En el Estado de México, agentes del MP adscritas a la Fiscalía General de Justicia denunciaron actos de corrupción de altos funcionarios de dicha dependencia, uno de ellos les dijo que no le gusta trabajar con mujeres.
Regeneración, 24 de junio de 2018.- Tres agentes del Ministerio Público adscritas a la fiscalía especializada en la investigación de robo de vehículos de Cuautitlán, Estado de México fueron despedidas tras denunciar extorsiones por parte de la coordinadora de dicha fiscalía y del titular de la misma.
PEDÍAN CUOTA DE 10 MIL PESOS MENSUALES
Las MP, Mary Carmen Godínez Barrera, Tanya Hernández Torres y Gricelda Santillán Miranda, denunciaron que la nueva coordinadora, Araceli Francisco Franco, a su llegada a la dependencia, les exigió el pago de una cuota de 10 mil pesos semanales, según esto por instrucciones del fiscal Joel Sánchez Bravo.
En una denuncia presentada ante la Visitaduría General de la FGJEM, las afectadas detallaron al portal A Fondo Estado de México, que la funcionaria que entró para relevar a Armando Hernández López, de inmediato dio órdenes de entregarle la cantidad de 10 mil pesos semanales, ya que, en sus palabras, el fiscal Joel Sánchez Bravo ‘se había abierto de capa’, situación que indignó a las trabajadoras que acudieron con personalmente con Sánchez Bravo para aclarar la situación.
Cuando hablaron con él, éste defendió a Araceli Francisco Franco y de manera prepotente intimidó a las denunciantes acusándolas de faltas inexistentes.
Con actitud déspota, el funcionario argumentó que no le gusta trabajar con mujeres, por lo que sin motivo de inmediato les ordenó presentar su renuncia al cargo a base de insultos y agresiones sexistas.
Además dijeron que la funcionaria entrante ordenó una serie de cobros, tanto a ciudadanos que acudan a realizar trámites a la dependencia y a empleados.
Los funcionarios dieron instrucciones a todo el personal de trabajar únicamente con una empresa denominada Grúas Pegasso.
Las empleadas se dijeron intimidadas e inseguras ya que podrían ser víctimas de represalias por su denuncia, y esperan que autoridades estatales tomen cartas en el asunto para que esto se detenga, y el acoso laboral del que son víctimas sea sancionado e investigado a fondo.