- Presidente de El Salvador aseguró que fue una tergiversación que su gobierno pretenda liberar al 50% de los presos por pandillas
- De 10,626 colaboradores ocasionales, el 50% podría acceder a la libertad condicional bajo el programa Cero Ocio
- El régimen de excepción que ha detenido a más de 93 mil personas ha sido cuestionado por la CIDH y organizaciones de la sociedad civil
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pasó de anunciar el pasado 13 de octubre una liberación anticipada para un 50% de los reos que colaboraron con pandillas, a negar que su gobierno pretenda excarcelar a integrantes de organizaciones delictivas.
Tres días después de su primera declaración, el 16 de octubre, el mandatario aclaró que la revisión se concentraría en 10, 626 detenidos clasificados como colaboradores ocasionales, de los cuales 5 mil podrían acceder a la libertad condicional.
“Ningún pandillero va a salir libre nunca”, sentenció Bukele en una conferencia de prensa con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, quien se encontraba de visita en El Salvador. El presidente negó que su gobierno pretendiera liberar al 50 % de los presos de pandillas, aseguró que fue una “tergiversación”.
“De esos 10,000 vamos a revisar los casos, y nosotros creemos, en una revisión previa, que aproximadamente un 50 % pudiera entrar al programa Cero Ocio para poder salir más rápido, reformados, en lugar de esperar diez años para que salgan más criminales”, declaró Bukele en conferencia de prensa del viernes pasado.
Hasta esta segunda declaración, a diferencia de la primera, se supo que quienes busquen alcanzar su libertad condicional deberán realizar trabajo social como renovar escuelas, construir pupitres entre otras actividades bajo el programa Cero Ocio.
El programa Cero Ocio ofrece a los presos clasificados como colaboradores ocasionales la posibilidad de obtener su libertad más rápido a cambio de trabajo en obras públicas.
El anuncio de la liberación de una parte de los presos por haber sido solo colaboradores ocasionales de las pandillas pone en cuestionamiento el debido proceso y la protección de los derechos humanos de miles de personas que han llenado las cárceles de El Salvador bajo la medida del régimen de excepción.
Régimen de excepción: la base legal de una cuestionada estrategia de seguridad
Según Human Rights Watch, han sido detenidas 93,000 personas desde marzo de 2022, cuando el gobierno salvadoreño declaró el régimen de excepción para combatir la violencia provocada por las pandillas en El Salvador. La medida restringió garantías como la inviolabilidad de las comunicaciones y el derecho a la defensa en los términos ordinarios. Además, amplió las facultades de las fuerzas policiales para realizar detenciones.
La estrategia de seguridad impuesta por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador permitió arrestar a decenas de miles de personas en operativos contra organizaciones criminales como la MS-13 y Barrio 18. Mientras que el gobierno de Bukele argumenta que las medidas fueron necesarias para combatir la inseguridad organizaciones de derechos humanos y sociedad civil han denunciado detenciones arbitrarias, tortura, muertes bajo custodia y obstáculos para acceder a una defensa efectiva.
Una de las organizaciones que ha manifestado la falta del debido proceso a las personas juzgadas ha sido Human Rights Watch, que criticó la ejecución de juicios masivos de cientos de acusados a la vez sobre la base de pruebas débiles y sin dotar de una oportunidad real de defensa a los detenidos. Además, los procesos de estas personas, señala la organización, se mantienen bajo reserva judicial.
Otra de las organizaciones internacionales que ha denunciado violaciones a los derechos humanos ha sido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH alertó que durante el régimen de excepción se han documentado detenciones arbitrarias y cientos de muertes de personas bajo custodia.
En marzo de 2026 la CIDH llamó desde Washington a poner fin al uso continuo del régimen de excepción debido a que considera que las prórrogas a la medida han sido una disposición excesiva que ha tenido implicaciones en los derechos humanos.
En marzo del 2026 la medida cumplió cuatro años de vigencia ininterrumpida desde marzo del 2022 mediante 49 prórrogas consecutivas. La más reciente fue realizada en marzo del 2026. Con ello, se mantuvo hasta entonces, la suspensión de los derechos a la defensa y la restricción de las comunicaciones, así como la ampliación del plazo de detención administrativa. La renovación de la última prórroga para el régimen de excepción tuvo como motivación “la aún existencia de grupos terroristas”.
Con base en cifras de la CIDH reportadas desde organizaciones de la sociedad civil, la población carcelaria rebasa las 130 mil personas privadas de su libertad. Asimismo, la comisión registró 500 muertes ocurridas bajo custodia hasta marzo de 2026.
La CIDH alertó en aquella ocasión que el Estado debe considerar si la decisión de mantener prolongadamente el régimen de excepción mantiene la compatibilidad con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de conformidad con los principios de temporalidad, necesidad, idoneidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo señalado en su Resolución 1/2026 sobre Crimen Organizado y Derechos Humanos en las Américas.
