La CVO registró agresiones contra periodistas, ejecuciones, medios funcionando al servicio del poder y operativos orquestados en coordinación de los poderes estatales y federales para disolver el movimiento magisterial que pedía la destitución del gobernador Ulises Ruíz.
Regeneración, 9 de abril de 2016.- Durante una reunión en Washington, el padre Alejandro Solalinde, la antropóloga Mariana Patricia Jiménez y el periodista Diego Enrique Osorno, integrantes de la Comisión de la Verdad en Oaxaca (CVO), entregaron a James L. Cavallaro, presidente ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y al secretario ejecutivo del mismo organismo, Emilio Álvarez Icaza, el informe denominado “Ya sabemos. No más impunidad en Oaxaca”, donde documentan y denuncian las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en 2006 y 2007 durante el conflicto sociopolítico en la entidad.
El documento que fue entregado también de manera formal a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Oaxaca el pasado 29 de febrero precisa que se impusieron intereses políticos para cometer violaciones graves a los derechos humanos.
“A partir del 14 de junio de 2006, tras la instrumentación de un operativo por parte del Gobierno estatal con el objetivo de desalojar el zócalo, el movimiento magisterial contó con el apoyo de más personas inconformes y organizaciones que conformarían a la postre el movimiento social. El objetivo común fue la destitución de Ulises Ruíz Ortiz como gobernador. Se demandó se le sometiera a juicio político y se decretara la desaparición de poderes. El movimiento se dio a la tarea de incrementar las acciones colectivas, entre ellas, la toma de instituciones, el bloqueo de carreteras, la instalación de barricadas, los paros sindicales y las manifestaciones. Ante dicha estrategia del movimiento social, el Gobierno estatal recurrió a todos los medios legales e ilegales, decantándose en mayor medida por los segundos para tratar de contener la inconformidad generalizada”, dice el resumen ejecutivo de la CVO.
La comisión registró que las autoridades organizaron diversos operativos, primero entre la coordinación de instituciones de seguridad en el estado de Oaxaca y después con la coordinación entre instituciones estatales y federales.
“Los operativos fueron los siguientes: Operativo 14 de junio, Plan General de Operaciones Antibloqueo (20 de julio a 20 de agosto de 2006), Limpieza de Vialidades (21 y 22 de agosto de 2006), Plan Hierro (1 al 27 de octubre de 2006), Plan Rector de Operaciones “Juárez” (28 de octubre de 2006 al 24 de enero de 2007) y Guelaguetza (1 de julio al 1 de agosto de 2007). Los operativos fueron una respuesta del Estado frente al descontento ciudadano, pero estos, más que aminorar la inconformidad, hicieron que el conflicto escalara y se profundizaran sus consecuencias”.
El Estado violó sistemáticamente derechos humanos que la CVO documentó, entre ellos se encuentra la violación del principio de presunción de inocencia, al debido proceso y garantías judiciales; detenciones arbitrarias, tratos crueles inhumanos y degradantes; así como incurrir en desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales, consideradas como violaciones graves de derechos humanos. La Comisión agrega que la tortura fue “sistemática y generalizada” y durante el conflicto hubo una frecuencia “casi diaria” de detenciones en las cuales se practicó la tortura. Por lo tanto, puede presumirse de la existencia de crímenes de lesa humanidad.
El aparato estatal también implementó técnicas de “contrainformación como lo fueron el portal electrónico www.oaxacaenpaz.com y la denominada Radio Ciudadana, a través de los cuales se instrumentaron estrategias de persecución, hostigamiento y estigmatización en contra de periodistas independientes y dirigentes del movimiento social. Al respecto, la CVO pudo establecer, a través de testimonios, la relación directa entre el gobernador Ulises Ruiz Ortiz, así como el secretario de Obras Públicas, Eviel Pérez Magaña, y el secretario de Finanzas, Miguel Ángel Ortega Habib, con la creación y operación ilegal de la llamada Radio Ciudadana, en la cual podrían haberse usado recursos públicos”.
La CVO logró documentar que por lo menos 33 periodistas, comunicadores o integrantes de medios de comunicación fueron agredidos físicamente. Asimismo, fueron ejecutados “entre octubre y diciembre del año 2006, Bradley Roland Will y Raúl Marcial Pérez. En 2007 fueron ejecutados tres voceadores de un diario local en el Istmo de Tehuantepec. Un número indeterminado de comunicadores de medios alternativos fueron agredidos, amenazados o coartados en su libertad de expresión e información”.