-
“No estamos contra el parcelamiento o el progreso, sino contra los efectos ambientales y en la salud contrarios a la población de Chocholá y de Yucatán”
-
Chocholá también ha sido dañada moralmente, pues ha sido engañada y ahora esta dividida
Regeneración, 14 de marzo de 2017.- El día de ayer, 13 de marzo, ejidatarios y habitantes de Chocholá, Yucatán, se manifestaron a la puerta del Palacio de Gobierno de Yucatán, pidieron la intervención del Gobernador Rolando Zapata, ante el despojo de sus tierras y los abusos cometidos por el delegado de la Procuraduría Agraria, el Lic. Omar Corzo Olán.
Los ejidatarios relataron que el pasado domingo se realizó una “asamblea ilegal”, debido a que se les impidió el paso, con la presencia de más de 25 policías, además de que se cambió el lugar donde se llevaría a cabo, sin previo aviso. El objetivo de la asamblea era remover a la comisaria ejidal de Chocholá, Claudia Cob Durán. Claudia Cob, una de las pocas comisarias ejidales mujeres en Yucatán, encabeza a un grupo de ejidatarios y pobladores de Chocholá que se oponen a la venta de tierras para que la empresa Próser continúe extrayendo material de construcción y establezca una cementera en Chocholá. La Constructora Proser, propiedad de la familia Abraham Mafud, está detrás del intento de despojo a los ejidatarios de Chocholá
Pobladores denunciaron que desde el 2004 se estableció en terrenos del ejido de Chocholá un banco para extraer material de construcción para la ampliación de la carretera Mérida a Campeche. El primer año la empresa pagó al ejido por cada volquete de material que sacaba. Pero en los siguientes años se firmó un convenio de usufructo y se pagaba por hectárea.
El último convenio firmado entre el ejido y la empresa es del 2010 al 2012, y se pagaron $40 mil pesos por hectárea explotada (6 hectáreas) donde cada ejidatario sólo cobró 162 pesos. Del 2013 a la fecha, la empresa ha seguido explotando el banco de material sin ningún convenio firmado por lo que los ejidatarios no han recibido pago por estos años.
Ahora el banco de material se extendió a 24 hectáreas, y es posible observar como la destrucción se ha acelerado en el último año. La comunidad está siendo dañada económicamente, porque la empresa obtendrá un aproximado de 960 millones de pesos cuando termine de explotar las 24 hectáreas. Mientras que el ejido sólo ha recibido 240 mil pesos.
Durante el 2015 y 2016 se han comprado, ilegalmente, al ejido 3,500 hectáreas, por las cuales se han pagado entre 17mil y 25mil por hectárea. Entonces, se calcula que el ejido recibió alrededor de 70 millones por esta supuesta venta.
Los pobladores explicaron que hay planes de construir en esas tierras una cementera o una calera, lo cual traería problemas para el medio ambiente y para la salud de la población de Chocholá.
La extracción del material provocará daños en cuevas y cenotes, y se contaminará el agua y se destruirá el monte.
Antes los hechos ocurridos en los últimos días, la comisaria ejidal señaló, “No es la primera vez que la empresa intenta enfrentar a unos ejidatarios con otros; nosotros somos vecinos y no queremos que en Chocholá haya divisiones y odio que se quedarán acá por muchos años”
Además, dijo, “necesitamos estar unidos para oponernos a la verdadera amenaza que hay sobre Chocholá, que es la calera ó cementera que se quiere instalar a las afueras del poblado. No estamos contra el parcelamiento o contra el progreso, sino contra los efectos ambientales y en la salud contrarios a la población de Chocholá y de Yucatán!” dijo la comisaria.
Con información de: Somos el medio, Reporteros Hoy y Colegio de Antropólogos de Yucatán, A.C.