En medio de escándalos por los crímenes de las fuerzas de seguridad, con la captura del narcotraficante Héctor Beltrán Leyva el gobierno quiere aparentar que es un “éxito la estrategia contra los barones de la droga”.
Regeneración, 2 de octubre del 2014.-El Ejército Mexicano está en el punto de mira por las denuncias de una ejecución sumaria de 21 presuntos criminales en Tlatlaya. Ahora en medio del escándalo las fuerzas armadas detuvieron el miércoles a Beltrán Leyva sin necesidad de disparar un tiro. Dicha acción fue inmediatamente aplaudido por Enrique Peña Nieto.
“El Ejército necesita en este momento mostrar éxitos por cosas positivas y esta detención es una de ellas. Necesitan mostrar que no sólo hay violaciones a los derechos humanos sino que hay acciones muy efectivas”, dijo a la AFP Raúl Benítez Manaut, experto en seguridad de la pública Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Beltrán Leyva, alias ‘El H’, era el último de un clan de cuatro hermanos narcotraficantes que seguía en libertad, y su captura recibió este jueves la felicitación de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA), que ofrecía cinco millones de dólares por él.
‘El H’ había heredado el control del cártel de los Beltrán Leyva tras la muerte en 2009 de su hermano Arturo, alias ‘El Jefe de Jefes’, en un contundente operativo de la Marina Armada en el que hubo otros cinco muertos.
Conmemoración de masacre estudiantil
Peña Nieto ha presumido en foros internacionales “el respeto a los derechos humanos” pero en las últimas semanas dos posibles casos de brutales abusos han puesto en duda el compromiso de las fuerzas de seguridad.
El primero ha sido la investigación de la muerte de 22 presuntos delincuentes a manos de soldados el 30 de junio en el municipio de Tlatlaya (centro).
El Ejército informó en un primer momento que las muertes se produjeron en un enfrentamiento, pero una supuesta testigo denunció en septiembre que en el tiroteo sólo murió un presunto delincuente y que los otros 21 en realidad fueron ejecutados por soldados después de rendirse.
Tras esta revelación, ocho militares involucrados en el caso fueron detenidos por la justicia militar y tres serán acusados de homicidio por la fiscalía general.
De confirmarse las acusaciones, se trataría de la peor masacre cometida por las fuerzas armadas como mínimo desde que asumió Peña Nieto en diciembre de 2012, alertó Human Rights Watch.
Las autoridades mexicanas también están bajo presión para dilucidar los hechos de violencia que ocurrieron el pasado fin de semana en Iguala (sur), donde seis personas murieron después de que policías municipales y pistoleros no identificados abrieron fuego contra un autobús con estudiantes y otros vehículos.
Familiares y autoridades, que arrestaron a 22 agentes, siguen buscando a 43 estudiantes desaparecidos tras esas balaceras, mientras un sobreviviente asegura que los vio atrapados en patrullas policiales.
En este clima de incertidumbre, México conmemora este jueves la emblemática masacre del 2 de octubre de 1968 perpetrada en la plaza capitalina de Tlatelolco, donde militares y paramilitares abrieron fuego contra una manifestación de unos 8.000 estudiantes cuando Gustavo Díaz Ordaz (PRI) ocupaba la presidencia (1964-1970), un crimen por el que aún se reclama justicia.
La marcha del año pasado derivó en disturbios saldados con al menos 51 lesionados y 97 detenidos.
Menos capos no implica menos violencia
Peña Nieto se anotó el gran triunfo de detener el pasado febrero a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo.
Sin embargo, la caída de los capos no implica necesariamente una reducción de la violencia, ya que pueden derivar en pugnas por su sucesión o en la fragmentación de sus organizaciones en pequeños grupos que tienen que buscar otros crímenes para financiarse.
Benítez Manaut señala que esta situación ha ocurrido con el cártel de los Beltrán Leyva en regiones del centro del país, como Morelos o el Estado de México, a medida que fueron siendo neutralizados los miembros del clan familiar.
Se crean “muchos pequeños grupos criminales independientes con gran poder de fuego que pasan a realizar secuestros y extorsiones. Están debilitados para el tráfico de drogas pero tienen armas y se van contra la población civil”, dijo el experto.
(AFP)