Se mantiene un ambiente de desconfianza en la península de Yucatán pues la siembra de soya transgénica continúa y el Estado mexicano no ha podido evitar que se violen los derechos de las comunidades indígenas.
Regeneración, 27 de mayo de 2017.- La siembra de soya transgénica no se ha frenado en el estado de Campeche, denunciaron investigadores y organizaciones de la sociedad civil.
Luego de la Misión de Observación (MO) conformada por 27 organizaciones e investigadores, acusaron que el gobierno mexicano incumple los mandatos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la suspensión de los permisos de siembra y compra-venta de soya transgénica distribuida por Monsanto.
En rueda de prensa, la doctora Margarita Rosales, antropóloga e integrante de la MO recalcó que se mantiene un ambiente de desconfianza en la península de Yucatán pues la siembra continua y el Estado mexicano no ha podido evitar que se violen los derechos de las comunidades indígenas.
El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), es la institución encargada de velar que se acate el fallo de la Corte, sin embargo, ofrece información imprecisa y llena de tecnicismos sin traducción a lengua maya.
En su último reporte, Senasica reveló que, de 55 muestras colectadas en 2016, en 16 se confirmó la presencia de organismos genéticamente modificados, 10 de ellas en predios ubicados en 305 hectáreas del municipio de Hopelchén: 4 en la comunidad El Temporal en 30 hectáreas; 1 en Santa Rosa, con 20 hectáreas; 4 en 220 hectáreas de Santa Fe y el resto en otros municipios de Campeche.
Por ello, ante el panorama de violaciones a los derechos de las comunidades, la Misión enlista las siguientes recomendaciones:
• Que las autoridades cumplan cabalmente con la sentencia de la SCJN.
• Que las autoridades garanticen como lo han exigido reiteradamente las comunidades mayas consultadas, la no siembra de soya transgénica como se demanda en la sentencia (SCJN499/15) y que Senasica informe de manera clara y constante sobre el monitoreo y sanciones a los infractores.
• Que informen de forma clara y completa, en lengua maya y de manera culturalmente adecuada a las comunidades consultadas.
• Que a fin de no poner en riesgo el proceso de la consulta, todas las autoridades participantes responsables e involucradas en el tema, cumplan con los acuerdos tomados en las diferentes sesiones de consulta.
Por su parte, Patricia Guarneros, dijo que “de manera general recomendamos que las autoridades estén abiertas al diálogo y la negociación para lograr un plan de trabajo consensuado en la próxima sesión de manera que pueda avanzar a la siguiente fase de consulta”.
Con información de: Sin Embargo