El Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE) detectó una serie de irregularidades por un monto aproximado de 43 millones de pesos en las juntas ejecutivas del órgano electoral en Nuevo León, Tabasco, Guerrero y Tlaxcala.
Destaca, entre las observaciones realizadas, el caso de Nuevo León, donde se identificaron 34 millones 152 mil 983 pesos pendientes de aclaración, principalmente por diferencias entre registros presupuestales, cuentas bancarias y auxiliares contables.
Cuatro estados fiscalizados
El monto más elevado se registró en la Junta Local Ejecutiva de Nuevo León, donde la auditoría del OIC identificó 34 millones 152 mil 983.94 pesos pendientes de aclaración.
Entre las observaciones se encontraron diferencias entre el presupuesto calendarizado, los estados de cuenta bancarios y los auxiliares contables.
La revisión encontró, por ejemplo, que la Junta Local no presentó evidencia documental que acreditara la entrega total de gorras adquiridas para el personal; además, identificó deficiencias en tres procedimientos de Licitación Pública Nacional.
En Tabasco, el OIC encontró 4 millones 260 mil 684 pesos pendientes de aclarar, en concreto, por falta de documentación que comprobara el ejercicio de recursos destinados a estímulos para el personal operativo.
Por su parte, en Guerrero se detectaron anomalías de poco más de 4.3 millones de pesos relacionadas con el gasto destinado a incentivos para trabajadores operativos; a estas se suman omisiones en la publicación de contratos, convenios modificatorios y anexos técnicos en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Finalmente, en Tlaxcala, durante la revisión correspondiente a 2024, se identificaron 119 mil 360 pesos por aclarar, particularmente por estímulos por productividad que no fueron identificados ni debidamente justificados por la junta ejecutiva.
Auditorías se suman a investigaciones sobre contrataciones del INE
El pasado 27 de octubre, Víctor Hugo Carvente, contralor del INE, dio a conocer, ante la Cámara de Diputados, la existencia de 16 investigaciones abiertas durante 2025 y 2026; de ellas, 11 tenían que ver con contrataciones públicas.
Se trata de investigaciones abiertas por posibles irregularidades en licitaciones, conflictos de interés, uso de recursos y deficiencias en la supervisión de contratos.
Estos hallazgos, por otro lado, se producen en un contexto de cuestionamientos a la administración del instituto durante la gestión de Guadalupe Taddei, quien renunció al cargo en octubre pasado, en medio de señalamientos sobre posibles irregularidades en contrataciones.
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