Abogados demandaron a la corte de Lousiana por encarcelar a pobres que no tienen dinero para pagar sus multas, y después cobrar una «comisión» para salir rápido de la cárcel.
Regeneración 22 de junio de 2016.-El Juez Robert J. Black y la corte de Bogalusa City, en Louisiana fueron demandados por El Southern Poverty Law Center (SPLC), por enviar a la gente pobre que no puede pagar una multa a prisión y después cobrar una «comisión por prórroga» para salir más rápido.
Según la demanda, la cárcel por no pagar multas es una forma de criminalizar la pobreza.
«Supuestamente, los castigos son para hacer justicia y no para crminalizar la pobreza»,dijo Micah West, abogado del SPLC.
Los abogados de derechos civiles introdujeron en septiembre una demanda similar en Nueva Orleans, en la que alegan que cientos de personas han sido encerradas debido a que no tenían dinero para pagar las tarifas de la corte, y a miles más se les amenaza con ser arrestados cada año por no pagar sus deudas de la corte. Varios casos similares han ido a tribunales de Washington, Mississippi y Missouri.
La demanda interpuesta el martes argumenta que el juez envía regularmente a prisión a las personas que no pueden pagar multas por infracciones de tránsito y ofensas menores, sin siquiera revisar si son capaces de pagarlas.
En el documento se describe a un hombre —Rozzie Scott— que recibió una multa de 450 dólares por robar 5 dólares en alimentos y posteriormente fue encarcelado por cuatro horas debido a que no pudo pagar la multa ni la comisión por prórroga. Eventualmente, su primo pagó la tarifa de 50 dólares y fue liberado.
Scott, quien volverá a comparecer el 25 de julio, dijo en una entrevista que no está seguro de cómo va a pagar la multa. Actualmente no tiene trabajo y ya fue a disculparse con el dueño de la tienda en la que está acusado de robar un trozo de carne y pizza para alimentar a su familia.
El grupo señala que el sistema judicial de Bogalusa utiliza los costos de la corte y las tarifas para cubrir un déficit del presupuesto de entre el 20 y 30%.
«La corte de la ciudad es financiada por los pobres», afirma la demanda. «Este conflicto estructural de intereses crea un incentivo para que el juez Black declare a los acusados culpables y coaccione el pago con la amenaza de tiempo en prisión».
Vía Univisión