Regeneración, 09 de noviembre 2015.- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que no admitirá el cumplimiento “a medias” de las recomendaciones preliminares sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero, que hace más de tres meses formuló a la Procuraduría General de la República (PGR)
Luego de exponer que ninguna de las 26 observaciones que hizo a la dependencia encabezada por Arely Gómez fueron atendidas, el titular de la Oficina Especial para el Caso Iguala, José Trinidad Larrieta Carrasco, señaló que el acatamiento del documento turnado el 23 de julio “debe ser total y no admite respuestas a medias, ya que de ello dependen el esclarecimiento de los hechos y la verdad” sobre la desaparición forzada de los estudiantes, registrada entre el 26 y el 27 de septiembre del año pasado.
El funcionario de la CNDH sostuvo que el cumplimiento que la PGR dé a las observaciones preliminares permitirá al organismo público “materializar los ejes” sobre los que ha trazado su investigación sobre violaciones a derechos humanos.
Larrieta recordó que el 27 de agosto pasado la PGR envió “una tarjeta informativa donde hace del conocimiento de la CNDH lo que estimó avances en las observaciones y propuestas que se hicieron”, pero resultó ser una respuesta “insuficiente e imprecisa”.
Dijo que el organismo “revisó de manera puntual, escrupulosa, cuidadosa y responsable cada una de las respuestas”, y el 12 de octubre remitió el análisis a la PGR, destacando que de las 26 propuestas, “lamentablemente ninguna de ellas fue atendida en su integridad por esa autoridad”.
Según el análisis, el organismo que preside Luis Raúl Pérez González informó que de las 26 observaciones y recomendaciones preliminares, la PGR atendió parcialmente dos, referentes a la coordinación de acciones “tendientes a la ejecución de órdenes de aprehensión y solicitar la colaboración de instancias internacionales”, y la relacionada con la profundización de las investigaciones sobre “la estructura organizacional y el modus operandi” de las organizaciones criminales Guerreros Unidos y Los Rojos.
La CNDH clasificó una de las 26 observaciones con un cumplimiento “parcialmente con avances mínimos”, relacionada con la identificación y toma de declaraciones de “los ocupantes de los inmuebles aledaños al lugar de los hechos”.
Como en “vías de atención” identificó tres, relativas a la obtención de declaraciones y ampliación de algunas de ellas con “elementos de las policías Estatal y Ministerial del estado de Guerrero, y Federal y de elementos militares destacamentados en la ciudades de Iguala y Cocula”, así como “la confronta de los elementos balísticos localizados en el basureo de Cocula con los obtenidos de las armas relacionadas con los hechos de Iguala”, además de “constatar que los pliegos de consignación de personas implicada en los hechos de Iguala guarden relación lógica-jurídica con los hechos que se les imputan y reforzar los medios de convicción en los que se sustentan los procesos penales”.
La CNDH denunció que 20 propuestas y observaciones de plano no fueron atendidas por la PGR, entre ellas las relativas a las fichas de identificación de los jóvenes desaparecidos, la localización de los estudiantes y la georreferenciación de las líneas de los teléfonos celulares de las víctimas.
También se hizo caso omiso a la petición de clarificar por qué acudieron estudiantes de primer año y la “injerencia de autoridades de la Normal”; identificar quiénes de los 43 estudiantes pertenecen o han pertenecido al Ejército, y obtener las declaraciones de los buzos de la Secretaría de Marina que participaron en la búsqueda de evidencias en el Río San Juan.
Sin mencionar los nombres, la CNDH solicitó desde el 23 de julio “cumplir con los mandamientos judiciales de detención pendientes de ejecutar de tres indiciados, determinar la situación jurídica de dos probables responsables, investigar y determinar la identidad de 11 inculpados, analizar los elementos constantes en la investigación y resolver lo conducente respecto de una persona”.
De igual manera, “resolver sobre la participación de los hechos de dos sujetos más, referidos por sobrenombre y que no han sido investigados”.
Entre otras sugerencias solicitó la colaboración de instancias nacionales e internacionales como a la UNAM y la NASA para conocer “las condiciones climatológicas y ambientales prevalecientes del 25 al 28 de septiembre de 2014, en las regiones de Iguala y específicamente en el basurero de Cocula, a fin de establecer, particularmente, si existieron las condiciones para generar la incineración de cadáveres en el sitio en cuestión”, así como la realización de peritajes para identificar “la tierra contenida en la bolsa recuperada del Río San Juan, con la tierra del basurero de Cocula”, y “poner a la vista de los familiares” elementos localizados en la bolsa, como “botones, hebillas y otros objetos localizados”.
La CNDH también recomendaba realizar perfiles genéticos a las ropas encontradas cerca de uno de los autobuses, así como en las inmediaciones del lugar de los hechos; peritajes de antropología y odontología forense a todos los restos localizados en el basurero de Cocula y Río San Juan; determinar “las circunstancias en que se dio el deceso científicamente probado de Alexander Mora Venancio”; agotar la línea de investigación señalada por algunos de los detenidos de que los jóvenes fueron enterrados en fosas de Cerro Viejo y Cerro de la Parota, y la reconstrucción de hechos conforme a las declaraciones rendidas y los dictámenes parciales.
La CNDH recomendó a la PGR investigar la posible participación de otras corporaciones policiacas, además de la “colusión con las organizaciones criminales ‘Guerreros Unidos’ y ‘Los Rojos”; ampliar la investigación sobre el delito de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita a los servidores públicos inculpados, y promover la acumulación de las cuatro causas penales instruidas en el Poder Judicial del estado de Guerrero a los juicios federales.
El objetivo de las observaciones y recomendaciones, subrayó, es garantizar “el derecho de las víctimas a conocer la verdad, se haga justicia, la reparación integral del daño y, desde luego, la convicción de que estos hechos no se vuelvan a repetir”.
Con información de Proceso.