Proceso con que se aprobó privatización carece de validez jurídica
No se dejará recurso legal sin ejercer
Morena no descansará hasta que se devuelva el petróleo a la Nación
20 de diciembre de 2013. El día de hoy se presentó al equipo jurídico que asesorará a Morena en materia legal para impugnar la privatización del petróleo, encabezado por Bernardo Bátiz.
Morena desplegará una estrategia jurídica que contempla: La acusación de traición a la patria contra Enrique Peña Nieto; La denuncia ciudadana en materia de juicio político: La controversia constitucional; Amparos individuales, amparo colectivo contra órganos legislativos; Apoyo a denuncias ciudadanas de personas que sean violentados sus derechos humanos por la aplicación de la reforma; La impugnación en materia ambiental por la violación a protocolos internacionales por calentamiento global; La asesoría a trabajadores despedidos de Pemex; La impugnación a la reforma constitucional, las leyes secundarias, reglamentos, licitaciones y contratos; Así como la interpelación directa a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, anunció Martí Batres presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena.
Batres Guadarrama indicó que las acciones legales podrán extenderse durante todo el año 2014.
Por su parte Bernardo Bátiz, secretario de Combate a la Corrupción integrante del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, advirtió que la organización va a “combatir con todos los recursos a nuestro alcance el atropello a la soberanía nacional y el ataque al patrimonio de México” y aseguró que “el proceso legislativo que pretende culminarse hoy con la publicación de las reformas en el Diario Oficial, carece de validez jurídica” y “no debe producir efectos jurídicos”.
Entre las irregularidades que denunció Bátiz Vázquez está el rompimiento de la división de poderes ya que “se legisló por el ejecutivo en el llamado Pacto por México, fuera y sin intervención del Poder Legislativo, al que únicamente se le envió lo ya acordado para su formalización”.
Aseguró también que los órganos legislativos extralimitaron sus funciones al aprobar la reforma ya que están facultados para adicionar o reformar artículos pero no para alterar los principios básicos de la Constitución como ocurre con la reforma energética, ya que “entregar áreas estratégicas a empresas competidoras de PEMEX es un contrasentido, significa renunciar a la soberanía sobre estas áreas y con ello traicionar el espíritu constitucional y los intereses de México”.
Al respecto, el ex procurador del DF indicó que la reforma en materia energética equivale a violar los principios de la Constitución como si se pretendiera “volver a la esclavitud para un sector de la población o cambiar nuestro sistema republicano por uno monárquico”.
De igual forma, indicó que el proceso de reforma no cumplió con el Artículo 18 de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, porque ni en las iniciativas ni en los dictámenes de las comisiones del Senado y de Diputados, se hicieron evaluaciones al impacto presupuestal de las reformas en materia energética”.
El jurista recalcó que “No los dejaremos en paz ni nos rendiremos, no dejaremos recurso alguno a nuestro alcance sin ejercer, no les perdonaremos el delito de traición a la Patria”.
Con información del equipo de prensa de la presidencia del CEN.