• Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga a las autoridades y constructoras a no rebasar la altura de la cortina de la presa
Foto: International Rivers
Por Gloria Muñoz | La Jornada
Regeneración. Mayo 18, 2014.- La privatización del agua es el fondo. La parte operativa es la imposición de la presa El Zapotillo que, literalmente, inundará pueblos enteros. Temacapulín, localidad de Los Altos de Jalisco, resiste luego de nueve años de anunciado el proyecto. No quieren desparecer.
La batalla contra la presa y en defensa del territorio es jurídica y está ganada, pero la gente también pone el cuerpo, pues su lucha contra la afectación de 4 mil 500 hectáreas de tierras fértiles es criminalizada. En estos momentos, relata el padre Gabriel Espinoza Íñiguez, vocero de la asociación Salvemos Temaca, el hostigamiento a la comunidad es permanente.
El gobierno trata de comprar conciencias y apura a los pobladores a que vendan sus propiedades, pues de lo contrario, los amenazan, de cualquier forma les expropiarán los predios. Ahora, para convencerlos, los personeros del gobierno llegan con promesas e ilusiones: «un bastón para los viejitos, el ofrecimiento de un abogado para los familiares de algún preso, mejor precio por metro cuadrado, o cualquier dádiva para que acepten la venta o la reubicación».
Ante el rechazo oficial de la comunidad a los planes del gobierno para cooptarlos, hace dos semanas les cerraron la casa de salud y trasladaron al médico. La presión, denuncia Libertad Díaz Vera, del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (Imdec), crece todos los días.
Una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) obliga a las autoridades y constructoras a no rebasar la altura de la cortina de la presa por encima de los 80 metros, medida definida en el proyecto original de 2006. El desacato a este veredicto y la intención declarada de construir una cortina de 105 metros mantiene a la población en alerta. La amenaza de desalojo es latente, y su decisión de quedarse también.
Son 45 mil personas las que verán afectados sus derechos territoriales, su derecho a la vivienda y a no ser desplazadas, su soberanía alimentaria, su producción agrícola y su acceso al agua. Por eso, insiste el padre Espinoza Íñiguez, a pesar de que ya han construido 70 metros de cortina, la comunidad de Temacapulín no se rinde.
La megaobra de El Zapotillo tenía prevista una inversión inicial de 7 mil millones de pesos, pero ya se han invertido 16 mil millones, en una lógica, explica Díaz Vera, de privatizar el bien común del agua. Se trata, dice, de llevar agua de una cuenca a otra, en lugar de un buen aprovechamiento del agua en una cuenca.
Las acciones inmediatas de resistencia contemplan la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la organización de una caravana de observación del 31 de mayo al 2 de junio.
La Jornada/ Los de Abajo/ Gloria Muñoz Ramírez