México es testigo de una de las confrontaciones monopólicas más trascendentales de los últimos 20 años. El conflicto involucra a Carlos Slim Helú (el hombre más rico del mundo, según la revista Forbes), dueño del Grupo Carso y a Emilio Azcárraga Jean del Grupo Televisa y a Ricardo Salinas Pliego, cabeza del Grupo Salinas). Los tres empresarios forman parte de la mafia en el poder, de los treinta poderosos que se creen dueños del país y, en gran parte, son responsables de la ruina nacional.
El conflicto actual representa una disputa por el mercado de las telecomunicaciones, pero también un acto de poder. “Televisa se siente amenazada por la entrada de Slim a la televisión, lo cual es una buena noticia para la competencia”, expuso Rafael del Villar, comisionado de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (La Jornada, 19 de febrero de 2011). Televisa presentó un amparo ante las autoridades de competencia para impedir la asociación de Telmex con MVS en la televisión de paga, por medio de un acuerdo en el que Telmex factura el servicio de televisión de Dish.
Por otra parte, el pasado 9 de marzo, Grupo Salinas, Marcatel y Axtel denunciaron a Slim ante la CFC ya que sus empresas, como Telcel, cobran una tarifa excesiva en interconexión que impide competir en la telefonía fija y móvil.
Parece increíble que estas empresas recurran al órgano responsable de corregir la competencia, la Comisión Federal de Competencia (CFC), cuando ésta ha dejado que prevalezcan los privilegios y los precios abusivos en las empresas. Clara evidencia de la falta de competencia en nuestro país son los altos precios que establece grupo Televisa.
Como antecedente de esta lucha de poder entre las mafias, el año pasado Azcárraga intervino en la firma de acuerdo por la compra de Nextel México y competir así en el mercado de la telefónica móvil.
Igualmente, en junio del 2010, Televisa, Telefónica y Megacable conquistaron la licitación por el par de hilos de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con ello, estas empresas se hicieron de casi 20 mil kilómetros de infraestructura pagando sólo 883.8 millones de pesos, el mínimo esperado, no obstante los dos hilos estaban valuados en 2 mil millones. En julio Televisa vendió su participación en Volaris por más de 80 millones de dólares (62% más de lo que invirtió), donde era socio Carlos Slim.
La lucha por el poder y por el mercado.
Frente a los ataques permanentes de las televisoras y cerrados los espacios de la televisión, el Grupo Carso respondió con diversas inserciones pagadas en la prensa escrita e internet: “Por más de 8 años se ha obstruido en México la competencia de TV de paga en perjuicio del consumidor”; “Beneficiaría apertura de TV de paga a más de 55 millones de mexicanos de forma inmediata”. Estos son los argumentos de Carso contra el duopolio televisivo. Los dueños de Televisa y de TV Azteca (Emilio Azcárraga Jean y Ricardo Salinas Pliego) han respondido con spots televisivos y en sus los espacios noticiosos hablando de forma despectiva del servicio de telefonía que proporciona la compañía Telcel.
Hay que recordar que este conflicto se conoció cuando ambas partes publicaron ataques acusándose mutuamente de tener tarifas caras y ofrecer un pésimo servicio. Al principio, el problema estalló cuando Televisa aumentó los precios en publicidad a Carso que por inconformidad terminó su contrato con dicha televisora para transmitir publicidad de varias de sus empresas.
A partir de la terminación del contrato con Televisa, el 18 de febrero del 2011, y con TV Azteca, el 23 de febrero del 2011, la batalla de Slim contra el duopolio televisivo, perteneciente a quienes forman parte de los empresarios más acaudalados de nuestro país e incluso del mundo, ha desatado un flujo de información que sólo pone en evidencia la poca competencia que existe en el mercado mexicano.
En esta batalla se ha reconocido publicamente que los consumidores mexicanos pagamos más que en otros países, no por efecto de las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, si no a la laxa y selectiva aplicación de la ley por parte de los funcionarios de los órganos gubernamentales correspondientes.
La responsabilidad del gobierno: la evasión
La OCDE reveló datos sobre las tarifas y cobros de las empresas mexicanas, dándole razón a la denuncia que había hecho hace bastante tiempo Andrés Manuel López Obrador: “Los mexicanos con un salario mínimo doce veces menor que el mínimo en los EE.UU (…) pagan 17% más por teléfono de línea fija, 240% más por llamadas de larga distancia (…) 309% más por servicio básico de televisión por cable”. Sin embargo, a pesar de la gravedad de esta denuncia, no hay autoridad que haga valer el Estado de derecho y el respeto a la ley. Como se ve, las televisoras tienen más poder que el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial
El conflicto entre tres de los más importantes empresarios mexicanos se ha agudizado en los últimos meses.
Es importante tener en cuenta que el gobierno está evadiendo su responsabilidad en un conflicto de tal magnitud. Recordemos que el artículo 28 prohíbe las actividades monopólicas y obliga al gobierno a proteger la libre competencia, a evitar la concentración del mercado:
“En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las ascensiones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria.”
Los órganos del Estado actúan con una complicidad e interdependencia con la oligarquía, protegiéndo a los monopolios “contra importaciones o inversionistas, competidores, tratamientos fiscales favorables y grandes contratos de compra de sus productos y servicios por el Estado”, como se señala en el libro Nuevo Proyecto de Nación.
La inacción de las instituciones públicas pone en claro la ausencia de un verdadero Estado de derecho, cuyo reverso es la red de privilegios que se protege desde el poder público. Esto hace pensar que el gobierno está a disposición de las empresas, como lo demuestra al no intervenir para poner orden en el conflicto que puede obstruir el proceso de democratización y dañar la libre competencia del mercado de las telecomunicaciones.
El Grupo Carso y el duopolio televisivo se acusan mutuamente de establecer tarifas excesivas; esto los ha llevado a reducir levemente los precios de sus servicios con el fin de protegerse y evitar ser desacreditados ante tales señalamientos. Sin embargo, la reducción de tarifas no es más que una dádiva producto de las decisiones de los empresarios y no causa de un natural funcionamiento de mercado, pues se sabe que, según datos de la OCDE, México es de los países con tarifas más altas en contraste con otros miembros de la organización.
En su intento por legitimarse y desacreditar al otro, los tres grupos empresariales confirmaron con datos y pruebas acerca de las prácticas monopólicas en nuestro país, han convalidado las tesis de López Obrador ratificadas en la presentación del “Nuevo Proyecto de Nación”, el pasado 20 de marzo, en donde dijo:
“Si Carlos Slim, como cualquier otro ciudadano, quiere tener un canal de televisión, no tendrá problemas, porque queremos que no sólo haya dos televisoras que acaparen toda la audiencia sino 10, 20, las que sean técnicamente posibles. De la misma forma, si Emilio Azcárraga, Ricardo Salinas Pliego o cualquier otro empresario desea participar en la telefonía, podrá hacerlo, porque no debe haber, bajo ninguna consideración, monopolios”.
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