La posible masacre de migrantes en Caborca, Sonora, ocurrida el 3 de julio, debería ser atraída por la Procuraduría General de la República y atendida de inmediato por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que no ha atendido las peticiones al respecto, lamentaron organizaciones de derechos humanos.
Regeneración 9 de junio del 2015 (Sididh) Lo ocurrido muestra “la ausencia de políticas de prevención del Estado Mexicano frente a uno de los grupos en mayores condiciones de vulnerabilidad en la región: las personas migrantes. Este hecho se suma a otras masacres en contra de personas migrantes ya documentadas como la de los 72 personas masacradas en 2010 y de los 193 restos encontrados en 2011 en San Fernando Tamaulipas así como la de los 49 torsos humanos encontrados en Cadereyta, Nuevo León”, manifestaron las y los defensores.
El 3 de julio, se informó que mediante un operativo, elementos policiacos y militares encontraron vivas a 15 personas migrantes y muertos a dos hombres y una mujer. De acuerdo con un comunicado oficial, 12 de las personas son originarias de Guatemala y una de El Salvador.
De acuerdo con información de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sonora, los migrantes indicaron que el día 2 los trasladaban a bordo de varios vehículos y en el lugar conocido como “Cerro La Mesa” fueron interceptados por un grupo de personas armadas que les dispararon, por lo que se resguardaron entre el monte.
Las organizaciones de derechos humanos señalaron que la información sobre el incidente no es precisa, y “preocupa sobre todo que, entre las víctimas, se encuentran mujeres y niños”, por lo que organizaciones de la sociedad civil solicitaron la atención inmediata de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la emisión de medidas, incluyendo la investigación de los hechos; la determinación de la identidad y nacionalidad de las víctimas; que la Comisión entre de manera inmediata en contacto con los sobrevivientes; que se garantice la integridad y seguridad de las personas sobrevivientes; que se respeten íntegramente sus derechos como víctimas, en particular el derecho a no ser deportados y a aplicar para una visa humanitaria si ese es su deseo; que solicite a las autoridades del estado de Sonora medidas cautelares para que la investigación forense sea acorde a los más altos estándares internacionales; que la CNDH solicite a la PGR atraer el caso y que se garanticen los estándares de investigación efectiva; así como que la Comisión envíe personal en las diligencias para vigilar el proceso a fin de que no se cometan violaciones al debido proceso.
Las organizaciones de la sociedad civil consideraron que por las características hasta ahora conocidas, el caso debe ser atraído por la PGR, y solicitaron que los restos de migrantes mexicanos y extranjeros sean trasladados a la PGR para su identificación por parte de la Comisión Forense. “En caso de que los restos tengan que ser repatriados a su lugar de origen, se solicitó que se haga en coordinación con la Comisión Forense y bajo el protocolo establecido para la notificación y entrega de restos correspondiente”, precisaron en carta pública.
Las organizaciones recordaron que el Instituto Nacional de Migración (INAMI) debería otorgar estancia migratoria por razones humanitarias a todas las víctimas extranjeras y que bajo ninguna circunstancia debería privarles de la libertad en una estación migratoria. Finalmente, exigieron una respuesta rápida de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Ejecutiva de Atención a las Víctimas “en conformidad con sus obligaciones frente a estos hechos”.
Foto: En Directo. Fuente: Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez