Pedro Miguel |La Jornada
Regeneración, 18 de noviembre de 2014. No hay razón para minimizar las tendencias autoritarias y represivas de Enrique Peña Nieto ni su propensión a recurrir a la violencia, no como recurso último del poder sino para ahorrarse (Durkheim lo llamaría premoderno) la fatiga de gobernar mediante las leyes y la política. Las demostró con creces en Atenco, las ratificó el 1º de diciembre de 2012 y las ha exhibido en los últimos dos años con encarcelamientos injustificados de dirigentes y activistas y la preservación del margen de impunidad en el que tienen lugar, desde la administración pasada, los excesos y atropellos de las fuerzas del orden y las corporaciones policiales y militares. Las atrocidades de septiembre en Iguala llevaron al Ejecutivo federal a suavizar la represión. Tras la violencia homicida desatada por policías regulares contra estudiantes en esa ciudad guerrerense, los gobiernos estatales y el federal perdieron margen para recurrir a acciones que pudieran hacerlos ver similares, ante la mirada de México y el mundo, a la presidencia municipal de José Luis Abarca. De súbito, el peñato trató de exhibirse pacífico, tolerante y dialogante –el ejemplo más claro es el de las exhibiciones de Miguel Ángel Osorio Chong ante el movimiento estudiantil politécnico– y las autoridades se cohibieron para reprimir frontalmente acciones como la destrucción de edificios públicos en Guerrero y las tomas y bloqueos de carreteras; en ausencia de represión masiva han recurrido a la provocación atomizada.
Pero el sábado pasado Peña amenazó con echar mano de “la facultad legítima del Estado para el uso de la fuerza pública” –que es lo que Weber llama “el monopolio de la violencia física legítima”–, para restablecer “el orden y la paz”.
Siempre que se amenaza con emprender una acción determinada se formula, en forma implícita, una súplica al destinatario: que acceda a comportarse como el amenazador lo desea y no lo “obligue” a recursos que le resultan indeseables. En el caso de referencia, las palabras balbuceantes denotan ese ruego: “aspiro y espero que no sea el caso de lo que el gobierno tenga que resolver… que no lleguemos a este extremo”.
Para aplicar el monopolio de la violencia legítima es indispensable que exista tal monopolio, que quien lo use posea legitimidad y que resulte verosímil su aplicación uso con el objetivo específico de restablecer la legalidad, la convivencia y el orden, y el peñato no cumple con ninguno de esos requisitos. En contra del primero gravitan la gestación televisiva del candidato presidencial, su implantación en el cargo tras unas elecciones dudosas en las que proliferó el uso de dineros sospechosos para la compra masiva de votos y, para colmo, la riqueza inmobiliaria (inexplicable, hasta ahora) que le fue evidenciada a principios de este mes. Por otra parte, es innegable que antes de que el grupo gobernante sentara las bases legales para la destrucción de los monopolios estatales de la energía eléctrica y el petróleo, en los hechos cedió el monopolio de la violencia a diversos grupos delictivos que operan en diversas regiones del territorio nacional y que fungen en ellas como las autoridades reales. En tercer lugar el orden y la paz han sido afectados principal y originariamente desde el gobierno y las diversas expresiones de violencia social han sido, invariablemente, intentos desesperados de la base social por restaurar ambos términos. Ello es válido tanto para los casos de las autodefensas michoacanas como en las manifestaciones guerrerenses que han destruido algunos símbolos arquitectónicos del desgobierno, el caos, la indefensión ciudadana, la complicidad, el encubrimiento y la simulación. ¿Qué orden y qué paz podrían restablecerse mediante la represión? ¿La paz de las ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya, de los asesinatos y desapariciones de estudiantes en Iguala, de los homicidios de periodistas en Veracruz, de proliferación de feminicidios en el Edomex, de secuestros en Morelos? ¿La de las omisiones y el encubrimiento prolongado de José Luis Abarca por parte de la PGR? ¿El orden que hizo posibles concesiones como la de la Guardería ABC, impunidades como la de Grupo México, licitaciones amañadas como el “tren chino” México-Querétaro?
En estas condiciones y con los antecedentes mencionados, el recurso de la represión resulta peligroso para el régimen mismo y, especialmente, para su jefe nominal. Es posible que éste lo sepa y que su amenaza del sábado pasado haya sido una concesión a regañadientes a presiones internas (priístas y empresariales) o superiores (empresas trasnacionales) interesadas en deshacerse de él en el peor escenario posible –al cabo, ya cumplió con su misión de imponer las reformas estructurales– y, de paso, del lastre político que ya representa, cuando no ha cumplido ni siquiera un tercio de su periodo.
Un arrebato represivo empeoraría y complicaría gravemente el panorama. La salida deseable, pacífica, institucional y constitucional a la crisis que vive México consiste en que Peña renuncie al cargo antes de que termine este mes, de modo que sea posible organizar elecciones presidenciales anticipadas el año entrante.