La situación de tortura en el estado de Oaxaca no ha cambiado con la llegada de Gabino Cué Monteagudo, sino que se ha agravado, el mandatario se ha dedicado a encubrir los casos ocurridos en las anteriores administraciones como las de Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz.
Regeneración, 26 de agosto del 2015.-Integrantes del Centro Regional de Derechos Humanos Bartolomé Carrasco Briseño (Barca-DH) aseguraron que la situación de tortura en el estado de Oaxaca no ha cambiado con la llegada de Gabino Cué Monteagudo al gobierno del estado en 2010, sino que se ha agravado, ya que el mandatario se ha dedicado a encubrir los casos ocurridos en las anteriores administraciones como las de Diódoro Carrasco Altamirano, José Murat Casab y Ulises Ruiz Ortiz.
Nora Martínez, coordinadora de Barca-DH, refirió que lamentablemente, aun cuando el actual gobernador prometió un cambio en las políticas y que no volverían a ocurrir situaciones similares, los casos de tortura no han cesado en esta administración y lo más alarmante es que no se cuenta con peritos expertos para detectar casos de tortura.
En este sentido, Martín García Ortiz, coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la arquidiócesis de Antequera, refirió que no es sólo que no se cuenten con peritos especializados sino que “es adrede que no haya peritos” para aplicar el protocolo de Estambul, la administración estatal no ha tenido la intención de contratar a especialistas, por lo que el gobierno de Cué Monteagudo ha sido omiso.
García Ortiz, quien fue torturado durante el gobierno de Ulises Ruiz por el conflicto que se vive en San José del Progreso, donde acusan la imposición de la minera Cuzcatlán, dijo que tal pareciera que las actuales autoridades encubren a las anteriores, “esta es una cuestión de una traición al pueblo“, y es que recordó que en San José, el gobernador prometió en campaña cerrar la mina, esto no lo hizo y no se han detenido a sus agresores pese a que fueron señalados directamente.
“A pesar de que ha habido la denuncia y la exigencia de organismos internacionales para que ya no se cometan estos actos, lo que ha ocurrido es que los organismos policiales que se encargan de estas prácticas han sofisticado sus procesos para que no sean evidentes”, señaló Érica Sebastián Ruiz, hija de Álvaro Sebastián, indígena Loxicha preso desde la administración de Diódoro Carrasco Altamirano.
Recordó que en el año de 1998 los presos de la región Loxicha fueron desaparecidos por casi 9 meses y reaparecieron tras firmar unas declaraciones en las que aceptaban formar parte de la guerrilla, sin embargo estas personas habían sido torturadas y refirieron haber sido obligados a firmar hojas en blanco.
Con información de: La Jornada 250615