La Secretaría de la Función Pública anunció a las instituciones públicas la prohibición para realizar contratos con Odebrech
Regeneración, 27 de abril 2019. El gobierno mexicano prohibió este viernes a todas sus dependencias y a los estados del país participar en contrataciones públicas de carácter federal con las empresas Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México y Constructora Norberto Odebrecht, por un periodo de tres años.
En un comunicado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio a conocer el impedimento a las instituciones de la administración pública, empresas productivas del Estado, entidades federativas y Fiscalía General de la República.
Asimismo, indicó que la medida se debe a que se resolvieron dos procedimientos sancionadores, uno contra Odebrecht Ingeniería y Construcción Internacional de México, SA de CV, porque presentó información falsa, durante la celebración de un convenio modificatorio de un contrato de construcción, al no cumplir con los requerimientos legales y autorizaciones necesarias para celebrarlo.
El otro dictamen sancionador es contra Constructora Norberto Odebrecht, SA, porque realizó cobros excesivos a Pemex Refinación, en detrimento de su patrimonio. La prohibición, publicada en el Diario Oficial de la Federación, se extendió a todas las entidades federativas del país (estados) “cuando utilicen recursos federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal”.
No obstante, se señaló que los contratos adjudicados y los que actualmente se tenga formalizados con las empresas infractoras, filiales de la firma brasileña Odebrecht, no quedarán comprendidos en esa inhabilitación. Odebrecht se vio envuelta en un escándalo tras admitir el pago de sobornos en 12 países por unos 788 millones de dólares.
En México, el caso apuntó hasta al director general de Pemex entre 2012 y 2016, Emilio Lozoya, acusado de recibir 10 millones de dólares.
En diciembre de 2017, México impuso una sanción a Odebrecht y la inhabilitó por cuatro años para obtener contratos públicos, después de que se demostró el cobro indebido de 119 millones de pesos (6.2 millones de dólares) en el proyecto de una refinería.
Esta inhabilitación fue anulada en noviembre 2018 por un tribunal, luego de que la SFC vetó a la constructora brasileña por un periodo de cuatro años.