Foto tomada de Extra.ec
- Defensa de la correísta Luisa González presentó recurso de apelación ante la detención
- Estefanía Molina, Santiago Díaz y Wendy Onofre también detenidos
- Fiscalía de Ecuador investiga presunto lavado de 500 mil dólares en empresa de hidrocarburos para financiar la campaña de Luisa González en 2023
El domingo 25 de octubre la defensa de Luisa González presentó una apelación para revisar la decisión del juez que le ordenó la prisión preventiva a un mes de las elecciones seccionales de 2026 en Ecuador La excandidata presidencial de Revolución Ciudadana contendió en las elecciones de Ecuador para 2023 contra el actual presidente Daniel Noboa de Acción Democrática Nacional.
La excandidata presidencial fue detenida en su domicilio de Manabí, Ecuador, la madrugada del 22 de octubre, acusada de presunto lavado de activos por la fiscalía de Ecuador. Luisa González es señalada de haber utilizado alrededor de 500 mil dólares de presunto origen ilícito para financiar publicidad y otras actividades de su campaña presidencial.
El viernes 23 de octubre una jueza le dictó una orden de prisión preventiva a González. Su abogado y defensa, Diego Fernando Guarderas Donoso, presentó una apelación escrita y ratificada por la excandidata, la cual ya había sido realizada anteriormente de manera oral durante la audiencia en la que se le formularon los cargos.
El escrito fue presentado el 25 de octubre al juez de Garantías Penales de Quito, refiriendo la defensa al artículo 653, numeral 5, del Código Orgánico Integral Penal (COIP) de Ecuador, para que se revise la solicitud de detención por parte de la fiscalía.
La apelación presentada por la defensa de González no implica que la dirigente política recupere su libertad, por lo que su detención seguirá vigente hasta que un juez determine lo contrario.
La excandidata presidencial opositora a Noboa fue ingresada a la cárcel de Riobamba, en la provincia de Chimborazo. Por la detención, Luisa González ha acusado al gobierno de Daniel Noboa de persecución política y de ser una dictadura.
«Hoy me toca a mí ser detenida por una acusación absurda. Responderé con la dignidad de las ecuatorianas y los ecuatorianos que nada deben», respondió con un comunicado en X, después de su detención.
La detención de Luisa González se suma a una serie de sanciones electorales, investigaciones contra dirigentes y difusión de imágenes carcelarias para vincular a Revolución Ciudadana con organizaciones criminales y debilitarla políticamente.
Son 3 personas más las detenidas por caso Laberinto
La investigación por el presunto uso ilícito de medio millón de dólares, conocido como caso Laberinto, involucra a seis personas de las cuales tres, aparte de González, han sido detenidas. Santiago Díaz y Wendy Onofre tienen una orden de prisión preventiva mientras que Estefanía Molina tiene una orden de presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y vigilancia electrónica con duración de 90 días.
Fiscalía General de Ecuador acusa a excandidata correísta de financiarse ilícitamente con hidrocarburos
La Fiscalía General del Ecuador expuso mediante una nota de prensa en internet que Estefanía Elizabeth M.F, responsable de campaña de Luisa González, presentó ante el Consejo Nacional Electoral aportes de 201, 360 dólares por parte de 64 personas naturales.
La fiscalía denunció que encontró un mecanismo no reportado de financiamiento entre mayo y octubre de 2023 para la campaña del movimiento Revolución Ciudadana, fundado por el expresidente Rafael Correa, representado por González. La acusación se dirige hacia un mecanismo de financiamiento presuntamente basado en la transferencia, conversión y utilización de recursos provenientes de la comercialización de hidrocarburos.
La compañía involucrada en el presunto financiamiento ilícito de la campaña de la excandidata correísta lleva el nombre de Terminal Naviero Petrolero Ternape Petroleum S.A. relacionada con el empresario Aquiles David A.H.
Con base en el comunicado de la fiscalía fueron dos modalidades de financiamiento. Una por transferencias bancarias y otra por cheques al portador.
La fiscalía investiga transferencias desde cuentas de Ternape a empresas proveedoras de publicidad electoral. Presuntamente las proformas se habrían emitido a nombre del movimiento político, pero las facturas posteriores aparecerían a nombre de Ternape. Además, un mensaje del 18 de agosto de 2023 habría solicitado omitir la palabra “campaña” en la factura, lo que las autoridades consideran un posible indicio de que se buscaba ocultar el vínculo de los pagos con las actividades electorales.
Por su parte, los cheques al portador habrían permitido convertir recursos bancarios en efectivo para pagar brigadistas, movilización y logística.
Las operaciones serían coordinadas desde la estructura de la empresa de hidrocarburos y esto habría permitido movilizar aproximadamente 500 mil dólares mediante un presunto esquema de lavado de activos.
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