-Beneplácito por la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a México, quienes a partir del 1 de marzo comenzarán la verificación de la investigación de la desaparición forzada de los jóvenes.
Regeneración, 12 de febrero del 2015. Por medio de un comunicado «el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos José María Morelos y Pavón y la Red Guerrerense de Organismos Civiles de Derechos Humanos, representantes de las familias de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, expresan su beneplácito por la llegada del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a México, quienes a partir del 1 de marzo comenzarán la verificación de la investigación de la desaparición forzada de los jóvenes».
En el texto difundido por el Centro de Derechos Miguel Agustín Pro-Juárez se señala que:
El mandato del GIEI incluye cuatro áreas:
1.-La evaluación de las acciones realizadas por el Estado y el apoyo en la elaboración de planes de búsqueda de las personas desaparecidas, incluyendo la evaluación de las medidas técnicas implementadas e investigación.
2.-El análisis de las acciones llevada a cabo en la investigación, así como hacer recomendaciones y conclusiones sobre las líneas de investigación para determinar responsables penales.
3.-Evaluar las demandas y necesidades de las víctimas, las respuestas que se han dado hasta ahora y hacer recomendaciones sobre el plan integral de atención a víctimas.
4.-Realizar recomendaciones sobre las políticas de búsqueda de todas las personas desparecidas en México y sobre la atención a víctimas.
«Las organizaciones consideramos que hoy más que nunca se debe poner a escrutinio público la investigación de un hecho que está ante los ojos de la opinión pública nacional e internacional. Por lo tanto, y de la misma manera en que hemos exigido condiciones para el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) realice su trabajo, también demandamos que el Grupo Independiente tenga pleno acceso a toda la información y requerimientos que necesiten para realizar su labor».
Finalmente, reiteramos que ascendiendo a más de 23 mil el número de víctimas de desaparición en el país, se hace indispensable la participación del Grupo de expertos.
MATERIAL COMPLEMENTARIO
Carlos Beristain, de nacionalidad española, es médico y doctor en psicología, trabaja con atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares desde hace 25 años. Su experiencia incluye haber sido coordinador del informe “Guatemala: Nunca Más”, así como el trabajo en Colombia con víctimas del conflicto armado interno; en Perú, Paraguay y Ecuador con las Comisiones de la Verdad de esos países; y en el Sahara con víctimas y familiares de desaparecidos.
Angela Buitrago, colombiana, es abogada y doctora en Derecho y Sociología, con especialización en Derecho Penal y Ciencias Criminológicas; cuenta con una Maestría en Derecho Penal; y es Profesora de la Universidad Externado de Colombia. Entre 2005 y 2010 fue fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia y trabajó en casos como el de las desapariciones en el Palacio de Justicia de Colombia; del ex gobernador del Departamento del Meta por asesinato de tres líderes políticos; del ex gobernador del Casanare por enriquecimiento ilícito; un ex senador por presuntas relaciones con paramilitares, espionaje telefónico del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), entre varios otros.
Francisco Cox Vial, abogado chileno, cuenta con una Maestría en Derecho de la Universidad de Columbia, Estados Unidos; es Profesor de Derechos Constitucional de la Universidad Diego Portales; y Profesor de clínicas de interés público y derechos humanos. Ha trabajado en casos pro bono ante la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Palamara, Atala e hijas, Melinka, entre otros). Trabajó igualmente en apoyo de la extradición del General Pinochet a España, fue asesor principal del Director Ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, y también asesor de la CIDH en los Casos Villagrán Morales y otros contra Guatemala y Castillo Páez contra Perú.
Claudia Paz y Paz, de nacionalidad guatemalteca, es abogada y fue la primera mujer Fiscal General de su país, nombrada en 2010. Es experta en derecho penal, fue jueza durante 18 años, y recibió elogios por su agresiva investigación del crimen organizado en Guatemala. Durante su periodo como Fiscal General varios casos de violaciones de derechos humanos avanzaron en el sistema de justicia, y se logró condenar a los perpetradores, en particular en el caso contra el ex dictador Efraín Ríos Montt, por su rol en el genocidio del pueblo maya. Ha recibido varios premios de derechos humanos y actualmente vive en Estados Unidos, donde es Profesora Residente.
Alejandro Valencia Villa, abogado colombiano, se dedica a la promoción y defensa de los derechos humanos desde hace más de 25 años. Actualmente es consultor independiente y profesor en derechos humanos, derecho humanitario y justicia transicional. Ha sido consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Ha sido perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y trabajado con Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. Fue el primer Director Nacional de Atención y Trámite de Quejas de la Defensoría del Pueblo en Colombia, y abogado del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional en Washington.
México, Regeneración 12 de febrero del 2015.
Fuente: www.centroprodh.org.mx
Foto: https://cronicadesociales.files.wordpress.com/2014/11/ni-una-muerte-mc3a1s-02.jpg
