acusados por el uso de documentos falsos y ejercicio ilícito del servicio público.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), ambos exservidores públicos presuntamente atentaron contra el Fisco Federal mediante un esquema ilícito que provocó un daño estimado en 172 millones de pesos.
Leopoldo “N” fungió como Administrador General de Auditoría Fiscal Federal hasta 2018; mientras que Rubén “N” fue Administrador Central de Análisis Técnico Fiscal hasta 2019.
Según las investigaciones, los delitos ocurrieron mientras desempeñaban sus cargos en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto; en el caso de Durán Miranda, hasta el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador.
SFP investigó irregularidades en el SAT
Las irregularidades salieron a la luz en 2020, cuando la entonces secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, denunció la existencia de esquemas de empresas factureras avalados por funcionarios del SAT.
Se identificaron más de mil contribuyentes vinculados a estas prácticas fraudulentas en diversos estados del país.
El juez federal que dictó la vinculación no especificó las medidas cautelares impuestas, aunque los delitos imputados no ameritan prisión preventiva oficiosa.
En un comunicado, la FGR subrayó que estas acciones representan un esfuerzo conjunto con el SAT para combatir la corrupción, fortalecer la recaudación y consolidar las bases del proyecto de transformación de México.
“Reafirmamos el compromiso de cero tolerancia a la corrupción en beneficio de las y los mexicanos”, destacó el organismo.
Ambos exfuncionarios del SAT enfrentan un proceso judicial que pone en la mira los desafíos para erradicar las prácticas ilícitas en la administración pública.
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