• El gobierno de Moreno Valle criminaliza la protesta social con detenciones arbitrarias y delitos fabricados
• En el último año, detuvo a tres jóvenes y tres ambientalistas
Regeneración. Mayo 6, 2014 México, DF.- La política sistemática de violación a los derechos humanos, que lleva a cabo el gobierno del estado de Puebla, encabezado por Rafael Moreno Vallé, sólo busca inhibir y disuadir la libertad de expresión, manifestación y asociación, argumentó el abogado René Sánchez Galindo, integrante de la asociación civil Colectivas, en una conferencia de prensa, el día de ayer, en la Ciudad de México.
Acompañado también por el abogado defensor de Derechos Humanos, Jesús Robles Maloof y Néstor López Espinoza, uno de los tres jóvenes detenidos por el hecho de dar click en la opción “asistir” a una invitación de Facebook que convocaba a una manifestación pacífica denominada “#Op5deMayo”, la asociación civil Colectivas denunció que a un año de su arresto, los jóvenes Eduardo Salazar Velázquez, Iván Guisasola y Néstor López Espinoza siguen sujetos a proceso judicial sin que hasta ahora se les haya podido comprobar el supuesto intento de sabotaje al desfile del 5 de Mayo de 2013 del cuál fueron acusados “Primero se les investigó por conspiración y motín, después se les acusó por delitos que no son graves: resistencia a particulares, cohecho y portación de instrumento prohibido” explicaron los abogados y por ello es que los jóvenes exigen retiro de cargos y la devolución de las pertenencias que les quitaron durante su arresto y todavía no les devuelven, dijeron ambos defensores de Derechos Humanos.
Sánchez Galindo comentó que los tres muchachos tienen que acudir cada semana a firmar al juzgado para acreditar su libertad bajo caución y dijo que lo mismo sucede con la situación de los tres jóvenes ambientalistas Enedina Rosas, Juan Carlos Flores y Abraham Cordero Calderón, detenidos y presos por oponerse a los proyectos de muerte junto con sus pueblos, por ejercer su derecho a la libertad de expresión y manifestar públicamente estar en contra de la construcción del gasoducto Morelos y del Plan Integral Morelos, uno de los tantos megaproyectos de los que se ha documentado y comprobado que con su implementación, causan daños irreversibles a la biodiversidad, al medio ambiente y a la salud humana.
Sobre la Ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, Néstor López comentó que en el caso de su detención arbitraria, no fue necesaria la #LeyTelecom por lo que hizo una llamado a reflexionar y seguir manifestando inconformidad respecto a dicha ley.
Por su parte, Sánchez Galindo aseguró que la reforma de telecomunicaciones debería establecer un catálogo para proteger los derechos humanos de los usuarios de celulares y de internet, así como televidentes y radioescuchas, explicó que en el caso de Néstor, Eduardo e Iván, una televisora utilizó imágenes del Ministerio Público para criminalizar a los jóvenes, “Lo que buscan es todo lo contrario, regularlos, vigilarlos y criminalizarlos, en vez de establecer leyes que nos protejan, vivimos en un mundo al revés”, concluyó.